La defensa de Pradas eleva una queja al CGPJ contra la jueza de la dana y pide sustituirla

El abogado de la exconsejera de Justicia, Salomé Pradas, investigada por posible homicidio por imprudencia en la gestión de la dana que causó más de doscientos muertos en la dana que azotó Valencia el pasado 28 de octubre, ha remitido una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "falta de imparcialidad" de la magistrada que está instruyendo la causa. El letrado Eduardo de Urbano ha elevado un escrito al órgano de control de los jueces españoles en el que pide abrir una investigación contra Nuria Ruiz Tobarra y "suspender" su participación en la instrucción, designando a un juez sustituto.

En el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, el abogado sostiene que existen "irregularidades" que denotan "falta de imparcialidad" que, según señala, "vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento". Entre ella, apunta a "la existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente, la predeterminación del objeto de la instrucción, la denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes, la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", en referencia a una posible influencia en la investigación del marido de la magistrada, el titular del juzgado número 4 de Valencia, Jorge Martínez.

Tal como avanzó El Confidencial el pasado 6 de mayo, las defensas de los investigados, Pradas y el execretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, llevaban varios días estudiando la posibilidad de actuar contra la magistrada, que mantiene en sus autos una posición contundente sobre la existencia de negligencias en la gestión de la dana por parte de la Generalitat. Finalmente, ha sido Pradas, no Argüeso, la que ha presentado el escrito. La defensa de la exconsellera asegura que la conducción de la instrucción no está siendo correcta. "La instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial".

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Fuentes judiciales consultadas ven poco recorrido a la queja ante el CGPJ, básicamente porque alude a cuestiones jurisdiccionales y de procedimiento, "donde el CGPJ tiene vetado entrar". Los autos de la magistrada están pendientes de resolución de recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia, que es la que va a perfilar por dónde va a ir la investigación. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece su artículo 12 la autonomía en labor de instrucción de los magistrados. "Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional", señala la norma.

El letrado de Pradas sostiene que en las resoluciones de la magistrada hay afirmaciones "más propias de un auto de conclusión de sumario e, incluso, de una sentencia condenatoria". "Así, al contrario de lo que es propio de esta fase inicial del procedimiento, la Sra. Instructora realiza, una y otra vez, afirmaciones que atribuyen con toda seguridad los delitos que se investigan a la Sra. Pradas y el Sr. Argüeso, antes incluso de escucharlos en sus respectivas declaraciones".

De Urbano se refiere a las afirmaciones más contundentes de la jueza, como su afirmación de que el aviso a las 20:11 horas del ES-Alert, "fue tardío y erróneo". Y cita otros ejemplos como la frase en la que Nuria Ruiz señala que "la toma de decisiones por la administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor". O la siguiente: "Resulta evidente la posición de garante, el conocimiento de la situación, y la manifiesta pasividad en que se incurrió por parte de los referidos investigados en la alerta a la población".

Sobre la posible influencia del marido de Nuria Ruiz en la instrucción, que tanto la Fiscalía Provincia de Valencia como fuentes cercanas al TSJ valenciano niega, De Urbano ha usado para incorporarlas a la queja al CGPJ informaciones publicadas por Ok Diario y Las Provincias. "Han publicado en los últimos días noticias señalando al marido de la jueza instructora titular del Juzgado de Catarroja como participante activo en la instrucción que realmente le corresponde dirigir a su mujer. Afirman ambas noticias que absolutamente todas las fuentes judiciales consultadas coinciden en señalar la figura de su marido, Jorge Martínez, también magistrado, en este particular retiro. Como si no se pudiera entender el papel de una sin el otro, en una relación particular en todos los ámbitos".