Huelga general en la Comunidad Valenciana por la gestión de la DANA: fecha y quién la organiza

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Desde el 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana arrastra una crisis social, política y humanitaria abierta por los efectos devastadores de la dana que golpeó la región con especial virulencia. Aquel episodio de lluvias torrenciales dejó más de 200 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados, y desde entonces crecen las críticas contra la actuación de las instituciones, especialmente las autonómicas debido a sus competencias directas y a una gestión que muchos perciben como negligente o incluso delictiva. El manifiesto unitario de los convocantes de la huelga acusa directamente al president de la Generalitat: "Carlos Mazón [...] dice que él no tiene nada que ver con las muertes, que la responsabilidad no era suya. El pueblo valenciano sí tiene claro quién es el máximo responsable".

La huelga general ha sido convocada para el 29 de mayo, exactamente medio año después de la catástrofe, y se dirige a toda la Comunidad Valenciana. Están detrás de ella Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS, que llaman a toda la sociedad civil a secundarla, incluidos movimientos vecinales, comités de emergencia, asociaciones de víctimas y plataformas por la vivienda. Aunque los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT no forman parte por el momento de la convocatoria, las organizaciones convocantes mantienen la mano tendida para que se sumen a la huelga.

Exigen justicia para las víctimas y dimisiones políticas

Uno de los ejes de la convocatoria es la exigencia de responsabilidades penales por las muertes laborales ocurridas durante la dana. Los sindicatos denuncian que parte del empresariado obligó a trabajar a sus plantillas bajo alertas meteorológicas extremas, y que "ha habido víctimas in itinere [en el trayecto] que no han sido reconocidas por la Generalitat". También reclaman que se reconozca la incapacidad permanente a los trabajadores que perdieron familiares y que los afectados por ERTE cobren el 100% del salario.

Paralelamente denuncian que los precios de "los alquileres se han multiplicado por cuatro en diez años" en algunos sitios, y que fondos de inversión están comprando viviendas incluso en zonas arrasadas. Exigen una alternativa habitacional inmediata para las familias desplazadas por la inundación y un control real del precio del alquiler en todo el territorio.

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Además de las reivindicaciones urgentes derivadas de la emergencia climática, la huelga también plantea un cambio de modelo económico y social, con medidas estructurales como la jornada laboral de 32 horas semanales, la reversión de privatizaciones, la mejora del sistema público y la creación de un parque de vivienda pública en alquiler. Los sindicatos advierten que los recortes en servicios básicos están debilitando la capacidad del territorio para afrontar nuevas crisis.

El manifiesto subraya que, tras la catástrofe, el Consell ha priorizado intereses ajenos a la ciudadanía. "Se está repartiendo dinero entre empresas condenadas por corrupción, dinero que debería ir destinado a las poblaciones y personas afectadas", afirman. También se acusa al actual gobierno autonómico de actuar desde el "negacionismo del cambio climático", ignorando los datos científicos que alertaban de la gravedad de la dana.

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En este contexto, la figura de Carlos Mazón se convierte en el blanco principal de la protesta. Los convocantes sostienen que el president "ya no sabe qué hacer para aferrarse a la poltrona" y exigen su dimisión junto con la de todo su equipo. La protesta no solo cuestiona su gestión del 29 de octubre, sino también diversas decisiones presupuestarias y políticas, especialmente en materia de sanidad, servicios sociales y educación.

Los sindicatos firmantes consideran la huelga del 29 de mayo como una respuesta colectiva a una gestión que califican de "criminalmente negligente". El texto concluye con un llamamiento explícito: "Debemos ir todas a una [...], y sobre todo, no dejar nunca solas a las víctimas de la dana". La jornada de protesta se perfila como uno de los mayores desafíos sociales para el actual ejecutivo autonómico.