El Gobierno reserva 7 campos de fútbol de suelo junto al Puerto de Valencia para la Ciudad de la Construcción

El Gobierno cuenta con una reserva de casi 70.000 metros cuadrados de terrenos para la Ciudad de la Industrialización de la Construcción anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro del Perte dedicado a la vivienda. La empresa estatal encargada de desarrollar el proyecto, Sepes, es propietaria de dos parcelas de 37.134 metros cuadrados y 31.843 metros, respectivamente, en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, donde se pretende ubicar este clúster de empresas del sector de la construcción industrializada.

El Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, que este viernes visita Valencia para firmar un acuerdo con municipios afectados por la dana, pretende abrir un proceso de recepción de iniciativas empresariales ligadas a este segmento industrial que puedan beneficiarse del suelo o de financiación pública. El espacio, según fuentes gubernamentales, servirá también para promover formación especializada y "mostrar los proyectos más innovadores del sector", y promoverá el intercambio de información sobre nuevos sistemas y productos constructivos.

El Gobierno ha lanzado la iniciativa de Valencia tras meses de conversaciones con empresas del sector, para testar su interés y la evolución del mercado. El objetivo es lograr la concurrencia suficiente para sacar a concurso los terrenos y dotar de contenido el proyecto. Una vez tenga definidos los pliegos, el Gobierno deberá lanzar una licitación, donde Sepes cederá el suelo a quienes presenten el mejor proyecto. Estos plazos hacen que, en ningún caso, parezca previsible que pueda arrancar la construcción de la futura ciudad antes de 2026, momento a partir del cual empezará a contar otro periodo de dos años, que es el tiempo necesario para tener construida la fábrica.

El sector está pendiente de que se aterrice el detalle de la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción, de que se le ponga "cara y ojos", para poder empezar a hacer números. Hay una voluntad muy fuerte por todas las partes, tanto pública como privada, porque este proyecto salga, y salga bien, pero también existe el riesgo de que termine estando tan fragmentado que se pierda la oportunidad de hacer un proyecto con capacidad de crecer.

Actualmente, los ministerios de Economía y Vivienda están en fase de intercambio de borradores y llevan meses manteniendo reuniones con numerosas empresas que han mostrado su interés por participar. Entre ellas, figuran gigantes como Ávita, la filial de construcción industrializada de Avintia, que cuenta con un proyecto completo donde hay unidades de diseño, formación, digitalización y fábricas de todo tipo.

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R. Ugalde

Esta empresa tiene una planta en Aranda de Duero (Burgos), con capacidad para producir 3.000 viviendas al año, y entre sus credenciales está haber levantado 1.763 pisos del plan de alquiler asequible de la Comunidad de Madrid (VIVE) y tener en cartera otras 3.200, tanto para el VIVE como para otros proyecto. La construcción industrializada es muy incipiente en nuestro país, aunque en otras geografías tiene décadas de historia.

Su principal ventaja es que ahorra tiempo, ya que en términos de coste es similar a la construcción tradicional. Esos menores plazos, cuando se promueven miles de viviendas, se convierten en importantes ahorros, de ahí la importancia de dar escalabilidad a estas empresas. El sector privado todavía no lo demanda tanto, porque ya adapta sus ritmos de producción a los de absorción, lo que hace que la ventaja de la celeridad sea menos importante. Para conseguir ese volumen, es necesario que las diferentes administraciones lancen planes de vivienda asequible, que garanticen la demanda de lo que se produzca en fábrica.

El plan del Gobierno llega en un momento en el que la Generalitat, gobernada por el popular Carlos Mazón, está licitando los primeros proyectos de vivienda a precios protegidos en terrenos municipales, su propio plan VIVE. El plan pretende poner en el mercado 10.000 pisos, aunque, por ahora, están en licitación 1.600 repartidas en varios municipios valencianos.

El plan del Gobierno llega en un momento en el que la Generalitat está licitando los primeros proyectos de vivienda a precios protegidos en terrenos municipales

El Gobierno también presume de haber multiplicado por ocho el presupuesto de vivienda en siete años, con avales para la compra y bonos alquiler para jóvenes; ha impulsado la colaboración público-privada con 4.000 millones de euros en créditos ICO para la construcción de vivienda en alquiler asequible y ha transferido más de 3.300 viviendas y cerca de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda (Sepes). Uno de estos proyectos son las 438 viviendas del llamado PAI del Cuartel de Ingenieros de Valencia, cuya urbanización ya está en marcha y que no tardará en entrar en fase de construcción.

Al tratarse de una iniciativa impulsada desde el Gobierno y el ministerio controlado por el PSOE fue acogida con frialdad por la alcaldesa de Valencia, la también popular María José Catalá. La primera edil se quejó de que Sepes no informó de sus planes en la reunión del consejo de administración de la entidad que gestiona la ZAL, en la que participa, y advirtió de posibles "problemas jurídicos" por la implantación de un proyecto industrial en terrenos que fueron expropiados en su día para dar servicios logísticos a operadores del Puerto de Valencia. No obstante, en ambos casos se trata de actividades urbanísticamente terciarias. "Toda inversión es positiva, pero necesitamos mayor nivel de concreción. Nos preocupa jurídicamente el proyecto y si es viable o no", dijo la alcaldesa.

La ZAL es una iniciativa que acumula un largo historial de litigios judiciales. Este parque empresarial está parcialmente ocupado en las siete parcelas que son propiedad de V.P.I. Logística, empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El suelo expropiado a vecinos del barrio de La Punta, lo que implicó la ocupación de terrenos de huerta, el derribo de sus viviendas y un desplazamiento forzado a una promoción de casas de nueva construcción que tuvieron que pagar parcialmente. Esto dio origen a una larga batalla judicial de más de dos décadas que saldó en marzo del año pasado con un fallo del Supremo que avaló la planificación por la "situación fáctica" que se había consolidado con el tiempo, aunque admitiendo errores en la tramitación detectados en sentencias anteriores.