La jueza de la dana estrecha el cerco contra Pradas: "Pareciera que permanecían en una burbuja"

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Generalitat en la jornada del 29 de octubre de 2024, cuando los torrentes de agua provocados por una dana acabaron con la vida de más de doscientas personas en la provincia de Valencia, estrecha el cerco sobre la exconsellera responsable del mando de la emergencia, Salomé Pradas, y su número dos, el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. La magistrada ha dictado un nuevo auto en el que rechaza citar como investigada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, e insiste en resaltar la "pasividad" de la Administración autonómica, de la que recuerda que tenía la competencia de la protección civil, y ha ordenado nuevas diligencias para apuntalar la investigación de los flujos de comunicación y si la Generalitat fue vigilante en la trágica jornada.

La novedad del escrito de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra es que, tras haber escuchado a los dos investigados y a la propia Bernabé, entre otros testigos, y haber recibido informes de los distintos organismos que formaban parte del Cecopi (el 112 autonómico, la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Aemet), no solamente incide en la tesis de la posible imprudencia de los responsables autonómicos, sino que interpreta los argumentos expuestos por los investigados para tratar de exculparse como indicios de la demora en la toma de decisiones y la "gravísima inactividad" de la Administración autonómica valenciana, "de resultado mortal".

La magistrada incluso ve en el listado de llamadas y chats aportados por las defensas de Pradas y Argüeso señales de "una evidente pasividad ante una situación gravísima". "En el momento en que se lanzó la alerta, a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población", relata Ruiz Tobarra.

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La jueza ironiza fuertemente sobre la ausencia de determinación de los responsables del mando único de la emergencia en el auto fechado este 22 de abril, muy contundente. "Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación. Se afirma que no había pantallas en la sala del Cecopi. Un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos", escribe la titular del juzgado de Catarroja.

La jueza cita como testigos a los técnicos del 112 y pregunta a la Generalitat si envió agentes al Poyo

Y añade: "Una sala de reuniones del Cecopi en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala".

"Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: 'los barrancos están a punto de colapsar', escribió en un mensaje el investigado Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas", reflexiona la magistrada, contraponiendo el relato de los investigados de una supuesta ausencia de información suficiente con el contenido de los mensajes de chats de WhatsApp con otros altos cargos de la Generalitat el día de la dana que Argüeso ha entregado a la instructora.

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La jueza quiere comprobar si ese supuesto embudo en la fluidez de la información hacia el Cecopi, especialmente de los organismos técnicos autonómicos encargados de recoger la información que alegan los investigados, se sostiene por el personal subordinado de la Agencia Valenciana de Emergencias y el 112 autonómico. Nuria Ruiz ha citado como testigos a siete funcionarios y jefes de servicio encargados de supervisar las comunicaciones y la distribución de recursos de protección civil. También ha citado a responsables de la empresa Ilunion, concesionaria de la plataforma operativa y tecnológica del 112, que recogió miles de llamadas de auxilio el día de la trágica riada. Su testimonio puede ser clave para conocer si la información llegó como tenía que llegar a los responsables autonómicos en el Cecopi.

Agentes autonómicos en el Poyo

En la misma providencia, pregunta al director general de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente si los agentes medioambientales que puso a disposición para vigilar el barranco del Poyo, el más mortal aquel día, fueron utilizados y en qué momento cesó su labor. El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, responsable de dirigir el operativo de recursos el día de la emergencia, no ha declarado todavía en sede judicial, pero ha admitido en una comisión de la Diputación de Valencia que ordenó por razones "técnicas" la retirada de bomberos forestales que ejercían vigilancia sobre la rambla del Poyo. El mismo Argüeso admitió en su declaración como investigados que el "principal error" de la gestión de la dana fue retirar a esos bomberos, si bien descargó sobre Basset esa decisión, de la que dijo que no informó. "En el CECOPI se lo calló hasta el final". Argüeso también declaró que el subdirector de Emergencia, Jorge Suárez, responsable del grupo de seguimiento, tampoco informo de los correos de la CHJ sobre la crecida del Poyo,"no por mala fe, sino porque a lo mejor ni lo leyó". "A nadie del Cecopi les llego el correo, es posible que no se abriese", manifestó.

Argüeso admitió a la jueza que "es posible que no se abriese" el correo de la CHJ con la crecida del Poyo

El último auto conocido este martes responde a la petición de la acusación popular representada por la asociación Liberum de extender la responsabilidad de la ausencia de protección de la población en aquella fatídica jornada a la Administración central, razón por la que reclamaba citar como investigada a la delegada del Gobierno, que ya declaró como testigo. La misma asociación incluía en esa supuesta responsabilidad compartida con la Generalitat al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, la jueza, como ha hecho en autos anteriores, vuelve a escribir que la atribución de la condición de investigado "solo se puede sustentar en la existencia de un nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos".

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Y reitera que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil (art. 49. 3. 14a). "A la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil. Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil, a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central. La única vía sería la declaración de la emergencia nacional", dice. Y añade: "Una declaración de emergencia nacional que no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección".

"Ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados, como la Consellera y Secretario Autonómico, la declaración de emergencia nacional. Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni en los días posteriores. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el art. 12. 4 de la Ley valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al president de la Generalitat valenciana (Carlos Mazón)".

Según la jueza, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional que solicita Liberum, "no sería sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, administración que fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población", abunda.