La Cámara de Comercio de Valencia se sube al 'lobby' nuclear y reclama alargar la vida de Cofrentes

En el último año, diversos actores institucionales, empresariales y sociales se han manifestado en contra del cierre previsto en noviembre 2030 de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), destacando su relevancia en la producción de energía eléctrica, el impacto de su cierre sobre el mix energético y el empleo que genera su actividad en la economía similar. El final de la explotación de la planta, gestionada por Iberdrola, está marcada desde marzo de 2021 por orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que extendió en aquellas fechas la autorización de funcionamiento de la central nuclear hasta dentro de cinco años y medio, seis años más tarde de la vida útil oficial de 40 años que cumplió en diciembre de 2023.

La extensión del funcionamiento está incluida en el calendario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 2019, junto a otras nucleares como la de Almaraz en Extremadura, cuyo cierre está programado para 2027. El negocio de estas centrales ha sido cuestionado por las propias energéticas que las explotan, porque su precio de entrada en el mercado no cubre los costes de producción en muchos picos del año, como consecuencia de la proliferación de instalaciones renovables y el impacto en sus cuentas de explotación de la fiscalidad que la Administración impone por la gestión de los residuos, el elemento más controvertido de una energía que no emite gases de efecto invernadero, pero que tiene como principal externalidad negativa la radioactividad del uranio que se emplea como combustible y su desecho.

El cierre de Almaraz en dos años ha generado una reacción contraria de la Junta de Extremadura, que preside la popular María Guardiola y de algunos sectores económicos extremeños, por el impacto que el final de su actividad tendrá en el empleo de la región. Pero en paralelo, coincidiendo con el cambio político de mayo de 2023 en la Generalitat, también el popular Carlos Mazón se ha manifestado en contra del cierre de Cofrentes, empujado por sectores empresariales locales vinculados al sector de la energía nuclear y el análisis que hace una parte de la patronal de que el final de la central reducirá la generación de la oferta de electricidad y terminará por repercutir en los costes energéticos para las empresas.

A esa labor de lobby en favor de la continuidad de Cofrentes se ha subido la Cámara de Comercio de Valencia, que esta semana ha presentado un informe en el que advierte de las consecuencias para el tejido productivo autonómico del final de una instalación que produce por encima del 40% de la energía eléctrica que se consume en la Comunidad Valenciana. La dependencia real no es tan directa, porque España tiene un sistema eléctrico mallado donde la distribución no es un sistema con compartimentos estancos regionales. Y la autonomía tiene también como asignatura pendiente acelerar la tramitación de instalaciones renovables para equilibrar mejor su mix, uno de los más atrasados de España en producción de fotovoltaica. A la vez que reclama al Gobierno una prórroga para Cofrentes y una revisión del PNIEC, la Generalitat tiene pendiente desatascar autorizaciones administrativas para un volumen de generación renovable que triplica la potencia instalada de 1.092 megavatios de Cofrentes.

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En ese contexto de lenta transición energética, la Cámara que preside José Vicente Morata, que presentó el informe junto con su coordinador, Amadeo Aznar, y el CEO de Gdes, Héctor Dominguis, con intereses en el sector, reivindicó esta semana que la nuclear sea considerada "como una fuente limpia y sostenible que contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la competitividad del tejido industrial valenciano". Según el informe, el cierre de Cofrentes implicaría "un serio riesgo para la operatividad", de más de 12.000 empresas industriales "altamente dependientes del suministro eléctrico", que generan 184.000 empleos directos y condicionan otros 235.000 empleos indirectos.

"Sectores como la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico serían los más afectados, al asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior", da por hecho el estudio, en el que no hay referencias a cómo compensaría el cierre la culminación administrativa del despliegue de todos los proyectos de instalaciones eólicas o fotovoltaicas que están por resolver en las mesas de los funcionarios públicos.

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Por contra, la institución cameral alerta de que sin nuclear, "el modelo industrial valenciano correría un grave peligro de colapso", no solo por la importancia que tiene la industria manufacturera, sino también por el efecto arrastre que "el cierre de estas empresas provocaría en otras actividades económicas". Además, añade que sin una "fuente de generación estable como la nuclear, la inversión extranjera podría verse comprometida ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre del suministro".

"El cierre supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética", añade, si bien apuesta por una reducción significativa de la fiscalidad de la central, ligada a la gestión de los residuos, en línea con las reivindicaciones de patronales del sector como Foro Nuclear. Cofrentes paró su actividad precisamente el mismo día en que la Cámara presentaba esta semana su informe, que tiene entre sus fuentes a PwC, que también ha elaborado informes para Foro Nuclear sobre el mismo asunto. La razón de la parada es la escasa rentabilidad de la producción por los bajos precios de entrada en el mercado de la energía renovable. Las eléctricas que gestionan nucleares sostienen que la carga tributaria es un elemento que penaliza su competitividad.

Cámara Valencia propone revisar la fiscalidad de Cofrentes para "equipararla a las centrales de otros países europeos", y simplificar trámites burocráticos relacionados con el Pacto Verde Europeo. Además, insta a aumentar las inversiones en innovación y acelerar el despliegue de energías renovables, en coexistencia con la energía nuclear. La entidad de derecho público recuerda que garantizar una energía estable y asumible es "condición indispensable para avanzar en la electrificación, sostener el crecimiento económico y hacer frente a fenómenos extremos como sequías y olas de calor".