La declaración de Bernabé sobre el barranco del Poyo da aire a la defensa de la Generalitat en la dana

¿Empleó la exconsejera de Justicia, Salomé Pradas, todos los medios posibles a partir de la información de la que disponía el día de la trágica dana del 29 de octubre en Valencia para evitar sus mortales consecuencias? Esa es la gran pregunta que sobrevuela la causa por homicidios por imprudencia grave que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La respuesta marcará las posibles responsabilidades penales cuando finalice la fase de instrucción y se concluya la existencia o no de indicios suficientes como para mandar al banquillo a la antigua subordinada del presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón.

En esa disquisición, tanto la defensa de Pradas como el Partido Popular en bloque se han agarrado fuerte a la revelación efectuada durante su declaración como testigo por la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no llegó a verbalizar la enorme crecida del barrando del Poyo en sus conexiones telemáticas con el Cecopi, el órgano de gestión interdepartamental de la emergencia, el día de la dana. La ausencia de información suficiente es el eje de la estrategia de defensa. Los que atacan a Pradas, en cambio, se agarran a los avisos hidrológicos del Poyo de la CHJ desde las 12:20 horas, a las llamadas de auxilio al 112 autonómico y su trazabilidad, a los datos automáticos del sistema SAIH con la evolución de caudales y a las obligaciones de vigilancia que marca el plan de inundaciones de la Generalitat. Sobre esos elementos y futuras diligencias tendrá que tomar decisiones la magistrada.

Los fallecimientos del día de la dana se produjeron desde la mañana en distintos puntos de Valencia. La propia Bernabé destacó en su testifical una primera desaparición en L'Alcudia, en la Ribera Alta, y el desbordamiento del Magro en Utiel, que provocó cinco fallecimientos. Pero el torrente de agua más mortífero fue la barrancada del Poyo, que arrasó gran parte de la comarca de L'Horta Sud y elevó por encima de las doscientas las víctimas mortales de la gota fría, sin que el Cecopi valorase su trascendencia. La jueza que dirige la investigación sostiene que la Generalitat envió tarde y mal el mensaje ES-Alert que pudo poner en alerta a la población. Tanto la Administración valenciana como Pradas alegan que no contaban con información suficiente y casi desde el primer día apuntan a la CHJ y a que el correo electrónico advirtiendo de la crecida no llegó hasta las 18:43 horas. El ES-Alert no llegó a los móviles hasta las 20:11 horas, hora y media después. Para entonces L'Horta Sud ya estaba inundada y se contaban por decenas los muertos.

Bernabé reconoce que el Cecopi puso mucha atención en la presa de Forata, en la cuenca del Magro, que es distinta a la del Poyo, por temor a una posible rotura. Fue por ese riesgo por lo que se barajó una evacuación de población en la Ribera y se comenzó a debatir el envío del ES-Alert. Bernabé explicó ante la jueza que ella no tuvo información del Poyo hasta que a las 19:05 habló con la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, y le comunicó el desbordamiento en su localidad. "Durante todo el tiempo que estuvimos conectados, se habló de Forata. Fue una situación muy compleja y de mucha tensión. Todo lo que recuerdo es centrado en Forata", señaló ayer, dando a entender que el presidente de la CHJ no le comunicó tampoco la gravedad en el Poyo que los sensores habían detectado a partir de las seis de la tarde, cuando Pradas y su equipo autonómico desconectaron la reunión telemática y dejaron la pantalla en negro. "Ahí fue cuando pararon y dijeron: vamos a parar y pensar qué hacemos. A la vuelta es cuando nos dicen que vamos a hablar de ES-Alert", dijo Bernabé.

"Lo llevan negando seis meses", llegó a decir Mazón ayer tras conocer a través de los medios la declaración de Bernabé. "Hoy la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha reconocido ante la juez lo que el PP lleva denunciando desde el principio, que la CHJ no informó a tiempo. Es despreciable utilizar una tragedia para sacar rédito político, pero lamentablemente eso también es marca PSOE", añadió Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Los populares salieron en tromba para tratar de exonerar a los gestores autonómicos de los fallos en la respuesta a la emergencia.

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Sin embargo, habrá que ver si el elemento de la ausencia de advertencia verbal termina por ser trascendente para el criterio de la jueza. La CHJ ha remitido un informe en el que explica que los datos de la evolución de caudales estuvieron disponibles en tiempo real para Emergencias de la Generalitat a través del Sistema Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) y de la aplicación SAIHWIN, a la que estaba conectado el Centro de Coordinación de Emergencias. Bernabé también explicó que la Confederación lanzó a las 12:20 horas una alerta hidrológica sobre el Poyo y que, a partir de ese momento, el Plan de Inundaciones de la Generalitat la obliga a hacer un seguimiento de la situación en la zona señalada, dotar de medios de protección a la población y movilizar recursos para "una vigilancia específica de los cauces afectados", señala el citado protocolo. La propia exconsejera Salomé Pradas lanzó un post en X el 29 de octubre a las 14:20 horas pidiendo "precaución" en el Magro y el Poyo. "Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas", escribía.

¿Hizo la Generalitat esa vigilancia que marca su propio plan de inundaciones? La delegada del Gobierno también testificó este lunes que no tuvo constancia en ningún momento de que llegase a constituirse el comité de seguimiento que fija el documento autonómico. Este comité, según el plan, debería haber creado "un grupo de seguimiento del riesgo", que en teoría debería estar bajo control del subdirector general de Emergencia, Jorge Suárez, y un grupo "de gestión de medios y recursos", bajo supervisión del jefe del operativo técnico, José Miguel Basset, jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Basset ha reconocido que retiró los bomberos forestales de la vigilancia del Poyo a las tres de la tarde por una decisión "técnica".

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EFE

"Yo diría que en la práctica no se conformó ningún grupo. En alguna reunión se ha hablado de que las reuniones del Cecopi se grabaran. A mí me parecía muy relevante que pudiéramos tener conocimiento, y pedí las grabaciones o actas del Cecopi, y de hecho cuando me contestan y me dicen que efectivamente no es un órgano colegiado, me lo dio firmado Jorge Suárez, y el actual director de Emergencias se lo dijo al secretario de Estado de Medio Ambiente [Hugo Morán]. Pero en esa comunicación me dice que no existen las actas del Cecopi, del comité de dirección, o del comité asesor, o del gabinete de información, que nunca se nos informó de que se constituía como tal", declaró ayer Bernabé, que insistió tras su declaración de siete horas ante la jueza que si el órgano de gestión interdepartamental se hubiera convocado antes y la alerta ES-Alert se hubiese enviado con más prontitud, tras la alerta roja de Aemet, "todo hubiera sido muy distinto", en referencia a las medidas de protección a la población.

A través de su cuenta de X, Morán contestaba a Tellado, del PP. "Señor Tellado, no mienta. La CHJ lanzó el aviso del desbordamiento del barranco del Poyo a las 12:20. Emergencias decretó alerta hidrológica; y a las 14:44 el responsable de Emergencias (Emilio Argüeso, también investigado) informaba sobre el desastre que se avecinaba", sostuvo el secretario de Estado en el habitual cruce de declaraciones políticas.

Más allá de esa guerra de relatos, la instrucción va apuntando a tres testimonios técnicos que serán relevantes para dilucidar qué pasó exactamente el 29 de octubre: el de Miguel Polo, el de Jorge Suárez y el de José Miguel Basset. Ninguno de los tres tiene todavía fecha de citación por parte de la magistrada. Pero es cuestión de tiempo.