Pradas alega inexperiencia y dice que informó a Mazón de la dana, pero no le esperó para decidir

No tenía experiencia suficiente y estaba rodeada de técnicos que sí la tenían y que fueron los que aconsejaron la toma de decisiones. Ese ha sido el argumento principal de la declaración ante la jueza instructora de Catarroja de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en la causa que se instruye por posible homicidio por imprudencia grave el día de la dana del 29 de octubre, que azotó la provincia de Valencia y causó más de doscientos muertos. Casi seis meses después de la jornada de la fatídica riada, y trazando un relato entre sollozos y lágrimas, Pradas se ha escudado en el poco tiempo que llevaba en el cargo y su rol político para explicar su papel aquel día, aunque el plan de inundaciones de la Generalitat la sitúa en la cúspide de la pirámide competencial y la toma de decisiones en el Nivel 2 de emergencia, que se decretó a las tres de la tarde del 29 de octubre. La instructora cree que tanto la convocatoria del Cecopi, el órgano interdepartamental de respuesta que se reunió a las cinco de la tarde, como el mensaje de ES-Alert a la población a las 20:11 horas fueron tardíos y erróneos y pudieron influir en el elevado número de fallecimientos.

Varias fuentes presentes en la comparecencia de Pradas señalaron que la investigada ha explicado, solamente a preguntas de su abogado, que ella "solo tenía un cargo institucional", que existían órganos técnicos con los funcionarios correspondientes y que las medidas que se llevaron a cabo "las proponían los técnicos". Pradas ha iniciado su declaración a puerta cerrada a las 10:15 horas, tras unos minutos de retraso, mientras la jueza Nuria Ruiz verificaba las conexiones telemáticas de las partes que no han acudido de forma presencial. En el interrogatorio, la exconsejera del Consell de Carlos Mazón ha insistido en que hasta que fue nombrada tres meses antes "no había ejercido cargo político relacionado con emergencias".

Sobre el proceso de toma de decisiones y el retraso en el envío del ES-Alert, Pradas ha asegurado que esa demora que interpreta la jueza "no tuvo nada que ver" con el presidente de la Generalitat. "Yo informaba al presidente, pero quien estaba representando en el Cecopi a la Generalitat era yo. No se esperó al president para tomar ninguna decisión. No dependía del president, sino de los técnicos", ha afirmado la exconsejera. Según su relato, el ES-Alert era un sistema que tenía carácter de pruebas hasta ese momento. "Había muchas circunstancias que había que valorar. No se tenía la información necesaria porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo, por lo que no hubo retraso. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara. Nadie paró la medida. Nadie esperó que nos dieran el visto bueno. Eso es falso", ha sido su testimonio.

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Pradas ha entregado a la jueza un listado de sus llamadas telefónicas de aquel día. "En varias ocasiones hablé con el secretario autonómico de presidencia (Cayetano García), con el secretario autonómico de gabinete de presidencia (José Manuel Cuenca) y con el propio presidente. Les iba trasladando lo que ocurría en el Cecopi. Aparecen en el listado de llamadas".

La jornada comenzaba con unas decenas de integrantes de asociaciones de víctimas apostadas a las puertas de la Ciudad de la Justicia con sus pancartas. Tanto a la llegada de Pradas como de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, y durante buena parte de la mañana han lanzado gritos de "asesinos" y han reclamado la dimisión del presidente Carlos Mazón, representado en la protesta con un muñeco con su foto y las manos manchadas de sangre. "Son unos incompetentes. Tenían información desde primera hora y no hicieron nada. El primer muerto de nuestro colectivo es de la mañana", explicaba Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales del 29 de Octubre, que perdió a su padre con la riada. Álvarez contestaba tener "todas las expectativas" puestas en la jueza de Catarroja para buscar justicia.

Según el relato de las partes presentes, Pradas ha puesto mucho énfasis en que había técnicos de emergencias en la sala del Cecopi que sumaban "más de 100 años de experiencia en materia de emergencias". Entre ellos ha citado a su secretario autonómico Emilio Argüeso, que es guardia civil. Éste ha remitido un informe con sus mensajes de wasap en el que trata de demostrar que estuvo todo el día advirtiendo a sus superiores de las situaciones que se estaban produciendo. Pradas también ha citado como personas que participaban en el debate al director general de emergencias, bombero de profesión, a dos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el subdirector de emergencias, Jorge Suárez, y el jefe del operativo, el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.

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Además, ha explicado que estaban conectados telemáticamente responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Aemet, la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Todos ellos tenían experiencia sobrada para aconsejarnos, para coordinarse, todos expertos, menos la delegada del gobierno (la socialista Pilar Bernabé) y yo", de la que ha remarcado. "Hacer frente a una emergencia de este calibre no dependía de la simple decisión de una sola persona. El plan no lo establece así. Se establece un centro de coordinación y hay que escuchar a sus miembros, atender a las recomendaciones del comité asesor y al jefe operativo de la emergencia", insistía. "Si no haces caso a tus asesores, tus decisiones pueden ser muy irresponsables. En todo momento se siguió lo que decía el plan."

La exconsejera ha sido muy fiel al relato de información insuficiente que ha mantenido la Generalitat de Mazón, especialmente en lo relativo al barranco del Poyo, cuyo enorme caudal inundó L'Horta Sud y fue el más mortífero, si bien también hubo víctimas en Utiel, en Chiva y en la comarca de la Ribera Alta. Estas inundaciones fueron las primeras en producirse, antes de las tres de tarde, y motivaron, según Pradas, que el nivel de emergencia se elevase a situación 2, que es cuando se pone en marcha el Cecopi y ella toma el mando. La exconsejera ha contestado que su equipo centró la atención en la Ribera Alta, que las alertas hidrológicas ya habían sido trasladadas, pero que nadie le indicó que debía declarar el nivel 2. "Los avisos que se emitían se trasladaban a los ayuntamientos, a través de la Agencia 112 y otros organismos", ha explicado.

Pregunta de su letrado Eduardo de Urbano: "Sobre el barranco del Poyo, en esa reunión, ¿alguien le habló de su peligrosidad?".

"No. En ese momento solo nos informaron de que existía una alerta hidrológica y que la Confederación estaba haciendo el seguimiento. Posteriormente, se registraron tres bajadas de caudal. En ningún momento se advirtió que el barranco pudiera desbordarse", insistía Pradas. "Durante toda la tarde, no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi".

"La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió tres correos a la Generalitat: a las 13:00, 15:00 y 16:13 horas. En todos ellos comunicaban bajadas de caudal, la última de ellas con cifras de 24 y 26 m³/s. Desde ese último aviso hasta las 18:43 no se recibió ninguna información adicional sobre el caudal. No se informó al Cecopi, ni los miembros de la CHJ presentes en la reunión lo mencionaron", ha dicho Pradas.

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La exdirigente del Partido Popular ha asegurado que cuando vio esos avisos, a posteriori, se preguntó por qué figuraban como "primer", "segundo" y "tercer aviso". "Eso denota que hubo comunicaciones que deberían haber llegado y no lo hicieron", dijo. La CHJ ha remitido un informe a la jueza en el que sostiene que todos los datos del Poyo estaban disponibles en tiempo real para la sala de Emergencias de la Generalitat a través del sistema SAIH, que las seis de la tarde comenzó a trasladar la fuerte subida del caudal detectada por su sensor del barranco. Eso sí, el agua llegó a algunas poblaciones como Paiporta antes de que el sensor captase la crecida bestial, porque la riada entró por barrancos adyacentes situados aguas abajo del sistema de vigilancia.

"El SAIH es un sistema de la CHJ que la propia web dice que no tiene efectos legales. Luego está el Saihwin, que es como el sistema legal, y de ahí deben obtenerse los datos para avisar. Son los ingenieros de la CHJ los que tienen que traducir los datos en peligrosidad. Ni informaron con anterioridad, ni cuando pasaba", se escudó la exconsejera para explicar que no se interpretasen los datos que llegaban.

La exconsejera ha explicado que la decisión de activar a la UME se produjo como consecuencia del desbordamiento del río Magro en Utiel a partir de las dos de la tarde. "A las 14:00 horas, se habló con la delegada del Gobierno y se decidió activar a la UME. La conversación fue motivada por el desbordamiento del río Magro. Ella solicitó la UME, pero no se entiende por qué su activación tardó tres horas", se justificaba Pradas.

El Cecopi y Utiel

"¿Quién comunicó que el Magro se estaba desbordando?", le ha preguntado De Urbano. "El alcalde de Utiel. No fue la CHJ. No hubo aviso, preaviso ni declaración oficial por parte de la Confederación", ha contestado la exconsellera, que ha admitido que la reunión del Cecopi comenzó con retraso. Sobre las personas que participaron en esa reunión ha confirmado que los miembros de la Administración autonómica asistieron de forma presencial, pero lo de la Administración central se conectaron telemáticamente.

En línea con el relato político del PP, la exconsellera ha cargado contra el presidente de la Confederación y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Mientras mi equipo veía las primeras consecuencias de la dana en Carlet, él asistía a unas jornadas en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Muy preocupado no debía estar", ha dicho Polo. "El secretario de Estado de Transición Ecológica (Hugo Morán) y la directora general de Protección Civil (Virginia Barcones) no me llamaron. Ella estaba en Brasil —o se fue esa misma mañana—, y el secretario me llamó a las 20:00 horas desde Colombia. Le dijo que estaba muy preocupada".

Pradas llegaba a la Ciudad de la Justicia antes de las 9:30 horas. La nube de cámaras, con muchas periodistas de televisiones nacionales llegados desde Madrid, rodeaba a la exconsellera que tenía la competencia de la emergencia y parecía que no iba a ser capaz de acceder al recinto que depende, justamente, de la consejería de Justicia de la que ella era titular. A las 13 horas ha finalizado la declaración de la exconsejera.

No hacer caso al 112

Argüeso ha hecho una declaración similar en algunos aspectos, aunque ha incidido en que él dejaba de ser competente en la dirección de la emergencia en el momento en que pasaba a Nivel 2 y que no formaba parte del Cecopi. Ha reconocido que la Generalitat retiró los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo, pero a responsabilizado a Basset de la decisión, de la que ha asegurado "que no informó". También reprochó al presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, que no informase verbalmente de la crecida del Poyo, al concentrarse en una posible ruptura de la presa de Forata, y ha señalado que los avisos electrónicos a través del SAIH llegan a la sala del 112 y de Emergencia y que el subdirector Jorge Suárez debería haber informado al Cecopi, algo que no hizo "seguramente porque no lo conocía". Tambien descargó sobre Suárez al asegurar que fue este alto funcionario el que aconsejó no hacer caso de las llamadas de ciudadanos al 112 cuando comenzaron a llegar incidencias de Carlet, en la Ribera Alta.

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EFE

"Jorge Suárez dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas", afirmó Argüeso.

Emergencias recibió miles de llamadas pidiendo auxilio aquel día antes de lanzar el mensaje ES-Alert a las 20:11 horas.