La Fiscalía respalda a la jueza de Catarroja y avala que la Generalitat era responsable en la dana

La Fiscalía Provincial de Valencia está fijando su posición en la instrucción de la causa penal que investiga la gestión pública el día de la fatídica dana del 29 de octubre en Valencia con un respaldo a las tesis de la jueza de Catarroja de que las posibles responsabilidades penales en la investigación de los presuntos homicidios por imprudencia eran de la Generalitat valenciana, representada en las figuras de la exconsellera Salomé Pradas, como directora del plan de inundaciones, y del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos citados a declarar como investigados el próximo 11 de abril.

El Ministerio Público comunicó el pasado 21 de marzo al juzgado número 3 de la localidad valenciana, del que es titular Nuria Ruiz Tobarra, un escrito, cuyo contenido se ha conocido este miércoles, en el que se opone al recurso de apelación presentado por HazteOír contra el auto judicial que desestimaba su querella contra la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé. La jueza de Catarroja rechazó en una resolución del pasado 25 de febrero la petición de la organización ultracatólica de citar como investigada a Bernabé por su participación en el comité de dirección de Cecopi y su condición de garante de la protección civil en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La magistrada resolvió en ese momento que los argumentos de los querellantes no constituyen una base para atribuir a la delegada del Gobierno los homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave. "Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal", precisaba.

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EFE Europa Press

La argumentación jurídica es la misma que ha adoptado la Fiscalía de Valencia, que tiene un equipo de fiscales dedicados al seguimiento de la causa sobre la dana. El escrito firmado por Cristóbal Melgarejo, y al que tuvo acceso El Confidencial, establece, a partir de la propia información remitida por la Conselleria de Emergencias, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la competencia y dirección del plan de inundaciones correspondían a Salomé Pradas como directora del citado plan, "y consustancialmente, la función de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse".

En ese sentido, al no ser declarada la situación de emergencia nacional ni por petición de la Generalitat (como podía hacerlo) ni por el propio ejecutivo central, el fiscal señala que el cometido de la delegada del Gobierno "era de estricta coordinación de la Administración estatal con la autonómica, sin que, respecto al resultado generado (fallecimientos o lesiones de personas como consecuencia de las inundaciones descritas anteriormente), y al no hallarse en la posición de garante ni tener un dominio funcional del riesgo, pueda imputársele, desde la perspectiva del principio de culpabilidad que rige el derecho penal, la falta de adopción de decisiones que hubieran evitado o atenuado el referido resultado".

El del rol de Pradas y Bernabé aquella jornada de gestión de la trágica emergencia no es el único escrito en el que la Fiscalía se alinea con la jueza de Catarroja. En otro escrito del pasado 11 de marzo de Melgarejo, el Ministerio Público considera que no puede ser considerado un delito de daños la posible falta de mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar del barranco del Poyo y la ausencia de decisiones de la Generalitat Valenciana sobre la realización de obras que aminoraran las consecuencias de las inundaciones que habitualmente se producen en este barranco.

El fiscal propone, por tanto, que se desestime el recurso interpuesto por la asociación Damnificados Dana de L'Horta Sud de Valencia contra el auto de febrero de 2025, que inadmitía los delitos de daños por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y prevaricación por omisión. El fiscal entiende que la decisión de la jueza es ajustada a derecho.