¿Judicialización de la Historia? La guerra de la Memoria más allá de Miguel Hernández

Ni “ayudante de tenebroso recuerdo”, ni secretario del Consejo de Guerra que condenó a Miguel Hernández. La admisión parcial del juzgado de Cádiz de una demanda interpuesta por el hijo de Luis Baena Tocón, secretario del juzgado especial de Prensa que participó en la represión del poeta Miguel Hernández en 1940, al instruir su causa, ha supuesto una condena al catedrático Ríos Carratalá por vulneración al derecho al honor con una indemnización cifrada en 10.000 euros. La sentencia ha generado reacciones entre varios historiadores en apoyo del catedrático de la Universidad de Alicante, que han argumentado que se está juzgando a los historiadores por investigar el pasado, frente a los represores franquistas. Es una historia que dura seis años, pero ¿tiene algo que ver ya con el poeta o con los acontecimientos de la Guerra Civil?

Por resumir los hechos respecto a Miguel Hernández, el 18 de enero de 1940 el Consejo de Guerra Permanente núm. 5 en la Plaza de Madrid sentenciaba: "RESULTANDO probado y así lo declara el Consejo que el procesado MIGUEL HERNANDEZ GILABERT, de antecedentes izquierdistas, se incorporó voluntariamente en los primeros días del Alzamiento Nacional al 5º Regimiento de Milicias pasando más tarde al Comisariado Político de la 1ª Brigada de Choque e interviniendo entre otros hechos en la acción contra el Santuario de Santa María de la Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de intelectuales antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías y crónicas, y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por el Poeta de la Revolución (sic)".

Los hechos considerados probados por el Consejo de Guerra franquista, que sirvió de aparato represor en la posguerra, constituyeron para su recién creado Estado un delito de adhesión a la rebelión, lo que le supuso a Miguel Hernández una condena a muerte, sentencia que se conmutó más tarde por prisión. El poeta fue recluido en una cárcel de Alicante, donde murió dos años después como consecuencia de una neumonía.

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La sentencia fue anulada finalmente en octubre de 2024 en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno, después de casi dos décadas en las que la familia del poeta había intentado sin éxito que se anulase. Algo que no cubría la anterior Ley de Memoria Histórica de 2006. Hasta aquí lo que concierne técnicamente a Miguel Hernández, porque lo que ha saltado ahora, tal y como explica a El Confidencial el catedrático de Historia Contemporánea de la UCM, Gutmaro Gómez Bravo ya no tiene nada que ver:

“Se está juzgando todo a nivel político porque se utiliza políticamente el pasado. Todo lo demás queda ya supeditado a estas ideas. Ya no importa ni el proceso a Miguel Hernández, ni los acontecimientos, sino lo secundario, las declaraciones que se hacen ahora, en 2025, y eso es lo que marca la agenda porque se utiliza políticamente. Eso tiene efectos para los que nos dedicamos a la investigación o a la educación, porque la gente joven pasa del tema”

El historiador, que ha publicado recientemente Los descendientes (Planeta), sobre su propia familia en la que indaga en la memoria del siglo XX, se refiere específicamente al hecho que según su criterio parece tapar la última sentencia y es la realidad que supone que Antonio Luis Baena Tocón participara en la represión del poeta. Por su parte, la Asociación de Historiadores Contemporáneos, publicó un comunicado en el que expresaba “su preocupación por los efectos restrictivos que este tipo de resoluciones entrañan para la libertad de los investigadores de realizar su trabajo y cumplir así el servicio público de investigar el pasado que tienen encomendado”. Para estos, la resolución judicial supone “una amenaza evidente contra el derecho a la investigación sobre el pasado incómodo y traumático de nuestro país que constituyen el golpe, la guerra y la dictadura franquista”.

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Sin embargo, lo cierto es que a nadie se le puede escapar que lo que subyace en el caso Tocón Baena es indudablemente una complicación de algunos aspectos de la Ley de Memoria Democrática y el enfrentamiento que ha generado: el hijo del Luis Baena Tocón decide en 2019 que el derecho a la memoria de su padre y a su honor es también importante, por lo que inicia una serie de demandas contra el catedrático, por entender que el relato de Ríos Carratalá, contenido en Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y la censura franquista (2015), es inexacto, además de ofensivo.

Baena Tocón defiende que su padre no fue secretario judicial de ese Consejo de Guerra, además de explicar que su padre fue también una víctima de la Guerra Civil al incluir en su demanda que “sufrió el asesinato de su padre, estuvo preso y fue torturado en checas, refugiado en la Embajada de Chile en Madrid, exiliado a Francia y Marruecos y obligado mediante reclutamiento forzoso a realizar el servicio militar obligatorio tras su retorno a España, meses antes de finalizar la Guerra Civil”.

Un buen ejemplo de esta división en torno al mismo tema saltó también cuando el mismo Ministro de Cultura, Ernst Urtasun, publicó un tuit en el que afirmaba que Miguel Hernández había sido asesinado por el régimen franquista (ver tuit). Cuando se le echó en cara en las mismas redes que no había sido asesinado, sino que murió en prisión debido a una enfermedad, el ministro adujo que era una forma de asesinato. (ver respuesta)

La realidad es que se había generado tensión también en otros sectores con las primeras intenciones de la ley de Memoria Democrática, que valoraba como delito la apología del franquismo ¿Una biografía de un historiador sobre Franco que exaltase sus logros podía ser punible? Finalmente, el Gobierno no modificó el código penal y dejó en sanciones con multas determinados actos, pero el clima de polarización se mantuvo. Es en este contexto, en 2019, en el que se inician las demandas del hijo del secretario judicial del Tribunal de Prensa. En una de ellas pretendía que se desindexara su nombre de Google en virtud del derecho al olvido, además de cuantiosas indemnizaciones, demanda que fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Lo que parece claro, según apunta Gutmaro, es que ha habido un retroceso desde la Transición: “Parece que no hemos avanzado, siempre hay una foto que es el comienzo de la guerra, que es lo que le interesa. Hay dos posturas, que yo creo que vienen muy cercanas a la aparición de la década anterior de un elemento político del pasado, que no es tanto la Ley de Memoria, sino cómo se posicionan frente al pasado esos grupos que son totalmente antagónicos y que acaban por anular un periodo de éxito como puede ser la Transición, con sus luces y sus sombras”.

Por su parte, Jose Antonio Ríos Carratalá ha anunciado que recurrirá la sentencia y que seguirá luchando, aunque el pasado viernes manifestó dudas en su blog: “Yo creía vivir en una España donde la libertad de expresión, que nunca es un derecho absoluto, estaba amparada por la legislación y quienes son responsables de hacerla cumplir. Ahora, con desesperanza, empiezo a tener dudas y la tentación de echar la toalla es demasiado tentadora porque estoy cansado de luchar por lo que debiera ser obvio en una democracia avanzada”. Además, matizó en la entrada el uso de la palabra “tenebroso”: la sentencia resulta difícil de entender cuando me condena por recordar como “tenebroso” a un protagonista de mis trabajos. El adjetivo es sinónimo de oscuro o sombrío y, como catedrático de Literatura Española, nunca lo habría relacionado con un insulto.

Y hay más munición para un caso que parece interminable, como la propia Guerra Civil. Si José Francisco Baena había puntualizado las inexactitudes sobre el libro de Carratalá y que ha asumido el juzgado de Cádiz, ahora Carratalá hace notar que en el folio 13, penúltimo párrafo, “la sentencia resume un documento de la demanda no contrastado con las fuentes originales del AGHD y dice lo siguiente: 'Aparece asimismo la providencia firmada por el Juez, dando fe un secretario, cuya firma no es del Sr. Baena Tocón, de fecha 30 de enero de 1940, en que expresamente se delega al secretario Alférez para investigar las actividades de Miguel Hernández como Jefe de prensa en la Dirección General de Seguridad'. ¿Cómo podía ser Jefe de Prensa de la DGS Miguel Hernández, condenado el 11 de enero de ese mismo año?", se pregunta el catedrático en su blog. Errores y más inexactitudes en una guerra de memoria que cada vez tiene menos que ver con los hechos verdaderamente acaecidos durante la Guerra Civil.