La Oficina de Conflictos de Mazón autoriza la vuelta a la patronal hotelera de la consellera que cesó por la DANA

Nuria Montes ya tiene luz verde de la Administración autonómica valenciana para confirmar su regreso a la patronal hotelera valenciana Hosbec. El director general de Transparencia y Participación, José Salvador Tárrega, resolvió el pasado 25 de febrero declarar la compatibilidad de la que fue consellera de Innovación, Industria y Turismo para el ejercicio de su puesto como secretaria general de la organización empresarial con sede en Benidorm. Lo ha hecho apoyándose en un informe de la Oficina de Control de Conflictos de Interés, dependiente de Presidencia de la Generalitat y cuyo contenido completo no se ha publicado en el portal de transparencia autonómico.

El barón popular Carlos Mazón cesó a Nuria Montes, uno de los fichajes de profesionales independientes de su Consell, el pasado 21 de noviembre, después de que la entonces consejera protagonizase dos episodios de declaraciones polémicas con familiares de las víctimas de la DANA que inundó parte de la provincia de Valencia causando más de doscientos muertos.

Montes pidió perdón por sus manifestaciones, que generaron mucho revuelo en los medios de comunicación en un momento muy sensible. Pero la suya fue una de las dos cabezas políticas que reclamó a Mazón la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo, para tratar de sofocar la crisis por la gestión de la mortal riada del 29 de octubre. La otra fue la de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable de dirigir la emergencia y ahora imputada por la jueza de Catarroja y citada a declarar el día 11 de abril en la causa que instruye por posibles delitos de homicidio por imprudencia grave.

En situación de excedencia por cargo público, y tras unas semanas de descanso con un viaje al extranjero, la exconsejera tramitó su regreso a la plaza de secretaria general de Hosbec. Se trata de una entidad que tiene vínculos económicos con la Generalitat, especialmente con el área de turismo que dirigía Montes. La patronal hotelera recibió el año pasado 875.000 euros de subvención nominal y directa, no competitiva, para promoción turística, cantidad similar a la que firmó en el ejercicio anterior, cuando Turismo estaba bajo control del socialista Ximo Puig. La subvención a Hosbec no fue firmada por Montes cuando era consejera, sino por su número dos, la secretaria autonómica de Turismo, Cristina Moreno. La previsión para 2025 es que reciba una cantidad parecida.

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La ley de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos de la Generalitat establece en su artículo 5 que durante los tres años siguientes a la fecha de cese los consellers salientes no podrán "formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado en el ámbito competencial de la Generalitat Valenciana, si genera un conflicto de intereses". La norma aclara que se considerará conflictos de interés que "la persona afectada directamente, las personas con rango jerárquicamente superior a propuesta de ella o las personas titulares de sus órganos dependientes por delegación o sustitución hayan dictado resoluciones o cualquier tipo de acuerdo o formulado propuesta en relación a estas entidades, excepto cuando se derive de una convocatoria pública o de un acto reglado".

Para sortear la incompatibilidad, la organización empresarial aseguró que desdoblaría las funciones directivas entre la secretaria general y Mayte García Córcoles, sustituta provisional de Montes, que ejerce ahora la dirección ejecutiva. García Córcoles tiene entre sus funciones aquellas relaciones y actuaciones con las administraciones públicas "que pudieran estar sujetas a la incompatibilidad que durante dos años establece la Ley de Transparencia para aquellas personas que han ocupado altos cargos en el Gobierno Valenciano", según informó Hosbec.

El diseño ejecutivo de la patronal parece haber convencido a la Oficina de Control de Conflictos de Interés, que ha emitido un informe en el que se determina "la compatibilidad entre las actividades, bienes, derechos y obligaciones patrimoniales declaradas de la persona interesada y el cargo público ejercido".

La Oficina de Control de Confictos es un órgano adscrito a Presidencia que tiene como director a Mario Carrión y como responsable del departamento a Pablo Ruiz Tomás. Los dos funcionarios jefes ocupan el puesto desde que la oficina formaba parte de una conselleria propia, la de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Tras la llegada a la Generalitat en el verano de 2023, Mazón reubicó esas competencias bajo su supervisión directa.

La resolución lleva la firma del director general de Transparencia y Participación, Salvador Tárrega, un cargo adscrito al área de Presidencia cuyo nombramiento depende del jefe del Consell. El superior de Tárrega es el secretario autonómico Santiago Lumbreras, una de las personas de confianza del núcleo duro del barón popular.