El primer gran balance de la DANA del general Gan evidencia la brecha Gobierno-Generalitat

Acto solemne en el Saló de Corts del Palau gótico de la Plaza de Manises. El Consell de la Generalitat, que preside el popular Carlos Mazón, presente en pleno, incluidos secretarios autonómicos, directores generales o asesores. También agentes de la sociedad civil como representantes de las Cámaras de Comercio y de organizaciones patronales, aunque no el presidente de la autonómica CEV, Salvador Navarro, distanciado del barón popular. Desde las nueve de la mañana, unas doscientas personas acudieron este viernes a la invitación de los servicios de protocolo de la Administración autonómica para escuchar de boca del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, el primer informe de diagnóstico del Plan de Recuperación Económico y Social para las zonas afectadas por la trágica DANA del 29 de octubre.

El grueso de los presentes formaba parte del cuerpo autonómico. Nadie de la Administración central ha estado presente, pese a que desde el equipo de Presidencia trasladaron que estaban invitados la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el comisionado del Ejecutivo para la DANA, José María Ángel. La misma ausencia en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Protocolo había cursado invitación, según las mismas fuentes, al ⁠teniente general del Cuartel General de Alta Disponibilidad del Ejército de Tierra basado en Valencia, Luis Sáez; al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Ángel Martínez; al jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero; al general jefe de la Guardia Civil, Arturo Prieto; y al delegado del Ministerio de Defensa en la Comunidad Valenciana, el coronel Ángel Adán.

Ninguno atendió a la llamada del equipo de Mazón, un hecho que evidencia la fuerte brecha que, pese a algunos tímidos gestos de acercamiento, sigue existiendo entre las dos administraciones, una gobernada por el Partido Popular y otra liderada el PSOE. Desde Delegación del Gobierno justificaban por razones de agenda la ausencia de Bernabé, aunque no se ofrecía explicación de la ausencia de los mandos militares o policiales. "Nos cuidamos mucho de decirles adónde tienen que ir y adónde no", señalaban. En declaraciones posteriores, Bernabé ha invitado a Gan Pampols a compartir su diagnóstico en la comisión mixta con el Gobierno para la reconstrucción "de la que forma parte", y ha señalado que las autoridades están para "participar y aportar, no aplaudir", en clara referencia al carácter muy institucional del acto organizado por el gabinete de Mazón, que ha terminado con aplausos a su discurso de todos los cargos de su Consell y los himnos oficiales.

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Los dos grandes partidos viene desplegando fuertes críticas cruzadas desde los días posteriores a la gota fría. No hay jornada en la que Mazón, muy debilitado políticamente, no trate de despejar responsabilidades contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con constantes alusiones en sus intervenciones públicas en las que cuestiona la respuesta gubernamental a la tragedia o intenta comparar a su favor los recursos desplegados por cada Administración Pública. Por su parte, tanto Bernabé como, especialmente, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, reclaman de manera permanente la dimisión del barón popular por su gestión de la tragedia y su ausencia el 29 de octubre. Los socialistas, que por ahora han renunciado a presentar una moción de censura, quieren que Mazón disuelva las Cortes Valencianas y convoque elecciones.

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En ese contexto de deterioro institucional grave, Gan Pampols, teniente general ya retirado del Ejército de Tierra, acumula más de tres meses en el cargo con el encargo de trazar un plan de recuperación. Muchas obras de emergencia ya se han realizado. Se han rehabilitado tanto por parte del Gobierno como de la Generalitat infraestructuras básicas. La normalidad va volviendo poco a poco a las poblaciones afectadas. Pero Gan tiene pendiente todavía presentar un plan específico de recuperación a largo plazo que ayude a restaurar los algo más 18.000 millones en los que cifra el impacto global de la catástrofe.

Los alcaldes de las localidades valencianas de Paiporta, Benetússer y Aldaia, en la 'zona cero' de la dana del pasado 29 de octubre, han considerado que la Generalitat llega "tarde" con el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social, presentado por el vicepresidente segundo del Consell y han manifestado que esperaban que se expusiera "en qué se va a invertir" en sus municipios. "Ya no es momento de fotos, es momento de pasar a la acción", reclamaban.

Los presupuestos autonómicos aprobados por el Consell para 2025, pendientes de ratificar en el Parlamento, incluyen 600 millones de euros para ese plan, dentro de una partida más 2.364 millones de euros para actuaciones relacionadas con la dana que se financiará con deuda y que no computarán en los objetivos de déficit, si bien la Generalitat reclama que el Ministerio de Hacienda trasfiera ese dinero a fondo perdido. Es lo que ha hecho con los ayuntamientos afectados, a los que ha trasferido más de 1.700 millones para pagar la factura de los desperfectos en infraestructuras y equipamientos municipales.

Mazón ha asegurado en la clausura del acto en el Palau que remitirá una carta a Pedro Sánchez para solicitarle la financiación necesaria para cubrir las acciones de recuperación de su competencia. "No se puede trabajar en mesas separadas", ha manifestado, en una frase que ha sonado impostada ante la reticencia mostrada desde hace meses por todas las partes a colaborar sin mirarse de reojo.

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Víctor Romero. Valencia

Dotado con un pequeño equipo de personas y el respaldo de la consultora PwC, a la que ha contratado para el asesoramiento del plan de recuperación por importe de más de dos millones de euros, Gan Pampols ha estado haciendo un trabajo de análisis sobre el terreno y hablando con todo tipo de afectados, desde particulares hasta tejido económico, también con los distintos departamentos de la Generalitat, ministerios, empresas estatales o ayuntamientos implicados en la respuesta a la tragedia. Este viernes ha expuesto un balance bastante aterrizado de lo que se ha encontrado, con daños que estima en más de 18.000 millones de euros.

Hay datos apabullantes, además de las 224 pérdidas humanas y tres desaparecidos. Un detalle: seis meses después del 29-0, hay 6.000 ascensores todavía sin reparar, de los 10.000 que se vieron dañados por la dana, por valor de 160 millones. 11.242 viviendas se han visto afectadas, 475 millones en coste de reposición. Casi seis meses después de la riada, la Administración autonómica todavía no ha encontrado soluciones habitacionales para los afectados que se han quedado sin casa o tiene problemas de movilidad porque no pueden salir de su domicilio.

Daños millonarios

Según el diagnóstico del vicepresidente, la riada castigó más de 350 kilómetros de cauces, dañó las presas de Forata y Buseo, generó desperfectos en estaciones depurados, más de cien, por 780 millones. Más de 800 kilómetros de carreteras se vieron afectadas, con 360 millones de coste. 550 kilómetros de vías ferroviarias sufrieron afectación por importe de 315 millones. También hubo 380 puentes y pontones afectados. Muchas de estas infraestructuras han sido ya repuestas o están en fase de reparación por la vía de obras de emergencia. Pero otra parte, de la que todavía se desconoce el balance, debería formar parte del plan de recuperación que prepara Gan Pampols.

Según las cifras del militar retirado, la implicación económica de las administraciones hasta ahora es de 3.711 millones del Gobierno de España (Gan excluyó los 2.470 millones que ha ya desembolsado el Consorcio de Seguros que gestiona el Ministerio de Economía); 4.218 millones de la Generalitat Valenciana (se entiende que incluye los 2.364 millones presupuestados para 2025 y pendientes de ejecutar); 56 millones de la Diputación de Valencia; y 45 millones de los ayuntamientos afectados.

En términos de actividad económica, los cálculos de Gan Pampols reflejan un impacto negativo del 0,6 del PIB de España (4º Trimestre) y daños en activos empresariales por valor de 13.800 millones, con 64.104 empresas afectadas. La afectación laboral ha alcanzado a 275.000 trabajadores. Todavía hay 3.000 asalariados incluidos en expedientes temporales de empleo (ERTE).