La jueza manda al banquillo a Carlos Fabra y Fernando Roig por alzamiento de bienes y cohecho

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el empresario Fernando Roig y su hijo, Fernando Roig Negueroles, director general del Villarreal CF, en el marco de la causa sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente político. El fiscal pide doce años de prisión para Fabra y cuatro para los empresarios.

La magistrada ha requerido a todos ellos para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.

Según la investigación, Fabra y su familia “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales”. Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales. En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio “con el auxilio” de sus hijos Borja y Claudia y del marido de esta, Fernando Castro, también procesados.

Según ha informado el TSJ valenciano, el auto, al que tuvo acceso El Confidencial, señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de alzamiento de bienes/insolvenvencia punible, y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.

El dueño de la ceramista Pamesa y del Villarreal Club de Fútbol, Fernado Roig, entregó un cheque de 300.000 euros al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y asumió el riesgo de un crédito por otros 1,4 millones que podrían ser operaciones de préstamo simuladas. Así lo considera el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón.

La causa salió a la luz en septiembre de 2020, cuando agentes de la UDEF registraron el chalé de Fabra en la Urbanización Les Platgetes de Oropesa del Mar. La instructora cree que hay indicios suficientes de que Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confimada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una mula de 1,4 millones como autor de cuatro delitos fiscales.

Tanto la Fiscalía como el juzgado creen que pudo producirse una frustración de la ejecución del fallo, similar al alzamiento de bienes, para no atender la sanción económica impuesta añadida a la pena de prisión por la elusión fiscal a la Agencia Tributaria. Ese importe tiene que ser recaudado por la Administración de Justicia y revierte posteriormente en la Hacienda pública.

Los movimientos económicos destapados alcanzan directamente a Roig y su hijo Roig Negueroles, director general del Villarreal CF. El propio Fabra admitió que el dueño de Pamesa libró en favor de una de sus cuentas el 28 de agosto de 2014 un cheque de 300.000 euros. Fabra lo justificó por “la amistad que les unía” y admitió que “no ha podido devolver dicho préstamo”.

Además de esta entrega, la instrucción destapó otra operación de crédito no devuelto en la que aparece un triángulo de tres sociedades vinculadas a la familia Roig: Migumi, Nerofer y Portovan, la patrimonial de Fernando Roig. El 15 de julio de 2013, Miguel Pérez Ferrer, como apoderado de Nerofer, sociedad administrada por Roig Negueroles, firmó la concesión ante notario de un préstamo personal a Carlos Fabra con garantía hipotecaria sobre la vivienda de Oropesa del Mar, de la que figurban como copropietarios con un 20% cada uno, la exmujer del político, María Amparo (Mampa) Fernández Blanes, y los cuatro hijos del matrimonio: Borja, Andrea, Carlos y Claudia. El crédito ascendía a 1,4 millones de euros a devolver en dos años. La vivienda en cuestión es una casa de 539 metros construidos sobre una parcela de 1.126 metros, con piscina.

Esta vivienda, que Fabra intentó vender en 2016, fue registrada por los agentes de la UDEF cuando salió a la luz la nueva causa penal contra el expolítico popular. El préstamo de Nerofer se abonó en cinco cheques, de los cuales 850.000 euros se ingresaron en una cuenta de Borja Fabra y otros 450.000 en la de Migumi. Esta mercantil admistrada por Pérez Ferrer había realizado tres trasferencias que sumaban el mismo importe entre 2010 y 2013.

La causa también señala a Enrique Gimeno, de la empresa Facsa, como responsable de operaciones supuestamente simuladas en favor de Fabra por valor de 1,25 millones.