El Supremo complica un encaje a tres bandas del nuevo gobierno de Catalá tras la crisis de Vox

La jurisprudencia del Tribunal Supremo complica la posibilidad de que la actual alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, pueda alcanzar un pacto a tres bandas con Vox y con los concejales díscolos, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, pareja sentimental, con el fin de garantizarse una gobernabilidad sin sobresaltos los dos años largos que quedan de legislatura. La baja como militante de Herrero y la suspensión de militancia y cargos de Badenas por un contrato con la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, abocan a los dos ediles al grupo de no adscritos y deja en el aire la ajustada mayoría por un solo edil que el PP (trece actas) había consolidado con los cuatro concejales electos de Vox, frente a los 16 regidores de Compromís y PSPV-PSOE.

La alcaldesa está a la espera de que la dirección nacional de Vox comunique a la Secretaría General del Pleno municipal los cambios en su grupo para clarificar la nueva situación, tal como establece el reglamento local. A partir de ahí, Catalá se ha abierto a todas las opciones sin descartar la de gobernar de nuevo en solitario, tal como insinuó este lunes. Negociar medida a medida, incluso con la oposición de izquierdas, y asumir una prórroga de los presupuestos de 2025 en 2026 están en la hoja de ruta sin no hay otra salida.

En cualquier caso, sea en alianza con los dos ediles que conserva Vox, José Gosálbez y Mónica Gil, o con Badenas y Herrero, no contaría con mayoría absoluta, si bien la alcaldía no parece en riesgo ante una improbable alianza a varias bandas entre concejales de ideología antagónica. La moción de censura y la designación de un nuevo alcalde requiere de una mayoría absoluta alternativa, según la ley de régimen local.

La mejor garantía de estabilidad para afrontar lo que queda de legislatura sin grandes sobresaltos sería un pacto a tres con los dos ediles de Vox y con los concejales que se han apartado de la disciplina del partido de Santiago Abascal. Es complejo en lo político, porque está por ver que Vox acepte que la pareja de ediles a los que ha reclamado el acta, técnicamente tránsfugas, se integren con normalidad en el equipo de gobierno. Esa suerte de tripartito oficioso tendría además dificultades de encaje legal, por las limitaciones que el propio reglamento municipal y jurisprudencia reciente del Supremo establece a la hora de asignar competencias y retribuciones a los ediles que han pasado al grupo de no adscritos.

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Víctor Romero. Valencia

Una sentencia del alto tribunal fechada en 2020 estableció la imposibilidad de otorgar a los ediles tránsfugas cargos o mejoras en las retribuciones básicas. El fallo se produjo tras un recurso contra otra resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano a raíz del caso de una concejal de Ciudadanos de la población de La Font de la Figuera que, contra el criterio de su partido, apoyó al candidato de Compromís para ser alcalde frente al candidato del PP, la lista más votada. La edil fue premiada con una tenencia de alcaldía, asumió competencias de gestión y mejoró su retribución básica como concejal en más de 500 euros al mes.

La conclusión del Supremo, basándose en el espíritu del Pacto Antitransfuguismo renovado por la mayor parte de partidos políticos en 2006, es que los concejales que abandonan o son expulsados de la disciplina del partido con el que concurrieron a las urnas no pueden asumir cargos o percibir retribuciones "que antes no ejercían o percibían e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

La semana pasada, a raíz del expediente que le comunicó la dirección nacional de Vox y a petición suya, Catalá despojó a Badenas del cargo de segundo teniente de alcalde y de las competencias de gestión que tenía en el área de empleo y emprendimiento y parques y jardines. La alcaldesa mantuvo las de Cecilia Herrero, a la espera de acontecimientos. En teoría, Badenas ha pasado de percibir más de 91.000 euros al año al salario base de concejal de 70.000 euros. Con la sentencia del Supremo en la mano, la primera edil del PP podría jugar a tratar de mantener las atribuciones a Herrero, pero la oposición ya ha advertido de posibles impugnaciones en el caso de que intente rehabilitar a Badenas, algo que difícilmente aceptaría tampoco Vox.

Nuevas tensiones

La condición de no adscritos aboca además a los ediles a perder el derecho a disponer de asesores, muy bien pagados en el Ayuntamiento de Valencia y que hasta ahora Vox imponía desde Madrid. Tampoco tendrían asignación económica como grupo municipal. El reglamento del pleno limita sus derechos a disponer de los "medios materiales, y la posible disponibilidad de personal administrativo, imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones corporativas". Su participación en los plenos y capacidad de tramitar iniciativas dependería, además, de la junta de portavoces, de la que no formarán parte, y de la propia alcaldesa.

El nuevo encaje de piezas en la política municipal sigue siendo una incógnita. Juanma Badenas ha anunciado en su cuenta de X una nueva comparecencia de prensa para mañana "a pesar de las presiones y los intentos de boicotearla", lo que augura nuevas tensiones públicas.

Catalá ha dado varios días de plazo a Vox para resolver su crisis interna antes de "tomar nuestras decisiones". Su voluntad es resolver la cuestión del reparto de competencias antes del pleno del próximo 25 de marzo, haga lo que haga Vox. Para entonces, quizás se haya despejado ya si los dos años que quedan hasta las urnas serán los de un gobierno en minoría del PP o el de una nueva coalición de derechas que se ha diluido como un azucarillo antes ni siquiera de pisar el umbral del ecuador de la legislatura.