La jueza de la DANA acota la causa en el ES-Alert y saca de lo penal la demora en la ayuda y la descoordinación

La titular del Juzgado de Catarroja que ha asumido la investigación penal de la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, provocando 227 víctimas mortales, está acotando las diligencias previas para tratar de dilucidar por qué llegó con retraso la alerta ES-Alert a los móviles de la población. La instructora ha dictado varios autos en los que expresa su convencimiento inicial de que el "nexo causal" de las muertes que puede encajar en los tipos penales de homicidio imprudente y lesiones imprudentes estriba en la ausencia de avisos suficientes para evitar "el abrumador número de fallecimientos".

"El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Sobre ello se han manifestado reiteradamente las familias de las víctimas", explica la magistrada en los razonamientos jurídicos de un auto de respuesta del pasado 17 de febrero a una petición de nuevas diligencias efectuada por la acusación popular representada por Podemos.

La instructora cree que escapan al ámbito penal cuestiones que han sido muy polémicas, como los problemas de coordinación entre los distintos niveles administrativos o la demora en dar entrada a los efectivos del Ejército para colaborar en las tareas de desescombro y limpieza los primeros días.

"La tardanza en recibir ayuda en las poblaciones afectadas o la descoordinación se han de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político. Es el nexo causal lo que ha de determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal. En caso contrario, la investigación se convertiría en un análisis de la actuación durante el 29 de octubre de todas las administraciones desvinculada de los tipos penales", escribe la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

TE PUEDE INTERESAR

La jueza de la DANA apunta a Mazón: pregunta a la Generalitat qué autoridades había en el Cecopi el 29-O

Víctor Romero. Valencia

Tampoco considera relevante penalmente la investigación de responsabilidades en el ámbito de los daños materiales, para lo que invita a realizar reclamaciones patrimoniales en la jurisdicción del contencioso-administrativo. "Los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí", llega a decir. "Resulta evidente que la destrucción material que asoló las poblaciones ha tenido y tendrá un impacto emocional que se prolongará durante largo tiempo, pero su reparación se ha de llevar en otros ámbitos y jurisdicciones, no en la sede de este procedimiento, respecto del cual, ha de reiterarse, solo investiga los fallecimientos y las lesiones, asociados a una actuación negligente".

La magistrada ha dictado varias resoluciones requiriendo información a la Generalitat sobre las personas que tomaron la decisión de mandar el ES-Alert a las 20:11 horas de la noche del martes de 29 de octubre y reclamando a las agencias que estaban vinculadas al Centro de Coordinación de Emergencias, como el 112 autonómico o las estatales Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que aporten los datos que trasladaron al órgano de dirección de la emergencia aquella jornada y en días anteriores. En sus escritos, la jueza expresa que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central", y recuerda que "el Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil".

TE PUEDE INTERESAR

Así fueron las 22 llamadas entre Aemet y Emergencias de la Generalitat el día de la DANA

Víctor Romero. Valencia

La Generalitat que preside el popular Carlos Mazón, que lleva semanas trasladando el relato de que no contaba con información suficiente sobre el nivel de gravedad de la riada, ha contestado a la magistrada que el plan de inundaciones autonómico fija la dirección de la respuesta a la emergencia en la figura del consellera o consellera responsable de Emergencias, en aquella jornada la ya destituida Salomé Pradas, aunque encaja su papel dentro de un "comité de dirección" en el que participan otros responsables públicos como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, algo que esta niega. Añade además una lista de 29 organismos, autonómicos y estatales, representados en el Cecopi.

Tras recibir esa respuesta, la jueza ha requerido además a la Administración autonómica para que informe de si había alguna otra "autoridad" presente antes de mandar el mensaje de ES-Alert y "si se integró" en el Cecopi, el órgano interdepartamental de gestión, en lo que apunta a tratar de conocer qué papel jugó esa tarde el propio Mazón, que se incorporó a la reunión en el Centro de Coordinación de L'Eliana pasadas las siete de la tarde, tras su larga comida en El Ventorro con la comunicadora Maribel Vilaplana. Mazón compareció ante los medios de comunicación dos veces esa noche, una a las 21.30 horas y otra a las 0:30 horas del día 30, ejerciendo de portavoz de la emergencia, junto con Pradas, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

TE PUEDE INTERESAR

La CHJ revela a la jueza que el agua inundó Paiporta antes de que su sensor SAIH captase la crecida

Víctor Romero. Valencia

Ni Mazón ni la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, quisieron este martes anticipar el contenido de la respuesta al requerimiento de la jueza. Camarero señaló a preguntas de El Confidencial en la rueda de prensa tras la reunión habitual del plenario del Consell que Mazón compareció aquella noche "en calidad de presidente de la Generalitat", sin entrar en más detalles. Se limitó a manifestar que responderán a la magistrada "en tiempo y forma" y, después, informarán sobre el contenido de esa respuesta. Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aseguraba que vio a Mazón en el Cecopi "cuando se mandó la alerta".

En sus escritos, la magistrada no termina de ver clara la responsabilidad penal del presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, en el retraso de las obras del barranco del Poyo. "La construcción en áreas inundables o la solución propuesta de la conexión del barranco de Poyo con el cauce del Turia, carecen de relación no solo con los querellados responsables de emergencias, sino con las competencias del presidente actual de la Confederación Hidrográfica del Júcar", señala en respuesta al escrito de personación de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud. Sobre la limpieza del barranco y la influencia que arrastre de la maleza y escombros pudo tener en los casos de fallecimientos, la jueza pide a esa asociación que acredite primero si tiene en sus miembros familiares de fallecidos o lesionados para poder aceptar su personación particular como perjudicados. Y reclama además que fijen el nexo causal de ese efecto de arrastre con los homicidios imprudentes.