La jueza de la DANA apunta a Mazón: pregunta a la Generalitat qué autoridades había en el Cecopi el 29-O

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha requerido a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que le informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de L'Eliana "alguna otra autoridad" distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la Dana, entre su convocatoria, a las 17 horas, y hasta las 20.11 horas, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema ES-Alert.

La magistrada está enfocando la investigación en el retraso en el envío de la alerta a la población, convencida de que una advertencia masiva más temprana podría haber salvado vidas. Ha tomado la decisión de exigir a la Generalitat más información en un auto notificado este lunes a las partes, después de recibir un escrito de la Subdirección General de Emergencias autonómica en respuesta al requerimiento previo donde se reclamaba datos sobre la decisión del envío de esa alerta.

La Generalitat informó a la magistrada en ese escrito la semana pasada que la dirección del plan de inundaciones en la fatídica fecha del 29 de octubre correspondía a la ahora exconsellera de Justicia de Interior, Salomé Pradas, dentro de un "comité de dirección" en el que también participaba la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En ese mismo escrito, Emergencias informaba de las entidades y distintos cuerpos que participaron en la gestión de la emergencia, pero no hizo ninguna mención a la presencia del presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que se incorporó a la reunión pasadas las siete de la tarde, en teoría, pocos minutos antes de que se lanzase a los teléfonos de la población de la provincia de Valencia el mensaje ES-Alert, aconsejando la restricción de movimientos. Mazón había pasada entre las tres y las seis de la tarde en el restaurante El Ventorro, en una comida con la comunicadora Maribel Vilaplana.

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La instructora ha dado tres días hábiles de plazo a la Administración autonómica para que conteste a este nuevo requerimiento y diga si, además, de las personas ya comunicadas formalmente, había más autoridades en esa reunión. "Requiérase a la Conselleria de Interior y Emergencias al objeto de que informe, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje de alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, más allá de la relación de 29 personas y organismos, y se integró en el mismo", señala el auto judicial, de cuyo contenido informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano y al que tuvo acceso El Confidencial.

Mazón, que nunca llegó a declarar la "emergencia catastrófica" como permite la ley valenciana y tomar el mando legal de la emergencia, siempre ha dicho que formalmente no formaba parte del Cecopi, aunque estuvo presente en la tarde-noche en las reuniones de ese órgano y, de hecho, compareció ante los medios de comunicación para informar sobre sus deliberaciones la noche de la tragedia.

Pide más datos a la CHJ

Según fuentes del TSJ, el juzgado ha dictado y notificado otras cuatro resoluciones sobre distintos aspectos del procedimiento. En otra providencia, el juzgado también ha requerido de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le aporte la información requerida en el último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días, pues el contenido del CD que remitió hace unos días "no se corresponde con lo solicitado".

Además, ha requerido a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa. Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños "no se podían evitar", pero "las muertes sí".

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Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa. "Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación de los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento", precisa, invitando a los afectados por daños materiales a que concurran a la vía de las reclamaciones patrimoniales al Estado.

Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones. Del mismo modo, sí acepta la personación en esa condición de acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular. Finalmente, y en contestación a la solicitud de diligencias realizada por otra de las acusaciones populares, Podemos, la magistrada ha acordado librar oficio a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias el pasado 29 de octubre.

Igualmente, pide al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la Dana y de qué poblaciones procedían las mismas.