La asociación de afectados de la DANA pedirá la imputación de cinco cargos de Mazón y el jefe de la CHJ
La jueza de Catarroja se prepara para aceptar la querella colectiva de 109 familias, que solicitarán la citación como investigados de la exconsellera Pradas, Miguel Polo y un técnico clave: Jorge Suárez
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La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia (ADDA/HS) prevé solicitar judicialmente la citación como imputados de cinco cargos y excargos de la Generalitat valenciana, entre ellos la exconsellera popular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el socialista Miguel Polo. La jueza de Catarroja (Valencia) que ha abierto diligencias previas penales para investigar la gestión institucional en la fatídica riada del 29 de octubre que asoló parte de la provincia de Valencia se prepara para aceptar la inhibición en su favor de la querella presentada por esta asociación, que asegura representar a 109 familias de afectados por la barrancada. Fuentes judiciales señalan que la magistrada podría incorporar como acusación particular a ADDA/HS de forma inminente, después de que el juzgado de instrucción 9 de Valencia acordará la pasada semana, con informe a favor de fiscalía, inhibirse en favor del juzgado de Catarroja.
La querella colectiva presentada por el despacho con sede en Madrid, Vilches Abogados, va dirigida inicialmente contra seis personas, entre ellas la exconsellera Pradas; el exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat valenciana, Emilio Argüeso; y el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín. También se ha denunciado a dos altos funcionarios de la Administración territorial, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Comunidad Valenciana, Jorge Suárez; y la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. La lista la completa el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, dependiente del Gobierno de España.
La querella no incluye contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo aforamiento restringe la capacidad de ser investigado por un juzgado de instrucción. El Tribunal Superior de Justicia autonómico ya resolvió rechazar las querellas y denuncias contra el barón popular al entender que no había indicios directos claros por su actuación el 29-O, a la espera de las pesquisas en instrucción. La intención de este colectivo de afectados es, de entrada, solicitar la citación de Mazón como testigo.
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La Asociación de Damnificados solicitará a la magistrada que practique diligencias para que los seis denunciados declaren como investigados para conocer el alcance de su responsabilidad ante lo que consideran que fue una respuesta tardía por parte de Emergencias. Pide que se investiguen presuntos delitos de homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y de omisión del deber de socorro.
La inclusión de los dos funcionarios es un elemento a enfocar. Suárez es un técnico de mucha experiencia, que estuvo en la dirección de emergencias en la etapa del socialista Ximo Puig en la presidencia de la Generalitat y se mantuvo con Mazón tras el cambio político de mayo de 2023. El subdirector era, junto al jefe de bomberos del Consorcio Provincial, José Miguel Basset, el cuerpo técnico de la emergencia. El mando único político corresponde por la ley valenciana de protección civil al conseller competente, en este caso Pradas aquella jornada.
A Suárez se le atribuye por distintos testimonios ser la persona que avisó a sus superiores de la existencia del sistema Es-Alert, que no llegó a los móviles de los ciudadanos hasta las 20:11 horas de la tarde, cuando el agua ya inundaba el grueso de los municipios afectados. Desde poco después del mediodía se registraban desbordamientos más arriba, en las localidades de Utiel (ribera del Magro) y Chiva (cabecera del barranco del Poyo). La declaración de Suárez puede ser determinante para saber qué pasó aquella tarde en el Cecopi, el órgano interdepartamental que gestionó la emergencia.
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La jueza ha ordenado a la Generalitat que preside Mazón, que llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana pasadas las siete de la tarde tras su largo almuerzo con la comunicadora Maribel Vilaplana, que especifique quién dio la orden de mandar el Es-Alert. Es una pregunta que el ejecutivo valenciano se resiste a aclarar en público. La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha señalado que fue una decisión "colegiada" de todos los miembros del Cecopi, incluyendo en ella a la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé. Esta ha recordado, por contra, que el mando único correspondía a la Generalitat.
La magistrada también quiere saber si la Confederación del Júcar transmitió a Emergencias información, de qué tipo y a través de qué canales, sobre la evolución del caudal del Barranco del Poyo entre las 16.13 horas y las 18.42 horas de la tarde del 29 de octubre. En esa franja no se enviaron mensajes automáticos por parte de la CHJ. A las 18.43 horas llegó un correo advirtiendo de una descomunal crecida del barranco. La Confederación y Miguel Polo han explicado que, al margen de los correos electrónicos que genera el sistema, la Generalitat tenía acceso a información de los caudales a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), conectado a la red nacional de Protección Civil y que genera información cada cinco minutos.
El Gobierno sostiene que remitirá esos datos al juzgado para acreditarlos, pero la ausencia de correos electrónicos ha llevado a Mazón y al PP valenciano a denunciar la existencia de un "apagón informativo" de la CHJ para sacudirse la responsabilidad por el retraso en la salida del aviso a la población por el sistema Es-Alert, si bien este todavía se demoró una hora y media desde el mensaje automático de las 18:43 horas.
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En ámbitos judiciales da por hecho que la magistrada de Catarroja aceptará la personación particular de la Asociación de Horta Sud, que se sumará a otras siete acusaciones particulares de familias de afectadas y las que puedan llegar acumuladas desde otros partidos judiciales. La jueza ha acordado exigir sendas fianzas de 6.000 euros a Vox, Podemos y al sindicato CGT -en este último caso tras aceptar la inhibición de unas diligencias previas cursada por un juzgado de Valencia- para permitir que ejerzan la acusación popular en la causa.
Un episodio dantesco
Además, ha encargado una valoración forense de los familiares de las 227 víctimas mortales de la Dana de Valencia que han sufrido daños psicológicos. Estos perjudicados serán citados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para que aporten la documentación médica que tengan y se pueda así evaluar sus daños morales y sus secuelas psíquicas. También serán examinadas por los forenses, tal como establece un auto notificado este martes, las personas que resultaron lesionadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y que precisaron tratamiento facultativo posterior a una primera asistencia sanitaria.
La resolución judicial describe lo ocurrido el pasado 29 de octubre como un "episodio dantesco", como "un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad". Así, recoge que un número relevante de personas vio "desaparecer a sus allegados delante de sus ojos". Eran "padres, cónyuge o hermanos que vieron cómo se les escapaban literalmente entre sus manos" sus seres queridos y resultaban "arrastrados por un torrente de agua y barro". La magistrada cita algunos ejemplos como el de un hombre que pudo poner a salvo a su mujer, pero acabó falleciendo "tras luchar largo tiempo contra el arrastre del agua", o aquellos que fueron testigos de cómo sus parientes bajaban a sus garajes y "jamás volvieron".
De hecho, algunas personas presenciaron como sus familiares perecían "debido a su avanzada edad, peores condiciones físicas o, simplemente, ante la incapacidad humana de soportar la fuerza de la corriente de agua y barro". Además, según reza la resolución, algunas víctimas mortales perdieron la vida "tras haber enviado mensajes de audio de despedida a sus hijos", mientras que otros familiares "llegaban a los domicilios de sus mayores y encontraban sus cuerpos sin vida".
La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia (ADDA/HS) prevé solicitar judicialmente la citación como imputados de cinco cargos y excargos de la Generalitat valenciana, entre ellos la exconsellera popular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el socialista Miguel Polo. La jueza de Catarroja (Valencia) que ha abierto diligencias previas penales para investigar la gestión institucional en la fatídica riada del 29 de octubre que asoló parte de la provincia de Valencia se prepara para aceptar la inhibición en su favor de la querella presentada por esta asociación, que asegura representar a 109 familias de afectados por la barrancada. Fuentes judiciales señalan que la magistrada podría incorporar como acusación particular a ADDA/HS de forma inminente, después de que el juzgado de instrucción 9 de Valencia acordará la pasada semana, con informe a favor de fiscalía, inhibirse en favor del juzgado de Catarroja.