El juez procesa al hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad en subvenciones de la Generalitat

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha iniciado el procedimiento abreviado con la intención de sentar en el banquillo a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y a uno de sus socios comerciales, Juan Enrique Adell Bover, por los presuntos delitos de estafa y falsedad en la elaboración de facturas para justificar ayudas públicas de la Administración autonómica recibidas entre 2015 y 2018, cuando el actual embajador de España ante la OCDE ocupaba el cargo en Valencia.

Tras una larga instrucción en la que el Partido Popular valenciano ha ejercido la acusación popular, el magistrado considera que hay indicios suficientes para incoar el juicio oral y ha perdido a la Fiscalía y al resto de partes que se pronuncien formulando escrito de acusación y en su caso práctica de nuevas diligencias, para lo que tienen diez días hábiles. El auto judicial, al que tuvo acceso El Confidencial, está fechado el pasado martes 28 de enero, aunque se ha conocido este viernes, el día que arranca el congreso del PSPV-PSOE y tiene que revalidar el liderazgo de Diana Morant como secretaria general de la federación valenciana.

La propia Fiscalía Anticorrupción propuso en julio del año pasado la apertura de juicio contra Francis Puig y Adell Bover por considerar que ambos habrían participado en la simulación de facturación con el fin de justificar la percepción de las ayudas públicas o que se habrían imputado gastos que no tenían nada que ver con la actividad de producción de contenidos en valenciano, como facturas telefónicas no subvencionables o de reparaciones de vehículos y repostajes ajenos a las empresas receptoras de las subvenciones, incluida facturas de gasoil agrícola, completamente ajenas al concepto subvencionable.

Las cantidades defraudadas ascenderían a 110.691 euros en los cuatro ejercicio investigados

El juez considera acreditado ese relato de la Fiscalía. Señala que Francis Puig solicitó las subvenciones como administrador de las mercantiles Comunicacions dels Ports y Masmut Produccions y que se incorporaron a la facturación con empresas vinculadas facturas duplicadas y cruzadas. El magistrado considera que Masmut era "una empresa ficticia e instrumental y no cumplía el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones". Sobre Juan Enrique Adell Bover, a su vez administrador de Canal Maestrat y la sociedad Kriol, señala que aportó facturación de sus sociedades a las subvenciones obtenidas por Francisco Puig Ferrer con Comunicacions dels Ports.

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Las cantidades indebidas percibidas por las dos empresas de Francis Puig en los cuatro ejercicios investigados ascenderían a 43.239,48 euros. Las de Canal Maestrat, de Adell Bover, sumarían 24,264,65 euros, según el cuadro recogido en el auto judicial. No obstante, el total de lo presuntamente defraudado ascendería a 110.691 euros, señala el escrito del juez. Las cifras son inferiores a los 120.000 euros anuales que marca la ley para el fraude en subvenciones, pero el juez no propone procesarlos por este delito, sino por la falsedad en los documentos y la estafa.

"Los hechos punibles objeto del procedimiento descartan la comisión de un delito de fraude de subvenciones. La cantidad defraudada implica que no se alcanza el importe de 120.000 euros, atendiendo al tipo penal vigente en el momento de comisión de los hechos. Ello no obsta, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en un escrito que de forma profusa desgrana los hechos y los indicios que obran en la causa contra los investigados Francisco Puig Ferrrer y Juan Enrique Adell Bover, que no concurran en el presente caso indicios claros de la comisión de otros dos tipos penales, estafa y falsedad, que justifiquen el dictado del auto de procedimiento abreviado", afirma el magistrado.

“Las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados", añade.

Entras las facturas indebidamente aportadas para justificar gastos se incluyeron las del alquiler de un almacén en Morella (Castellón) que era propiedad del padre de los hermanos Puig, ya fallecido. También, según relata el juez, se aportaron contenidos para justificar ayudas en valenciano que en realidad se habían elaborado en castellano o vídeos que habían sido creados antes de la fecha que se indica en el objeto y eran para el canal Terres de l’Ebre, ajeno al objeto de la convocatoria de la Generalitat valenciana. El magistrado considera que estas facturas que correspondían con gastos no subvencionables.

Las defensas de los dos investigados han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones, pero el juez lo ha rechazado. El auto, de 42 páginas, no es firme y puede ser recurrido en reforma.