Los incendios de Portugal y la borrasca Boris limitan el acceso de España al fondo de la UE para la DANA
Carlos Cuerpo afirma que la próxima semana se cerrará el cálculo de daños para poder elevar a Bruselas la petición de acceso al mecanismo de solidaridad. El Ivie cifra el impacto total en 17.000 millones
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El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ayudará al Reino de España a captar financiación para sufragar la reconstrucción de los municipios de la provincia de Valencia afectados por la DANA del 29 de octubre, pero su contribución puede que no cubra las expectativas que se están poniendo sobre la mesa en el ecosistema regional. A través de una carta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno comunicó el pasado 4 de noviembre a la comisaria de Cohesión y Reforma, Elisa Ferreira, su intención de solicitar el acceso al mecanismo comunitario de ayudas, algo que todavía no ha hecho. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, puso el foco en el fondo de la UE este pasado lunes, al cuestionar que todavía no se haya elevado una petición formal de ayudas, y el Gobierno ha replicado que está apurando el plazo de doce semanas desde la comunicación inicial para detallar al máximo los costes de daños con el fin de justificar la solicitud y obtener todos los recursos posibles.
Sin embargo, estos recursos están limitados por el propio tamaño del fondo y por 'competencia' con otros países de la UE que también han sufrido catástrofes en el tramo final del año. Fuentes gubernamentales señalan a los incendios que Portugal sufrió el pasado mes de septiembre y las fuertes inundaciones provocadas por la borrasca Boris en Austria, República Checa, Eslovaquia e Italia generaron cuantiosos daños económicos que también se cubrirán en parte con el Fondo de Solidaridad, que ha elevado su dotación para 2025 de 1.124 a 1.500 millones, un incremento que el Gobierno que preside Pedro Sánchez asegura que ha ayudado a propiciar con sus negociaciones en Bruselas.
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El Ejecutivo español también ha propuesto a la Comisión Europea una modificación del Plan de Recuperación y Resiliencia para redirigir los fondos disponibles a la “reconstrucción y relanzamiento” de la economía valenciana por valor de 1.500 millones de euros. Una actualización de los usos de los fondos de cohesión a través del mecanismo Restore (3.000 millones para toda Europa) y de los Fondos Feder, para países afectados por catástrofes, son las otras vías de captación de financiación europea que tienen las Administraciones públicas para cubrir los costes de la reconstrucción por la DANA.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que este viernes se reunió con organizaciones empresariales (CEV, Cámara de Comercio, Confecomerç…), detalló que parte de los fondos de recuperación se canalizarán hacia el proyecto estratégico (Perte) de propicia la implantación en la provincia de Valencia de iniciativas ligadas al sector de la fabricación de vivienda industrializada, para el que algunas compañías tienen planes de expansión en España.
Sobre el Fondo de Solidaridad de la UE, Cuerpo aseguró que el Gobierno está trabajando en hacer un análisis "pormenorizado" de los daños económicos provocados por la emergencia y en elaborar la justificación y la documentación "que sustenta esa petición de ayuda". "En las próximas semanas tendremos esa cifra delimitada. Pero no estamos esperando a tener esas cantidades para avanzar", en obras de reconstrucción. "Lo estamos haciendo a pulmón. Cuantas más ayudas lleguen de Europa mejor, aunque no es algo de los que estemos pendientes", señaló. El ministro admitió que "el perímetro del Fondo de Solidaridad" está "muy por debajo de las consecuencias del coste de la reparación" y que será "compartido por otros eventos catastróficos". "Somos conscientes de que es un fondo a repartir entre los Estados miembros".
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Sobre el impacto económico de la riada del pasado 29 de octubre, este viernes se conoció también una estimación elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que calcula en unos 17.000 millones de euros el daño económico sobre los activos de capital, tanto públicos como privados, de los municipios afectados. E informe, presentado por los responsables del think tank, Francisco Pérez y Joaquín Maudos, señala que el coste de la reconstrucción será mayor que el impacto relativo sobre el PIB, que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha calculado en unas seis décimas (9.500 millones de euros).
"La verdadera razón de estos retrocesos estimados tan moderados no es que los impactos de las inundaciones sean escasos, sino que el PIB no capta las consecuencias iniciales de un desastre natural como este: al ser una medida bruta de valor añadido, no tiene en cuenta la destrucción de activos sufrida", afirma el Ivie. "Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otras crisis, esa depreciación súbita es la consecuencia más grave de las inundaciones a corto plazo. Durante la pandemia no sucedía lo mismo, porque la actividad quedaba restringida y, en algunos sectores, eliminada para combatir al virus, pero los activos permanecían intactos", matiza.
Cuerpo he defendido también la gestión de las ayudas públicas y las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, con más de 1.400 millones de euros ya abonados a los afectados (por más de 60.000 vehículos y 3.500 comercios o empresas), y ha señalado que le produce "rubor" la comparación que el jueves hizo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con las ayudas públicas de 24 millones que el Gobierno ha anunciado para la franja de Gaza. Según señaló el ministro, las manifestaciones de Mazón están "desacompasadas de la realidad", a la vez que criticó el "cierto tufo racista en ese ''tuit" del comentario del PP en redes sociales en el que señalaba que "si pides la ayuda en árabe llega antes".
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ayudará al Reino de España a captar financiación para sufragar la reconstrucción de los municipios de la provincia de Valencia afectados por la DANA del 29 de octubre, pero su contribución puede que no cubra las expectativas que se están poniendo sobre la mesa en el ecosistema regional. A través de una carta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno comunicó el pasado 4 de noviembre a la comisaria de Cohesión y Reforma, Elisa Ferreira, su intención de solicitar el acceso al mecanismo comunitario de ayudas, algo que todavía no ha hecho. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, puso el foco en el fondo de la UE este pasado lunes, al cuestionar que todavía no se haya elevado una petición formal de ayudas, y el Gobierno ha replicado que está apurando el plazo de doce semanas desde la comunicación inicial para detallar al máximo los costes de daños con el fin de justificar la solicitud y obtener todos los recursos posibles.