Un juez investiga en plena DANA contratos de la empresa de agua de la Diputación de Valencia

El juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha abierto una causa judicial para investigar los procedimientos de contratación de la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), la compañía participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (grupo Global Omnium). Las diligencias de investigación se iniciaron el pasado julio tras la recepción de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia, que a su vez había recibido una denuncia anónima con los hechos bajo instrucción.

Hay en vigilancia 24 contratos de la empresa mixta. El juez ha requerido los expedientes a la mercantil semipública, que ya se los ha remitido, y están en fase "muy inicial" de estudio, según fuentes judiciales. La documentación es "muy voluminosa" y tiene que remitirse también a la Fiscalía para su análisis antes de ordenar nuevas actuaciones. Los posibles delitos a los que se hace referencia en la denuncia son los de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y cohecho.

Por el momento, no se ha citado a ninguna persona como investigada. Las diligencias se instruyen en pleno momento de efervescencia de contratación por parte de Egevasa tras la DANA que devastó una parte de la provincia de Valencia y ha provocado 223 muertos y tres desaparecidos. La empresa de aguas se ha encargado de asumir por la tramitación de emergencia los contratos para la extracción y limpieza de lodos en sótanos y garajes privados, y también en colectores y depuradoras junto con la autonómica Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat.

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No obstante, la denuncia que investiga el juzgado no hace referencia a estos contratos, sino a otros licitados de obras y servicios entre los años 2018 y 2022, previos al cambio de mayorías en la corporación tras las elecciones locales de mayo de 2023, cuando pasó del PSOE y Compromís al PP y Ens Uneix, el partido del exsocialista y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que fue presidente de la Diputación de Valencia hasta que dimitió en 2018 a consecuencia de un proceso judicial del que resultó absuelto finalmente.

En la denuncia que la Fiscalía de Valencia ha remitido al juzgado se explica que Egevasa, pese a su accionariado compartido entre la corporación provincial y Global Omnium, es en realidad una sociedad de carácter público y gestiona fondos que revisten esta condición. Por tanto, tiene la obligación de respetar los trámites y las reglas establecidas en la normativa de contratación pública.

Se investigan los contratos adjudicados entre el año 2018 y el año 2022

La denuncia expone un presunto entramado de irregularidades en los procesos de contratación pública que podrían constituir diversos delitos, incluyendo prevaricación, cohecho y fraude en la contratación por la desviación de fondos públicos hacia empresas vinculadas al grupo Global Omnium, sin respetar los criterios de concurrencia de la ley de contratos.

Entre las posibles vulneraciones de la norma de contratación se cita la utilización de procedimientos negociados en supuestos en los que no concurren los requisitos legalmente establecidos, o la ausencia reiterada de división en lotes del objeto de los contratos y el incremento artificial de solvencia producido al realizar licitaciones conjuntas con entidades del sector privado. Pese al cambio político, Egevasa ha seguido haciendo licitaciones conjuntas vinculadas al grupo Global Omnium.

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Uno de los aspectos destacados en la denuncia es la participación de empleados de Global Omnium en los procesos de contratación de Egevasa. Aunque estos empleados no forman parte de la plantilla oficial de la empresa pública, habrían intervenido de manera activa en distintas etapas de las licitaciones, desde la apertura de plicas hasta la valoración de ofertas. Uno de los contratos es el adjudicado a Medición Avanzada de Contadores, S.A., una filial de Global Omnium, por empleados que también trabajan para el grupo. Según la denuncia remitida al juez por la Fiscalía, esto evidenciaría un conflicto de intereses directo.

Entre los expedientes bajo investigación figura el de la renovación de la red de abastecimiento en Cheste a Chiva, que, según se relata, contó con la supervisión de personal de Global Omnium, quienes actuaron como parte de la unidad de contratación de Egevasa. Lo mismo ocurrió en el caso de varios contratos vinculados a actuaciones en Ontinyent.

Según el análisis incorporado a la denuncia, entre 2020 y 2023 se adjudicaron 12,2 millones de euros en obras, de los cuales el 36% fue para empresas del grupo Global Omnium y el 63% para Construcciones Micó Ferrándiz, "estrechamente vinculada" al grupo como proveedor. En el apartado de servicios, de 11,2 millones de euros, el 75% recayó en empresas de Global Omnium. En contratos de suministros, de 80,6 millones adjudicados, el 48% fue para Global Omnium y otros 8,4 millones para Micó Ferrándiz.