El TSJ acumula las denuncias contra Mazón por la DANA y da dos días al fiscal para pronunciarse

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha notificado este viernes una providencia por la que acuerda acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA que el 29 de octubre pasado provocó la muerte de 223 personas, tres desaparecidos y millonarios daños materiales públicos y privados.

Según informó este viernes el alto tribunal autonómico, la providencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, estima que las denuncias abordan todas ellas los mismos hechos y resuelve unificarlas para dar traslado a la Fiscalía. El Ministerio Público tiene dos días para pronunciarse sobre la competencia del TSJ y la admisión o inadmisión de los escritos presentados. Mazón, como jefe del Consell y diputado autonómico, es aforado y solamente puede ser investigado por el alto tribunal valenciano en el que caso de que haya elementos incriminatorios de peso en el contenido de las denuncias para iniciar una causa. Muchas de ellas se presentaron en los primeros días tras la DANA.

Al tratarse de un aforado, hay jurisprudencia que fija la necesidad de que se incorporen en las querellas o denuncias elementos incriminatorios importantes e indicios reforzados para poder abrir las primeras diligencias de investigación. Hay jurisprudencia al respecto. En diciembre de 2020, la misma Sala acordó la inadmisión de las denuncias y querellas presentadas contra el entonces presidente de la Generalitat, el socialista, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la gestión de la pandemia de Covid-19, al no apreciar indicios suficientes de delito para incoar diligencias.

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Según señalaba aquel auto, a partir de jurisprudencia del Tribunal Supremo, los hechos atribuidos a las personas aforadas en las denuncias resultaban "insuficientes presentando un alto grado de generalidad" y carecían "de la necesaria concreción para la integración en los tipos penales" denunciados. "Ni la prevalente posición de la aforada en la estructura jerárquica de la Administración autonómica, ni la objetiva constatación de la infracción de un deber legal, pueden ser suficientes para precipitar la incoación de un proceso penal ante esta Sala", puntualizaba sobre Barceló.

Entre los denunciantes hay representantes de despachos penalistas especializados en causas colectivas y también dos escritos de la Confederación General de Trabajo contra el barón popular. Se trata en total de siete denuncias o querellas. La Sala también ha dictado providencias dando por personados a los denunciantes.

La resolución judicial dispone abocar la decisión sobre la causa al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal, que está integrado por la Presidenta de la propia Sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados, conforme a las normas de reparto.