Janis, la joven con la cuenta embargada por no poder pagar el rescate tras un intento de suicidio

El dolor, la estupefacción y la tristeza que Janis Lago sintió en marzo de hace un año solo podía superarse con lo que le ocurrió la semana pasada. Esta joven de 29 años y por entonces vecina de Alicante recibió el cobro de 211,43 euros tras ser rescatada por los Bomberos tras un intento de suicidio en abril de 2022. De aquella, se armó tal revuelo en redes sociales que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, se comprometió públicamente a cerrar de oficio su expediente y modificar la ordenanza municipal para que esto no volviera a suceder. El regidor le trasladó que ella no tendría que abonar nada.

No fue así. El domingo pasado, Lago fue a tomarse un café y cuando fue a pagar, le denegaron la tarjeta. Al día siguiente descubrió que le habían embargado la cuenta por no poder hacer frente al cobro de lo primeramente adeudado, cifra a la que se sumaban más de 50 euros por la demora. "Estoy muy cansada y enfadada con esta situación, sobre todo por su incompetencia", dice todavía algo compungida. Tras volver a denunciar en redes sociales lo sucedido, el ayuntamiento ha saldado la deuda de la joven, según confirman fuentes municipales a El Confidencial. Ante este tipo de hechos, los expertos piden a la administración que no pongan trabas a las víctimas.

Todo se remonta a casi tres años atrás. La joven padece fibromialgia con fatiga crónica. Beber un vaso de agua o darse una ducha son acciones cotidianas para la mayoría de las personas que apenas conllevan esfuerzo, pero para los pacientes que padecen esta patología todo supone un mundo. Entonces, Lago vivía una situación muy compleja. Estaba de baja laboral y sufría muchísimos dolores físicos. “Estaba muy desanimada, sobre todo por no ver salida a mi dolor”, recuerda. Fue entonces cuando intentó suicidarse, pero antes mandó un mensaje a un familiar, una “especie de despedida” que hizo saltar todas las alarmas. A su domicilio acudieron los bomberos para rescatarla y terminó en el hospital.

El acompañamiento y cariño que recibió de sus allegados hizo que Lago pudiera comenzar a superar aquella experiencia, hasta que en marzo de 2023 se encontró en su buzón una carta de la Concejalía de Hacienda de Alicante. En ella, le avisaban de la obligación de abonar en un plazo máximo de 15 días los gastos acarreados por su rescate. En concreto, 211,43 euros, en donde 6,25 euros eran por una hora de trabajo de un cabo y 43,76 euros correspondían al trabajo desempeñado por ocho bomberos en una hora. A ello se añadía 47,08 euros por la salida de un camión autobomba y 33,63 euros por su entrada, los mismos importes que le cobraban por la salida y entrada de un coche escalera.

Efectos de la denuncia pública

"Decidí publicar la carta en mis redes sociales porque era un despropósito. Ni podía pagarlo ni quería hacerlo", comenta Lago. Varios medios de comunicación se hicieron eco de su historia. Gracias a los artículos, según cuenta, recibió una llamada esa misma noche del jefe de prensa del ayuntamiento. Le informó de que ya se habían puesto manos a la obra para cerrar de oficio el expediente. "Más tarde me llamó el alcalde y me dijo que mi caso había sentado un precedente y, que ellos supieran, nunca había sucedido algo así. Me aseguró que la ordenanza no estaba actualizada y que la iban a modificar", continúa Lago.

De hecho, el regidor llegó a trasladar a los periodistas públicamente esta decisión. "Ya he encargado que se prepare el expediente de modificación de la ordenanza de tasas municipales para que se contemple la exención expresa de aquellos supuestos en los que los bomberos como servicio público intervienen y donde la intervención tiene por objetivo salvar vidas o la integridad física de las personas", declaró Luis Barcala.

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Asimismo, afirmó que reconducirían de oficio el caso concreto de Lago para que no tuviera que abonar esa tasa. También señaló que la modificación de la ordenanza tendría carácter retroactivo, por lo que se podrían beneficiar de ella todas las personas con expedientes de este tipo abiertos o en tramitación. "Con certeza no es el único caso ni lo será", señaló el alcalde. "Ahí me quedo más tranquila, no solo me lo comentan por llamada, también lo cuentan a los medios", recuerda ahora Lago.

El mismo 14 de marzo de 2023, la cuenta en X del Ayuntamiento de Alicante publicó que se "revisará el caso del cobro de una tasa de Bomberos por un intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida. No todos los casos son iguales".

Cuenta embargada

Por aquel entonces, a Lago le pareció que el trance ya estaba superado. "En esa primera carta sentí una sensación de culpa horrible, no entendía nada, tenía vergüenza, mucha tristeza y rabia", describe. Además, se percató de que seguramente ella no era la única persona que había vivido una situación similar. "Yo lo dije públicamente porque estoy acostumbrada al uso de redes sociales y a favor de este tipo de denuncias, pero habrá mucha gente sin estas opciones que al final lo pague", comenta la joven, integradora social.

Se quedó tranquila, no solo se arreglaría su situación, sino que con la modificación de la ordenanza a ninguna otra persona le volvería a suceder algo parecido. No sabía que iba a tener que rememorar lo sucedido prácticamente un año después y sentir de nuevo "rabia, tristeza y frustración".

"Vi que el embargo venía por parte de la Diputación de Alicante. Yo ya no vivo ahí, este año, en octubre, me mudé con mi madre a otra ciudad, y hasta entonces no llegó ninguna notificación física a mi antigua casa. Cuando entré en la intranet de la Diputación con mi autentificación, entendí todo", cuenta Lago. Al buscar las notificaciones desde marzo de 2023, vio que este junio se había emitido una comunicación que rezaba apremio por embargo con intereses de demora y recargo. La cifra adeudada había aumentado hasta los 267,79 euros.

Además de no poder hacer frente a este pago, Lago indica que también se niega a efectuarlo, como defendió el año pasado. "Mi dinero está retenido y no puedo hacer uso de mi cuenta bancaria. Necesito conseguir el dinero, porque estoy desempleada desde hace más de un año, para desbloquearla, pagar y luego reclamarlo. Ya han intentado domiciliarme algunos cobros y los han rechazado, así que comenzarán otros recargos por demora", precisa.

El Ayuntamiento abona la deuda

La única comunicación que la afectada ha recibido desde que volviera a hacer pública su situación ha sido por parte del jefe de prensa del Ayuntamiento de Alicante. “Me dijo que no entendía nada de lo que había sucedido y que de manera urgente se iba a hacer cargo de ello”, señala la joven, que no oculta su enfado y tacha de “desfachatez” el proceder de la administración.

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El Ayuntamiento de Alicante, según han confirmado fuentes municipales, ya ha abonado la deuda. Lago explica que efectivamente la notificación que tenía ha desaparecido, pero que el estado de la cuenta de momento sigue igual. En cuanto Lago denunció su situación, se exploraron "todas las fórmulas posibles para exonerar del pago de la tasa a esta joven", explican desde el equipo de Gobierno municipal. El Consistorio además estudia por qué motivo "ese expediente pasó a recaudación por vía ejecutiva cuando se había dado la orden de que se suspendiera el cobro de la tasa".

Lago se siente bien psicológicamente. “De este tema hace ya mucho tiempo, y te remueve mucho. Parece que no puedo seguir adelante con mi vida por la incompetencia de esta gente. Además, es muy desagradable leer las barbaridades que algunas personas escriben en las redes sociales”, apunta. Lago se refiere a los mensajes de odio que está recibiendo, al igual que sucediera en marzo de 2023: "Me dicen cosas como que ahora ya tengo un motivo para suicidarme, que no tener ni 200 euros en la cuenta es para matarme, que soy una desagradecida porque me han salvado la vida y me estoy quejando o que simplemente es una llamada de atención por mi parte", enumera.

¿Qué dicen los expertos?

Daniel J. López es psicólogo sanitario y preside la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio, llamada Papageno. En su opinión, esto es una "clara revictimización". "Esta persona tuvo una crisis y luego la administración por un error vuelve a hacerle vivir el mismo trauma", afirma. Las consecuencias de esta revictimización se resumen en una "deshumanización", donde la persona se siente "realmente impotente" ante un "poder superior" en el sentido de que le embargan la cuenta. "Puede ser, en cierta manera, una especie de profundización en lo que se denomina indefensión aprendida, por lo que haga lo que haga siempre tiene una consecuencia negativa", ahonda.

Más allá de la revictimización, esto puede generar rechazo. "Si aquellas personas que tú piensas que deben protegerte te hacen daño, genera desconfianza. Imagino que la próxima vez le costará muchísimo más llamar a la administración, no porque le cobren, sino por la desconfianza que se produce. Ya no lo vive como un recurso de ayuda, sino incluso como un posible enemigo y en el suicidio, la petición de ayuda es superimportante", detalla.

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"Todos vamos a estar de acuerdo en que es un tema mucho más visible, pues hace cuatro años no estaríamos teniendo esta conversación. Estamos hablando de una mayor visibilidad, pero realmente las respuestas que se le dan a este tipo de problemas es pobre y muchas veces un blanqueamiento de imagen de la administración. Es un proceso de deshumanización, de no entender que la persona que tenemos enfrente está sufriendo", razona.

Por tanto, a pesar de que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, el experto apuesta por mejorar el trato de las personas con conductas suicida. Esto no solo ocurre en los bomberos, realmente el trato que se le da "no es el mejor" por las largas listas de espera y porque realmente "no se está haciendo un esfuerzo" más allá de la creación del 024 y de la aparición de múltiples protocolos.