Mazón negocia con Montero manga ancha con el déficit y deuda para la reconstrucción de la DANA

La Generalitat valenciana negocia con el Ministerio de Hacienda fórmulas de financiación y la flexibilización de las reglas fiscales, con el objetivo de ampliar la capacidad de déficit y endeudamiento de la Administración autonómica y abordar los gastos extraordinarios generados por el impacto de la devastadora DANA del pasado 29 de octubre. El Consell que preside el popular Carlos Mazón ha decidido prorrogar las cuentas de 2024, que tenía que haber presentado el pasado 31 de octubre, con el fin de ganar tiempo y poder elaborar un nuevo presupuesto para el año 2025 adaptado a las nuevas circunstancias. Se estima que la Generalitat tendrá que destinar cientos millones de euros a las tareas de reconstrucción que no estaban contemplados en las previsiones que manejaba hasta el día de la tragedia. Este mismo martes, el Consell ha aprobado un decreto para la concesión directa de 100 millones de euros en ayudas urgentes dirigidas al mantenimiento del empleo y a la reactivación económica de aquellas empresas que se hayan visto afectadas por la riada. Este dinero se repartirá entre este año y el año que viene.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado abierta a descontar de las obligaciones de déficit tanto del año 2024, como del 2025, los gastos extraordinarios de la DANA. Así lo ha manifestado en sus comparecencias parlamentarias. El real decreto del pasado 11 de noviembre de medidas urgentes habilitado por el Gobierno para responder a la tragedia contempla que "los gastos excepcionales" de la Generalitat derivados de la respuesta a la tragedia computen "de forma separada" a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. El mismo texto legislativo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que el Consejo de Ministros adoptará las medidas oportunas para facilitar el acceso a la financiación de la Generalitat para afrontar esos gastos.

El levantamiento de la barrera del déficit (del 0,1% sobre el PIB para el año que viene) todavía no se ha producido formalmente. Es algo a lo que aspira el gobierno autonómico, abocado a elaborar unas cuentas expansivas tanto en partidas de inversión como de subvenciones, ayudas públicas y máxima optimización de fondos procedentes de la Unión Europea. Fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman que, a la espera de contar con la autorización de la Comisión Europea, la idea es que "todos los gastos" vinculados a la DANA no computen a efectos de las reglas fiscales.

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De entrada, las distintas conselleries y empresas públicas con competencias en la respuesta se están lanzando a adjudicar contratos de emergencia. Solo la recuperación de la red de Metrovalencia exige a Ferrocarrils de la Generalitat una inversión inicial de 100 millones de euros. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) ha publicado otro centenar de millones en contratos de reparación de depuradoras. La vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, informaba el pasado 19 de noviembre que se habían tramitado hasta esa fecha una cincuentena de contratos por la vía de urgencia por importe de 237 millones de euros.

Las tareas de recuperación van a ser un nuevo test de estrés para el aparato burocrático autonómico, que ya ha sufrido duras críticas por la gestión de la emergencia, que ha costado el puesto en la Conselleria de Justicia a Salomé Pradas y a la de Innovación e Industria, Nuria Montes.

El vicepresidente Gan Pampols y los nuevos consellers toman posesión en un ambiente enrarecido

El nuevo Consell de Carlos Mazón ha tomado posesión este martes en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat en un ambiente muy enrarecido, entre la solemnidad del acto oficial y el desastre humano y material que se vive a muy poca distancia, especialmente en el sur metropolitano de la ciudad de Valencia, donde los alcaldes de poblaciones como Paiporta, Sedaví, Catarroja, Massanassa o Benetússer reclaman una mejor coordinación a la Generalitat para tratar de recuperar una cierta normalidad, sobre todo en la recuperación de viviendas, sótanos y garajes privados, o en la escolarización de niños y adolescentes, en muchos casos sin colegios o institutos en condiciones.

La muerte de un operario en el colegio Lluís Vives de Massanasa y las versiones contradictorias del Ayuntamiento que dirige el popular Paco Comes y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, sobre las condiciones en las que se podía trabajar en ese centro evidencian esa tensión. Los alcaldes han pedido incorporarse al Cecopi, el órgano interinstitucional que coordina la emergencia, para poder trasladar su situación y necesidades de primera mano.

El barón popular Carlos Mazón está tratando de sacudirse de encima el debate sobre la gestión del día 29 de octubre, el retraso en el envío de la alerta móvil a la población hasta las 20:11 horas y su polémica comida hasta las seis de la tarde con la periodista Maribel Vilaplana. Quiere superar esa pantalla y entrar en otra fase política. Este martes en la toma de posesión del nuevo gobierno ha asegurado que uno de sus objetivos es "rediseñar los sistemas" de respuesta a las emergencias y situaciones de crisis, también en lo que se refiere a las alertas. Mazón ha insistido en que su primer objetivo es enfocar todos los esfuerzos en la reconstrucción, con las "máximas garantías de coordinación" y para que "los que vengan después no tengan que sufrir lo que nosotros hemos sufrido".

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El vicepresidente encargado de la reconstrucción, el teniente general retirado del Ejército de Tierra, Francisco Gan Pampols, que ha jurado el cargo en valenciano, tiene la tarea de coordinación de los distintos departamentos de la Generalitat implicados en las tareas de reparación, si bien los consellers han conservado sus competencias. Juan Carlos Valderrama, nuevo conseller de Emergencias e Interior, mantendrá la presidencia del Cecopi, aunque Gan Pampols podrá asistir. Marián Cano, consellera de Innovación e Industria, tiene bajo su dirección las políticas de ayuda al tejido productivo.

Gan Pampols contará con un grupo de altos cargos a su servicio, entre ellos general de brigada Venancio Aguado, que será secretario autonómico. Para las tareas administrativas, Mazon ha puesto a su disposición de Gan Pampols, al equipo de la Subsecretaría de Hacienda, en el departamento de Ruth Merino, a la que ha liberado de parte de su trabajo al reubicar en la Conselleria de Justicia, ahora dirigida por Nuria Martínez Sanchis, las competencias de Función Pública, la relación con los funcionarios.