Gobiernos de PP y PSOE rechazaron enmiendas para drenar el barranco maldito de la DANA

Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el de Mariano Rajoy dieron prioridad en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) a las obras de adecuación y drenaje del barranco del Poyo de Valencia, el cauce seco por el que el pasado martes 29 de octubre bajaron miles de metros cúbicos de agua por segundo y anegaron la comarca de L'Horta Sud, con el resultado de más de dos centenares de muertos. La Confederación Hidrográfica del Júcar elaboró en 2006 un proyecto revisado de actuación en ese encauzamiento natural de los torrentes de agua de lluvia procedentes del interior, en una iniciativa maldita que se arrastra desde los años noventa del siglo pasado y no se ha logrado ejecutar pese a los riesgos detectados de inundación en sus municipios de afección.

Sin embargo, enmiendas presentadas por Compromís a las cuentas de 2017, 2022 y 2023 para realizar una dotación mínima de recursos para arrancar los estudios y hacer una primera planificación plurianual de dotación de recursos fueron desestimadas en el trámite de negociación de las cuentas, según reflejan las ponencias sobre los respectivos proyectos fechadas en mayo de 2017 (Gobierno de Mariano Rajoy) y en noviembre de 2022 (Gobierno de Pedro Sánchez).

La zona ha sufrido inundaciones históricamente, aunque nunca se han registrado tan devastadoras como las de hace menos de quince días, clasificadas por los expertos en hidrología como un fenómeno con un periodo de retorno de 1.000 años: es decir, que podrían ocurrir con una probabilidad de una vez por milenio. El botánico y científico Antonio José Cavanilles (1775-1804) ya dejó crónicas escritas sobre inundaciones en Chiva por el barranco del Poyo que causaron "muchísimas desgracias" en 1775.

El PP en 2017 rechazó una enmienda de Bataller (Compromís); el PSOE otra de Baldoví en 2022

Ya en democracia, se planteó en primera instancia construir una presa en Cheste, pero las presiones en el municipio por los planes de expansión urbanística, en especial en suelos calificados como terciarios, industriales o logísticos, frenaron esa propuesta. La aprobación, en 1995, de un proyecto de "obra dura" para solucionar el problema generó también rechazo social por los efectos sobre el parque natural de la Albufera.

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El proyecto alternativo de la CHJ revisado en 2006, todavía sin ejecutar, está planificado para un modelo hidrológico de 500 años de periodo de retorno, es decir, no habría sido suficiente para frenar el tsunami que llegó desde las montañas de media altura del interior, aunque lo habría mitigado.

La CHJ encargó a la ingeniería valenciana Aminsa una alternativa basada en la mejora hidroforestal, reforestación, micropresas y corredores verdes, presas de sacrificio y encauzamiento y conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia. El coste de la obra superaba los 100 millones de euros, cuando finalizó la consultoría de ingeniería en 2006, con una reducción del riesgo de inundación en las poblaciones situadas en el ámbito de los barrancos Pozalet, Saleta y Poyo en esos 500 años de periodo de retorno. La reformulación se había hecho con el consenso de la Generalitat valenciana y los ayuntamientos implicados.

La llegada de la crisis subprime y el pinchazo inmobiliario ahogó los proyectos de inversión pública aparentemente no prioritarios en el tramo final de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la primera de Mariano Rajoy a partir de 2011, con fuertes recortes en algunas partidas.

Sin embargo, el diputado de Compromís en el Congreso, Enric Bataller, presentó para las cuentas de 2017, tras las elecciones de 2016 de las que salió el segundo Gobierno de Mariano Rajoy, una enmienda a los PGE con el fin de dotar de 200.000 euros para una primera partida en estudios de elaboración del proyecto de ejecución bautizado como "Adecuación Ambiental y Drenaje de la Cuenca del Poyo vertiente a la Albufera", pero fue desestimada.

En las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 para 2023, la partida básica de 200.000 euros sí aparecía, pero la formación valencianista presentó una nueva enmienda con el fin de introducir una programación plurianual de crédito para un proyecto "del que no se ha ejecutado ninguna actuación para paliar los graves riesgos de inundación". Además de esos 200.000 euros, las cantidades propuestas en la enmienda, firmada por Joan Baldoví, estaban lejos de cubrir el coste total previsto para la ejecución completa: 3,8 millones de euros en 2024; 3,8 millones en 2025 y 4,8 millones de euros en 2026. Pero eran algo.

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Este dinero se justificaba para iniciar la redacción/revisión de proyectos, adecuar entre 2024 y 2025 la zona verde inundable de Quart de Poblet y en 2025 la rambla de Pozalet como vía verde en Quart de Poblet y Riba-roja del Turia, sobre una estimación de actuaciones pendientes de realizar por el Ministerio para a Transición Ecológica (Miteco) de 105 millones de euros a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dentro del programa de gestión de infraestructuras del agua.

En el texto legislativo se justificaba la petición de crédito por "las graves inundaciones que se han producido histórica y recurrentemente, coincidiendo con la gota fría en varios municipios de la comarca de L'Horta Sud, con cuantiosos daños en el municipio de Aldaia". Y se añadía, además, una frase premonitoria: "Es previsible que se incrementen (los episodios de inundaciones) por la confluencia de dos nuevos factores: el escenario de cambio climático en el cual los episodios extremos tienden a ser más extremos, y la creación tanto de nuevas barreras como el AVE o los desdoblamientos y accesos a la A-3, como de amplias zonas recientemente urbanizadas aguas encima de los cascos urbanos mencionados, que además de barreras al paso de las aguas impermeabilizan el terreno".

Las obras en cuestión del barranco del Poyo son un clásico en proyectos de aparente poca demanda social, cuya responsabilidad de ejecución recae en organismos estatales alejados de los núcleos de decisión, ajenos a las competencias de gobiernos autonómicos.

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"El problema como tal ha sido analizado y estudiado por la Confederación Hidrográfica del Júcar desde principio de los años 90. Condicionantes medioambientales limitaron las actuaciones a las obras de encauzamiento del barranco de Poyo (también denominado de Chiva, Torrente, Masanasa, etc.) comprendido entre Paiporta y La Albufera, unos 11 kilómetros. Dichas obras, que se finalizaron en el 2004, tuvieron como objetivo la restitución del cauce hasta alcanzar una capacidad cercana los 800 m3/s. La actuación realizada ha resuelto parcialmente los problemas de la zona, ya que el caudal de diseño se ha visto limitado por el desarrollo urbano, alcanzándose un nivel de protección de las poblaciones más próximas a La Albufera de entre 50 y 100 años de periodo de retorno", señalaba la dirección técnica de la Confederación del Júcar en la explicación del proyecto de revisión de 2006.

A continuación, admitía que los trabajos eran insuficientes porque "no se modifica el aporte de sedimentos al lago y tampoco se actúa sobre los barrancos Pozalet y Saleta. Consecuentemente, en el presente proyecto se acometen el resto de actuaciones necesarias para dar una solución global al problema de las inundaciones en la zona".

Por unas razones u otras, las obras nunca han llegado a ejecutarse porque no han llegado a presupuestarse. De hecho, la Confederación del Júcar cerró el año 2023 con un porcentaje de ejecución de su presupuesto de gasto en inversiones del 80%, por encima de la media de otros organismos y administraciones.

Pese a la DANA y sus devastadores efectos, el ministerio responsable, el Miteco, todavía en manos de Teresa Ribera, no forma parte de los grupos de trabajo para la respuesta a la DANA y la planificación de la reconstrucción pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Carlos Mazón, tal como publicó El Confidencial. Fuentes de Transición Ecológica han asegurado al El Confidencial, no obstante, que los técnicos del departamento sí están trabajando ya en rescatar ahora el proyecto para adecuar el barranco maldito de la mortífera DANA.

El embudo burocrático

Fuentes del Ministerio responsable de las obras hidráulicas señalaron que el 16 de diciembre de 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático (Teresa Ribera) formuló una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al Proyecto Informativo de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera con una serie de condiciones, pero que en 2018 caducó al no haberse iniciado el proyecto. "Los recortes del PP dejaron entre un 25% y un 30% la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua. En 2018 tuvimos que volver a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto", señalaron. "Actualmente, a requerimiento de la Generalitat, está en tramitación la redacción de un estudio de integración paisajística que una vez informado favorablemente dará lugar al pronunciamiento favorable de Impacto ambiental, aprobación del proyecto y licitación de las obras", añadieron.

Sin embargo, la enorme cantidad que trajo la devastadora DANA ha introducido una reflexión sobre si el proyecto en vigor, que tiene problemas en algunos tramos por su incompatibilidad con la ley valenciana de protección de la huerta, es el más adecuado, sobre todo en lo que tiene que ver con la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia. "Viendo el inaudito episodio de avenidas sucedido la semana pasada, con unos caudales de tal envergadura, es cierto que esta solución presentaría problemas. En una situación como la que hemos vivido, hubiera sido muy arriesgado llevar el agua del barranco del Poyo al río Turia, porque el nuevo cauce ya llevaba unos caudales muy importantes, casi al máximo de su capacidad", dijeron.

"Ante esta situación, desde la CHJ se optó por una alternativa dirigida a mejorar la capacidad de desagüe del barranco del Poyo aguas debajo de la A-3. Este proyecto está redactado y la ejecución de las obras hay que someterlas a la evaluación coste-beneficio, tal y como establece la Directiva de Protección Contra Inundaciones. Ahora mismo, nos encontramos en esta fase", matizaron desde el Miteco.