¿Dónde está Ribera? El ministerio de obras hidráulicas, fuera de los grupos DANA de Sánchez y Mazón

La histórica descarga de agua sobre la provincia de Valencia no ha podido evitarse, pero una parte de su impacto sobre la poblada comarca de L'Horta Sud sí podría haberse mitigado. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), tenía pendientes desde hace casi veinte años obras de encauzamiento y control de barrancos y torrentes que nunca han llegado a ejecutarse por razones económicas o de oportunidad y falta de impulso político. La más significativa y que habría ayudado a reducir los destrozos sobre los núcleos urbanos son las relativas al barranco del Poyo, cuyo desbordamiento bestial anegó el martes por la noche las poblaciones de Paiporta, Alfafar, Sedaví, Torrent o la pedanía valenciana de La Torre. Pese a la inexcusable necesidad de priorizar estas obras para evitar futuras inundaciones similares, nadie del Miteco que dirige todavía Teresa Ribera se ha incorporado por ahora a los grupos de trabajo organizados por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y el de la Generalitat del popular Carlos Mazón para responder a la crisis provocada por la DANA, con el trágico saldo de más de doscientos muertos, y diseñar el plan de reconstrucción.

Fuentes gubernamentales señalan que la ausencia de Ribera, que el martes que viene tiene las audiencias previas en el Parlamento Europeo antes de la votación final en Estrasburgo el día 27 de noviembre para su nombramiento como comisaria europea, obedece a que "Mazón no lo ha pedido". A su vez, fuentes de la Generalitat tampoco saben explicar por qué no hay nadie del ministerio que tiene las competencias en las obras hidráulicas en los cinco grupos de trabajo, donde sí participaron en la primera reunión, junto a los consellers del ramo, siete ministros: Mónica García (Sanidad), Óscar Puente (Infraestructuras), Pablo Bustinduy e Isabel Rodríguez (Servicios Sociales y Vivienda), Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo (Empleo y Empresa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior).

El diseño de esos grupos de trabajo para responder a la DANA se cerró en una reunión extraoficial al Cecopi (centro de coordinación de emergencias) que mantuvieron el pasado sábado Mazón y Marlaska, según ha podido saber El Confidencial. Tras el pacto, Mazón se encerró con su equipo más cercano en el Palau de la Generalitat durante varias horas para preparar una comparecencia en la que presentó esos grupos como una reivindicación al Gobierno. Marlaska respondió apenas unos minutos después desde la sede de la Delegación del Gobierno en tono conciliador. Casi todo estaba hablado horas antes.

Aquel encuentro sirvió para desatascar el embrollo administrativo sobre la participación del Gobierno y el Ejército en la respuesta a la crisis. Mazón ha evitado elevar la alerta a Nivel 3, que implicaría la pérdida de la competencia en favor del Gobierno central. Sánchez ha defendido desde el principio la preferencia por un modelo de cogobernanza, pese a las críticas del PP de ámbito nacional y Vox, que han exigido la declaración del estado de alarma por razones de "emergencia nacional". La solución ha sido una suerte de Nivel 2,5 oficioso con gestión mixta Gobierno-Generalitat.

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Sin embargo, en ese diseño de cogobernanza no hubo espacio para el ministerio de Teresa Ribera, de la que depende la CHJ, responsable del mantenimiento y, ahora, reconstrucción de cauces y barrancos. Fuentes del Miteco sostienen que en la negociación de los grupos de trabajo "no se ha creado ninguno de medio ambiente o clima". Pero aseguran que, dentro de sus competencias, sí están trabajando en la recuperación del proyecto del Poyo en la fase de reconstrucción y adecuación futura de infraestructuras de la Confederación en toda la zona dañada por la DANA en Valencia

La CHJ encargó en el año 2006 una revisión de los planes de adecuación y drenaje de la cuenca del Poyo, vertiente en la Albufera de Valencia, para buscar una alternativa a las frecuentes inundaciones en la comarca de L'Horta, ni de lejos tan devastadoras como la ocurrida de la semana pasada. La resistencia del municipio de Cheste a la construcción de una nueva presa en su término que sirviera de dique de contención a posibles avenidas obligó a la CHJ a buscar nuevas soluciones. Esta población venía oponiendo resistencia a la ubicación del embalse proyectado, ya barajado en los años noventa del pasado siglo, porque podía frenar su expansión urbanística, especialmente en el área logístico-industrial anexa al Circuito de Cheste, el sitio en el que Tesla llegó a barajar la ubicación de la gigafactoría hace menos de dos años o Inditex ha buscado espacio para un nuevo polo logístico.

Un grupo de expertos ingenieros coordinados por la ingeniería valenciana Aminsa, contratista de la Confederación, elaboró una alternativa (pinche para ver resumen) basada en la mejora hidroforestal, reforestación, micropresas y corredores verdes, presas de sacrificio y encauzamiento y conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia. El coste de la obra ascendía en 2007, cuando finalizó la consultoría de ingeniería, a 150 millones de euros, con una reducción del riesgo de inundación en las poblaciones situadas en el ámbito de los barrancos Pozalet, Saleta y Poyo, alcanzando un nivel de protección de hasta 500 años de periodo de retorno, es decir, modelando fenómenos que en términos de probabilidad podrían ocurrir cada medio millar de años.

Sin embargo, los recortes presupuestarios en la Dirección General del Agua del Ministerio por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y su impacto en los ingresos públicos, primero, y la falta de inclusión entre las prioridades del Miteco, después, dejaron este programa sin ejecutar. Ni el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ni de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez llegaron a desarrollar estas actuaciones. La ley de protección de la huerta aprobada por el Consell del Botànic dificultaba también parte de la solución, en lo que se refiere a la conexión con el nuevo cauce del Turia, razón por la que la Confederación ha estudiado alternativas distintas de desagüe, aunque sin llegar a ejecutarlas.

Obra necesaria

Hoy la obra sería más cara que aquellos 150 millones valorados en 2007. Pero expertos que formaron parte de aquel equipo creen que cualquier plan de reconstrucción debe incorporar las obras pendientes del CHJ, con una revisión si fuera necesario para hacerlas más eficaces. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, participó en la redacción de ese proyecto. Explica a El Confidencial que el aluvión de agua del pasado martes fue un fenómeno tan extraordinario que entraría dentro de un periodo de respuesta de mil años, según los cálculos con los que trabajan los ingenieros del área. Esto significa que el impacto sobre las poblaciones de L'Horta habría sido de "más o menos la mitad", señala Francés, de haberse ejecutado esas obras, aunque tomando los cálculos con cautela por su carácter probabilístico. Sin embargo, la aceleración del cambio climático está trastocando los modelos de predicción de los expertos.

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Según el proyecto diseñado en su momento, una parte importante del caudal (2.200 metros cúbicos por segundo llegaron a marcar los sensores hidráulicos de la CHJ en el Poyo antes de ser destrozados por el agua a las 18.55 del martes), habría ido a parar al nuevo cauce del Turia, fruto de la conexión con el barranco. La capacidad del cauce surgido del Plan Sur es de 5.000 metros cúbicos por segundo. Se estima que el pasado martes, en su pico más alto, el agua que bajó del sistema Turia superó los 2.000 metros cúbicos por segundo. Sobre la posibilidad de que el nuevo cauce se hubiera desbordado sobre las dos orillas, anegando también la ribera norte y la ciudad de Valencia, Francés sostiene que en caso de riada, el agua del Poyo "llega antes" que la que proviene aguas arriba del Turia.