La jueza de Azud cita al exjefe de Investigación de Antifraude pese a las trabas de la nueva dirección

El exdirector de Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, Gustavo Segura, tiene previsto ratificar en los próximos días los cuatro informes periciales que elaboró junto con funcionarios del organismo en el marco de la causa de Azud. Se trata de una causa judicial que investiga indicios de corrupción, cobro de comisiones e irregularidades administrativas y que salpica a familiares y cargos del Partido Popular durante los años de mandato de la fallecida Rita Barberá como alcaldesa de Valencia y, también, a exdirigentes socialistas, además de a empresarios contratistas.

Segura ha sido citado para comparecer judicialmente y dar por buenos sus informes pese a las reticencias que ha mostrado el equipo del nuevo director de Antifraude, Eduardo Beut. La letrada de la Agencia remitió el pasado 2 de octubre un escrito al juzgado de instrucción número 13 de Valencia en el que comunicaba que el 2 de septiembre se había producido el cese de Segura, responsable del expediente relativo a las periciales de Azud. "Desde la fecha de su cese no tiene acceso a los expedientes administrativos de esta Agencia en los que ha participado", señala el escrito, adelantado por Eldiario.es y al que ha tenido acceso El Confidencial. En el mismo documento, que no lleva la firma de Beut, la Agencia se pone "a disposición" del juzgado "a través de las personas funcionarias que asuman la responsabilidad de la tramitación del expediente administrativo de investigación".

Sin embargo, la magistrada instructora considera que la destitución de Segura como jefe de Investigación de la AVAF no invalida su labor como perito y, según ha sabido El Confidencial de fuentes judiciales, lo ha citado personalmente para el 6 de noviembre con el fin de que ratifique la autoría de los cuatro informes, que firma junto con cuatro funcionarios, uno diferente por cada trabajo pericial.

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En la interpretación que han hecho la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción, el cambio de destino de un perito con participación en una causa no impide que puedan ratificar los informes realizados. De hecho, es habitual cuando se producen procedimientos que especialistas, funcionarios e investigadores confirmen los trabajos realizados por encargo de los tribunales, aunque ya no ostenten el mismo puesto que tenían cuando los elaboraron. En el caso de Azud, esa confirmación se produce en la fase de instrucción con vistas a tener fundamentos a la hora de decidir sobre posibles procesamientos y aperturas de juicios orales.

Se da la circunstancia de que el nuevo director de Antifraude justificó como uno de los motivos del cese de Segura su excesiva colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, cuando esas periciales se elaboran por encargo judicial y esa labor de asesoramiento y apoyo en instrucciones forma parte de las tareas de la Agencia cuando es requerida, según recoge su propia ley de creación.

Beut no solamente ha cesado a Segura (su rival en el proceso de sucesión de Joan Llinares al frente del organismo de investigación). También ha destituido a la que era directora jurídica, Teresa Clemente, (ambos han recurrido el despido) y ha disuelto el Comité de Ética, compuesto por los expertos en trasparencia y regeneración democrática Manuel Villoria, Marisa Cuerda y Antonio Penadés. Este comité era el receptor de las denuncias internas del organismo público y supervisaba el cumplimiento de su código ético, que Beut también ha derogado.

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La liquidación de este órgano de control interno se produjo cuando investigaba cuatro denuncias que podrían suponer una "grave infracción" de citado código, según reveló Marisa Cuerda. Una de ellas estaba relacionada la compatibilidad en el puesto de los vínculos de Beut con uno de los investigados en Azud, el dueño de Construcciones Luján, expresidente de la patronal autonómica de contratistas de obra pública Fecoval, de la que Beut fue gerente, secretario general y también presidente. El empresario, no obstante, quedó eximido de la causa el pasado mes de junio en la pieza que investiga posible financiación irregular del PSPV-PSOE.

Durante la etapa de Joan Llinares y Gustavo Segura, Antifraude ha confeccionado cuatro informes periciales por encargo del Juzgado de Instrucción 13 relacionados con operaciones urbanísticas en Burjassot, Xixona y Benicàssim, y también con un contrato multimillonario de saneamiento de Acciona en el Ayuntamiento de Valencia. Las cuatro piezas salpican a exdirigentes del Partido Popular y el PSPV-PSOE, entre ellos José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Las periciales han detectado deficiencias en los procesos administrativos de los hechos investigados en Azud.