Anticorrupción pide el ingreso inmediato en prisión de Zaplana por riesgo de fuga

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso inmediato en prisión del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a diez años y cinco meses de privación de libertad por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público ha alegado el posible riesgo de fuga del condenado, razón por la que solicita que regrese a la cárcel antes de que se resuelvan los previsibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo y se otorgue firmeza o no a la sentencia. El tribunal que dictó el fallo ha fijado para el 7 de noviembre la vistilla en la que tomará una decisión tras escuchar a las partes.

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Zaplana ya conoce lo que es estar a la sombra. Pasó nueve meses en prisión preventiva en la penitenciaria de Picassent durante la fase de investigación porque la jueza que instruía el caso vio riesgo de destrucción de pruebas y huida. El exportavoz del Gobierno de José María Aznar recuperó la libertad cuando el juzgado recibió las comisiones rogatorias desde el extranjero y se produjeron los decomisos económicos.

El criterio habitual de la Fiscalía es solicitar el ingreso inmediato en prisión antes de espera a la condena en firme cuando las penas de cárcel oscilan entre los seis u ocho años como mínimo. La interpretación es que el riesgo de fuga se multiplica cuando se conoce el fallo condenatorio. Al ser de cinco años la pena máximo recogida en el fallo, la de blanqueo, Zaplana podría tener que cumplir todo el castigo de diez años y cinco meses, menos del triple que marca la ley para el cumplimiento de sentencias. El exministro ha anunciado a través de su defensa legal su intención de recurrir ante el Supremo e instancias superiores.

Opinión

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La sentencia por corrupción, relacionada con la adjudicación irregular de contratos públicos en la Comunidad Valenciana, incluye una multa de 25 millones de euros para el que fue también ejecutivo de Telefónica. La justicia ha determinado que lideró una trama que desvió millones de euros en comisiones ilegales provenientes de concesiones vinculadas a la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de la Generalitat valenciana cuando la presidía.

Junto a Zaplana, han sido condenados otros implicados clave en la trama, como Joaquín Barceló, Francisco Grau y Juan Francisco García, considerados sus principales colaboradores, además de los hermanos Vicente y José Cotino, beneficiarios de la concesión de estacones de ITV, que vendieron posteriormente a Applus por 31 millones de euros. Barceló, acusado de ser el encargado de gestionar los fondos ilícitos a través de complejas operaciones financieras internacionales, y García, exjefe de gabinete de Zaplana, confesaron los hechos y han sido sentenciados a penas menores por ese atenuante, al igual que los Cotino.

La sentencia refleja cómo la red de corrupción utilizó sociedades pantalla y cuentas en paraísos fiscales para ocultar las comisiones ilegales obtenidas por las concesiones públicas. La Audiencia de Valencia ha ordenado la confiscación de los bienes de los condenados para recuperar parte de los fondos desviados, buscando así paliar el perjuicio causado al erario público. Los decomisos alcanzan los 19 millones de euros.