Mazón y Guardiola reabren el frente nuclear para exigir una revisión del cierre de Cofrentes y Almaraz

El cierre de las centrales nucleares en España sigue generando disensos en el sector energético y entre las administraciones públicas. Las plantas de Cofrentes, en la Comunidad Valenciana, y Almaraz, en Extremadura, están programadas para cesar su actividad en 2030 y 2027, respectivamente, en línea con el calendario de descarbonización impulsado por el Gobierno central. Los presidentes autonómicos, Carlos Mazón y María Guardiola, ambos del Partido Popular, han intensificado en los últimos días sus exigencias para que el Ejecutivo que preside el socialista, Pedro Sánchez, revise este calendario, argumentando que el cierre prematuro podría tener consecuencias negativas para sus territorios.

Aunque la presión regional y la coyuntura energética podrían llevar a esta discusión, hasta el momento no existe ninguna declaración oficial del Gobierno central que indique una revisión de los plazos. Ambos presidentes regionales pertenecen al Partido Popular, que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo. El líder conservador ha mantenido una postura ambigua respecto a la energía nuclear, sin cerrarse del todo a la posibilidad de prolongar la vida útil de las plantas si es necesario para garantizar la estabilidad energética.

Esto sitúa a Mazón y Guardiola en línea con la dirección del partido, al abogar por una revisión de la programación para asegurar la generación de electricidad en sus territorios y el empleo en las áreas de influencia de estas infraestructuras. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido claro en su exigencia al Gobierno central de una revisión del calendario de cierre de la central nuclear de Cofrentes, prevista para 2030. En su opinión, la actual situación energética de España, marcada por una creciente demanda y por los desafíos que plantea la expansión de las energías renovables, hace necesario replantear los plazos para el cierre de las nucleares.

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“Cerrar Cofrentes sin un plan alternativo sólido sería irresponsable. Necesitamos garantías de que las energías renovables puedan asumir la demanda antes de tomar una decisión de ese calado”, ha declarado Mazón en varias ocasiones. Además, Mazón no es el único que ha abogado por revisar el cierre de Cofrentes. Su predecesor en la Generalitat, el socialista Ximo Puig, también consideraba oportuno abrir el debate sobre la revisión del calendario nuclear ante el retraso de la implantación de energías renovables y el desajuste en la demanda futura de electricidad.

Esta coincidencia en la postura entre Mazón y Puig subraya que, más allá de la política partidista, el futuro de Cofrentes es una cuestión regional clave en materia de soberanía energética para uno de los territorios con un desarrollo más lento de España en instalaciones fotovoltaicas. El presidente valenciano también ha señalado la incertidumbre geopolítica y el aumento de los costes energéticos como factores adicionales que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de decidir sobre el calendario de cierres.

Aunque no existen declaraciones oficiales del Gobierno central sobre la revisión del calendario marcado por orden ministerial, Mazón sostiene que, si las energías renovables no pueden asumir el papel de la energía nuclear en los próximos años, se debería reconsiderar el cierre. “Si la nuclear en España supone el 20% del total de la energía generada funcionando prácticamente un 98% del tiempo, si se elimina la nuclear antes de tener sustituto nos echaremos toda España en manos del gas muchas más horas al año (como hizo Alemania), lo que encarecerá y mucho la factura energética de hogares y empresas”, sostienen fuentes de la Generalitat.

La administración valenciana, no obstante, admite que por ahora su posición es meramente declarativa. No ha activado ningún mecanismo burocrático para intentar forzar una revisión del calendario, algo que, por otra parte, escapa a sus competencias.

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En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha puesto el foco en el impacto económico y social que tendría el cierre de la central nuclear de Almaraz, programado para 2027. Guardiola ha insistido en que la clausura de esta planta debe revisarse, ya que la región depende en gran medida de los empleos directos e indirectos que genera la instalación. Con más de 1.000 puestos de trabajo en juego, la presidenta extremeña ha señalado que el cierre sin un plan claro de reconversión laboral sería devastador para la economía local.

“No podemos permitir que se cierren puertas sin abrir otras. Almaraz es vital para Extremadura, y su cierre sin alternativas sería un golpe irreparable”, ha enfatizado. Al igual que Mazón, Guardiola apoya la transición energética, pero ha criticado el ritmo al que se plantea el cierre de las nucleares. Ha subrayado que, en regiones como Extremadura, donde la diversificación económica es limitada, es necesario más tiempo para desarrollar alternativas viables que reemplacen los empleos y la riqueza que genera la central.

Un factor adicional que podría influir en este debate es el nuevo rol de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en España y próxima vicepresidenta de la Comisión Europea. Ribera ha sido una de las principales defensoras de la estrategia de descarbonización en España y de la política de cierre progresivo de las centrales nucleares. Sin embargo, de cara a nuevo puesto en Bruselas parece abierta a cambiar la dinámica en torno a esta cuestión, entre otras cosas por la presión de países pronucleares, como Francia.

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Aunque Ribera es firme en su apoyo al calendario de cierres mientras estuvo en el Gobierno español, la coyuntura energética actual —marcada por la guerra en Ucrania y la crisis de precios— podría presionarla para no vetar una reevaluación, especialmente si otros países europeos buscan prolongar sus infraestructuras nucleares para asegurar su suministro energético en el contexto de la transición ecológica. Los veintisiete Estados de la Unión Europea acaban de aprobar el denominado "mandato negociador" de la UE para la conferencia climática COP29 de la ONU, que se celebrará en noviembre en Azerbaiyán, sin referencias a la exclusión de la energía nuclear.

Argumentos por el cierre

Por otro lado, hay argumentos sólidos en contra de la revisión del calendario de cierre de las nucleares, que el Gobierno español ha defendido hasta el momento. La postura oficial sigue basándose en la necesidad de cumplir los compromisos de descarbonización establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Según el Ministerio para la Transición Ecológica, prolongar la vida de las plantas nucleares retrasaría la expansión de las energías renovables y obstaculizaría la modernización del sistema energético. Desde esta perspectiva, mantener el cierre es crucial para avanzar hacia un sistema más sostenible y resiliente. La clave en la defensa del calendario de cierre está en la velocidad de implantación de renovables y tecnologías de acumulación, como las baterías estacionarias.

Además, los defensores del cierre argumentan que la energía nuclear, aunque estable, genera residuos peligrosos y tiene riesgos de seguridad asociados. El objetivo a largo plazo del Gobierno es reemplazar estas fuentes con energías renovables más seguras y limpias. "La energía nuclear no es la solución a los desafíos climáticos y de sostenibilidad que enfrentamos. Debemos avanzar hacia un futuro 100% renovable", ha afirmado en el pasado la propia Teresa Ribera.

Aunque hasta el momento no hay declaraciones oficiales del Gobierno central que indiquen una revisión del calendario de cierres nucleares, varios factores empujan para influir en un posible replanteamiento por parte de quienes apuestan por las prórrogas. Uno de los aspectos clave es la crisis energética que ha afectado a España y Europa, especialmente tras el aumento de los precios del gas y las tensiones geopolíticas internacionales.

Desde el sector energético, empresas como Iberdrola, que gestiona Cofrentes, han argumentado que técnicamente sería posible prolongar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años inicialmente previstos. Según esta visión, los avances tecnológicos permiten que las plantas nucleares operen de manera segura durante más tiempo, como ocurre en otros países.