La Audiencia de Valencia condena a Zaplana a 10 años de prisión por cohecho, blanqueo y prevaricación

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal considera al que fue portavoz del Gobierno de José María Aznar como autor de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. La Sala también le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros 3 para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.

La Audiencia le absuelve del delito de grupo criminal, pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa. La Sala también ha condenado a otros cinco acusados a penas de entre un año y tres meses y cinco años de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino; el empresario Francisco Pérez; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló, según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso El Confidencial. En ella, se explica que se ha procedido al decomiso total de activos por valor de 19 millones de euros, tanto de cuentas y productos financieros de las personas condenadas, como de las empresas investigadas en la causa.

Los Cotino deberán responder económicamente con multas de 4,3 millones de euros (Vicente) y 320.000 euros (José), respectivamente. La pena más alta es para Vicente que suma 2 años y cinco meses de prisión por blanqueo y falsedad documental, aunque con el atenuante de la confesión, al igual que José.

También ha sido condenado el exjefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Grancisco García, al que se le impone una pena de un año y seis meses por un delito continuado de falsedad y de un delito de blanqueo de capitales, con la concurrencia como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de la "atenuante analógica de confesión como muy cualificada". La multa para García es de 1,3 millones de euros, aunque su esposa también resulta responsable por partícipe a título lucrativo del delito de blanqueo de 1,9 millones de euros. Esos fondos han sido decomisados de cuentas bancarias compartidas, aunque el fallo explica que no se acreditado que ella fuese consciente del origen ilícito de los fondos blanqueados.

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Durante el juicio celebrado en Valencia, los hermanos Cotino, Barceló y García confesaron haber amañado los concursos del plan eólico y las concesiones de estaciones de ITV convocados por la Generalitat durante la etapa en la que Zaplana era presidente para beneficiarse económicamente a cambio del pago de comisiones a través de Luxemburgo, en dos sociedades: Imison Internacional (Zaplana) y Fenix Investment (Juan Francisco García). Beatriz García Paesa, sobrina del espía fallecido Francisco Paesa y que declaró como testigo, asesoró en la creación de la estructura luxemburguesa original. No obstante, el tribunal ha considerado probada la prevaricación en el concurso de las ITV, pero no en el del Plan Eólico Valenciano.

Barceló admitió que el dinero pagado por los Cotino en el extranjero era para el exministro. Es la misma versión que corroboró en su testifical Fernando Belhot, asesor financiero de Zaplana y la persona que montó una estructura offshore para mover los fondos que sucedió a la de Paesa, empleando cuentas en suiza y sociedades domiciliadas en Panamá, Uruguay o Países Bajos.

Gran parte de esos fondos se canalizaban de vuelta a España a través de sociedades mercantiles para realizar operaciones inmobiliarias. Una de ellas fue la compra de una vivienda en la calle Núñez de Balboa en Madrid, de la que Zaplana disfrutó durante varios años. Anticorrupción también acusaba a Zaplana de usar un sistema de cambistas para blanquear dinero en efectivo. En total, se estima que el expolítico y también exdirectivo de Telefónica movió más de 15 millones de euros de procedencia ilícita.

La sentencia explica que Zaplana fue el artífice o autor principal del delito de prevaricación en el amaño de los concursos, al tener como político, los contactos con los interesados en el proceso de licitación, así como por su cargo, la capacidad de influir en las personas que estaban al frente de dicho proceso de licitación. "Del mismo modo, ostentaba un cargo de gran relevancia, al ser Presidente de la Generalitat Valenciana y por ello, máximo responsable en el Gobierno valenciano, lo que hace que su conducta sea especialmente reprobable". Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, el tribunal opta por aplicarle la pena en su mitad inferior. Lo mismo ocurre con los delitos de cohecho y falsedad documental.

La pena más alta, de cinco años, se le impone a Zaplana por el delito de blanqueo de capitales. "Dado que este delito se perpetúa en el tiempo, a diferencia de la prevaricación y el cohecho, y se extiende hasta fechas próximas a las del inicio de la causa, no procede moderar la pena por este motivo", señala el fallo.

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El caso Erial ha permitido a la Justicia recuperar más de 6,7 millones de euros que fueron entregados por Belhot a la Fiscalía Anticorrupción durante el procedimiento de instrucción. En la sentencia, el tribunal ordena mantener ese decomiso transferido a la Oficina de Gestión y de Recuperación de Activos, y añade la mitad de algo más de 126.000 euros de una cuenta que Zaplana comparte con su mujer Rosa Barceló, a la que devuelve la otra mitad.

También mantiene el embargo de un depósito en el Banco de Sabadell de 205.585 euros titulado formalmente a nombre de Belhot; un Audi Q7; 50.000 requisados de despacho de Mitsouko Henríquez, secretaria de Zaplana, que ha resultado absuelta; y otros 18.000 euros requisados en el domicilio del exministro en la calle Zurbarán de Madrid.

Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre los absueltos figura el también expresidente de la Generalitat y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas.

La sentencia, que consta de 364 páginas y de la que ha sido ponente la magistrada Cristina Badenes, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Pedro Castellano e Isabel Sifres eran los otros dos jueces que componían el tribunal.