La deuda valenciana roza los 60.000 millones y presiona a Mazón en el debate sobre las quitas

La deuda valenciana sigue imparable. El Banco de España ha certificado este lunes un nuevo incremento en el pasivo de la Generalitat hasta los 59.569 millones de euros, 2.320 millones más que hace un año (+4%). La Comunidad Valenciana se ha consolidado como el territorio con más carga en su balance, con un 41,1% de deuda sobre el PIB, el porcentaje más elevado de España. Justo por debajo se sitúan Murcia (32,2%), Castilla-La Mancha (30,8%) y Cataluña (30,4%), que es la que más pasivo acumula en términos absolutos: 88.952 millones de euros. El total de la deuda acumulada por las autonomías en el segundo trimestre del año asciende a 337.474 millones de euros, un 3% más que hace doce meses, 10.125 millones.

La escalada en la generación de pasivo en la Comunidad Valenciana se produce en el primer año de gestión del Consell que preside el popular Carlos Mazón y revela la incapacidad de frenar su crecimiento pese a haber puesto en marcha algunas medidas de ahorro en materia de número de asesores y altos cargos, cuyo impacto ha sido apenas imperceptible para la salud de las cuentas autonómicas. Las rebajas fiscales, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones como principal ahorro, y la infrafinanciación crónica de la Generalitat han impedido reducir la escalada en el endeudamiento, que tiene en el propio Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al principal acreedor, con 52.783 millones de euros, el 88,6% del total. La única noticia positiva es que la carga sobre el PIB es 1,2 puntos inferior a la de hace un año, gracias a la buena evolución del crecimiento económico. Es algo que ha ocurrido en conjunto de las administraciones autonómicas.

La actualización de los datos del Banco de España se produce en pleno debate nacional y autonómico sobre las quitas de deuda ofrecidas por el Ministerio de Hacienda a las autonomías. La Plataforma pel Finançament Just, que agrupa a partidos políticos (menos Vox), sindicatos y patronales empresariales valencianas, reclama al Gobierno una solución para la infrafinanciación valenciana que pase por una reforma del sistema y una condonación de la deuda de al menos el 80%. A la vez, mientras esto se produce, exige la habilitación de un fondo transitorio de nivelación que compense el déficit estructural y que cifra en algo más de 1.700 millones de euros anuales.

Opinión

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Víctor Romero

La última reunión de la Plataforma, celebraba el pasado viernes, evidenció la ruptura del consenso existente hasta ahora en el ecosistema valenciano. El PSPV-PSOE que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant, se negó a firmar el documento conjunto al exigir una mayor concreción del fondo de nivelación, un mecanismo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha negado hasta ahora a propiciar. Los socialistas exigieron también incorporar al acuerdo conjunto una censura a "las rebajas fiscales a los ricos aprobadas por el Consell de Mazón". Los agentes sociales se negaron en redondo a aceptar estas exigencias en la actualización del documento conjunto por entender que se trata de "cuestiones políticas que únicamente iban a servir para romper acuerdos" de consenso mínimo.

El Partido Popular valenciano participó en el encuentro de la plataforma a través de su secretario general, Juan Francisco Pérez Llorca, y se mostró partidario de aceptar los tres puntos básicos de la exigencia al Gobierno que proponían los agentes sociales: reforma del sistema, condonación de deuda y fondo de nivelación. Los populares mantienen una posición de equilibrio entre las reivindicaciones del ecosistema autonómico y la posición a nivel nacional. La dirección que encabeza Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado hasta ahora en contra de las quitas de deuda, en una posición impuesta tanto por la madrileña Isabel Díaz Ayuso como por el andaluz, Juan Manuel Moreno.

Andalucía acumula problema de financiación, pero ha logrado retener su nivel de deuda por debajo del 20% del PIB. No obstante, es la autonomía en la que más ha crecido el pasivo en el último año, con 2.595 millones de euros. Más que en el caso valenciano (+2.320 millones) o el de Cataluña (+2.152).

En la reunión que Feijóo mantuvo este verano con sus barones para consensuar una posición ante el deseo del Gobierno de Pedro Sánchez de abrir el melón de la financiación en plena negociación del concierto con Cataluña, los conservadores pactaron reclamar el fondo de nivelación, pero rechazar las posibles condonaciones del pasivo. El barón valenciano, sin embargo, ha visto como esa renuncia recibía reproches en su territorio. El nuevo dato del Banco de España que este lunes se ha hecho pública presiona en favor de una revisión o reestructuración del pasivo valenciano con el Estado y condiciona también el discurso de Mazón, que el próximo viernes 4 de octubre se reúne con Sánchez en la Moncloa.

Compromís aprieta con los pagos

Compromís ha denunciado este lunes que la Generalitat valenciana es la Administración autonómica con el periodo medio de pago a proveedores más alto de España, con 45 días, muy por encima de lo que marca la ley. En rueda de prensa protagonizada por el portavoz Joan Baldoví y el diputado Carles Esteve, los valencianistas han recordado que el anterior Consell del Botànic dejó el gobierno con una media de pago de 23 días. "En marzo de 2015, el periodo medio de pago llegó a ser de 99 días. Una barbaridad, con unos impagos generalizados que caracterizaban aquellos gobiernos del PP y que empiezan a producirse de nuevo con ahora, con Mazón al frente de la Generalitat”, denunció Esteve.

Baldoví y Esteve han presentado la campaña ‘Mazón No Paga’, una iniciativa de Compromís que denuncia "los impagos generalizados que, en solo un año de gobierno, están caracterizando la gestión del Consell del PP".

"Los impagos ya están afectando gravemente a proveedores de nuestros servicios públicos y directamente a la educación, la sanidad y los servicios sociales, poniendo en riesgo el bienestar de miles de valencianos y valencianas. Es inaceptable que, mientras se hacen promesas vacías, las escuelas se queden sin recursos, los hospitales sufren recortes y las familias más vulnerables se ven desatendidas", señaló Compromís.