La trama del hombre fuerte de Rita Barberá y Blasco usó a los testaferros de Miguel Bosé y los Pujol
El sumario del caso Azud revela el recurso al despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee para crear sociedades offshore con cuentas en Suiza ligadas a la familia Montoro
Alfonso Grau fue el número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. (EFE/Manuel Bruque)
La trama de presunto cobro de comisiones del que fue hombre fuerte de Rita Barberá, Alfonso Grau, en el Ayuntamiento de Valencia y el exconseller de la Generalitat con el Partido Popular Rafael Blasco empleó a despachos de abogados y gestores fiduciarios conocidos por aparecer en escándalos internacionales de posible evasión fiscal. El sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que una conocida familia valenciana vinculada al sector promotor e inmobiliario, los Montoro, recurrieron a la firma ginebresa Apex International Consulting y el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) para abrir cuentas bancarias en entidades financieras de Suiza y crear sociedades offshore en Panamá por las que habrían canalizado cientos de miles de euros de los que Grau y Blasco terminaron apareciendo como beneficiarios.
Tanto Alcogal como Apex son entidades cuyos documentos internos se filtraron en los llamados Pandora Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Una de las sociedades gestionadas por Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Dartley Finance, fue creada por Union Bancaire Privée (UBP) de Ginebra y tenía como beneficiario al cantante y productor musical Miguel Bosé, según reveló el propio despacho cuando la legislación panameña obligó a partir de 2015 a trasparentar a los titulares reales de las acciones, que hasta entonces se manejaban al portador. En el momento en que se desveló la titularidad real, Bosé residía en Panamá, aunque la sociedad había sido constituida diez años antes, informó El País.
Como reveló El Confidencial, Alcogal fue el despacho que utilizó el armador del Bribón y presunto testaferro de Juan Carlos I, Josep Cusí, para crear en 2004 una sociedad instrumental panameña, Stream SA, que le habría servido para esconder su relación con una cuenta opaca en el banco Andbank (AD79 0001 0000 4029 2980 0100). La mercantil estuvo operativa hasta el ejercicio 2016 y el depósito que dependía de ella recibió varias transferencias desde la cuenta en Suiza de la Fundación Zagatka, otro vehículo societario controlado por otro de los presuntos fiduciarios del Rey emérito, su primo Álvaro de Orleans y Borbón.
La familia Pujol también recurrió a Alemán, Cordero, Galindo & Lee para realizar movimientos millonarios en el extranjero. Algunas de estas trasferencias, realizadas desde cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) se produjeron cuando las autoridades españolas había iniciado diligencias de investigación sobre el origen y tributación del patrimonio offshore de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña. Fundaciones panameñas registradas por Alcogal habrían sido las receptoras de fondos: Kopeland (Jordi Pujol Ferrusola), Clipperland (Pere Pujol Ferrusola), Doral (Marta Pujol Ferrusola), Doneran (Mireia Pujol Ferrusola) y Kamala (Oleguer Pujol Ferrusola).
En el caso Azud, el foco está puesto sobre dos sociedades panameñas, Edinboro Invesments y Jagat Inc. El propio despacho especializado en creación de mercantiles offshore ha reconocido al Fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, Agustín Almario, tras una comisión rogatoria de la jueza instructora en España, que tras las dos mercantiles figuran Miguel Montoro (ya fallecido) y sus hijos Mónica, Noemí y Miguel.
Todos ellos tenían firma en cuentas tituladas a nombre de Edinboro. Esta empresa, que estuvo vigente entre 2004 y 2013, realizó tres trasferencias a través de la entidad suiza Union Bancaire Privée SA (UBP) a una cuenta del JP Morgan Chase a nombre de la hija de Alfonso Grau, María Ángeles, y su yerno norteamericano Kent Lawrence Baker. La instructora, que investiga blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias, sostiene que Grau pudo recibir, empleando a su familia para ello, hasta un millón de euros en sobornos por favorecer gestiones municipales en operaciones inmobiliarias de la familia Montoro.
La misma familia figura en el sumario en otra operación de movimiento de fondos, en este caso con el exconseller Rafael Blasco, condenado en otras causas como Grau y ahora en tercer grado penitenciario por el caso Cooperación, como posible beneficiario. La UBP ha informado a los investigadores del caso Azud que la misma cuenta de Edinboro ordenó el 25 de enero de 2008 una transferencia por importe de 600.000 euros a una segunda cuenta titulada por la sociedad también panameña Jagat Inc en la entidad Banque Pasche de Ginebra. La documentación de las comisiones rogatorias ha revelado que tenían firma autorizada de Jagat tanto Miguel Montoro como Blasco.
Los fondos depositados en Ginebra sirvieron para realizar inversiones y llegaron a acumular a 30 de junio de 2012 un valor de 635.793,38 euros. El empresario Miguel Montoro ordenó cerrar la cuenta suiza de esta sociedad panameña, coincidiendo con la apertura de diligencias de investigación penal contra Blasco, que había sido conseller de Urbanismo, y trasfirió el saldo Edinboro Insvestments.
La trama de presunto cobro de comisiones del que fue hombre fuerte de Rita Barberá, Alfonso Grau, en el Ayuntamiento de Valencia y el exconseller de la Generalitat con el Partido Popular Rafael Blasco empleó a despachos de abogados y gestores fiduciarios conocidos por aparecer en escándalos internacionales de posible evasión fiscal. El sumario del caso Azud, al que ha tenido acceso El Confidencial, revela que una conocida familia valenciana vinculada al sector promotor e inmobiliario, los Montoro, recurrieron a la firma ginebresa Apex International Consulting y el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) para abrir cuentas bancarias en entidades financieras de Suiza y crear sociedades offshore en Panamá por las que habrían canalizado cientos de miles de euros de los que Grau y Blasco terminaron apareciendo como beneficiarios.