Seis meses del incendio de Valencia: fin de los alquileres gratuitos para afectados y conflictos entre vecinos

Hace seis meses que un monumental edificio de 138 viviendas ardió en llamas en el barrio valenciano de Campanar. En la tragedia –en la que el fuego se propagó a una velocidad incontrolable– fallecieron diez personas. Tras el suceso, las administraciones se pusieron manos a la obra para ofrecer un paquete de ayudas acorde a sus necesidades: el Ayuntamiento de la ciudad (PP) aportó alternativas habitacionales y la Generalitat (PP), ayudas económicas para el alquiler. Este lunes, no obstante, terminó el plazo de alojamiento gratuito para los afectados en unos apartamentos municipales del consistorio, ubicados en el barrio de Safranar.

De las 99 familias alojadas –un total de 187 adultos y 42 menores–, y según fuentes del consistorio, 80 de ellas ya habían abandonado el complejo a las dos de la tarde. A partir de ahora, optarán a las ayudas de entre 1.000 y 1.500 euros de alquiler del Gobierno de Carlos Mazón: "Ha habido una coordinación integral para hacer una parada para hacer una asistencia integral a los afectados", aseguró este lunes el concejal de Urbanismo, Juan Giner. Ambas administraciones han trabajado mano a mano, según fuentes gubernamentales.

Sin embargo, y al margen de la gestión administrativa, se han producido divisiones entre los propios afectados. No cuentan con un frente común en sus demandas, sino que han creado dos organizaciones diferentes para defender sus intereses. Existe una guerra interna entre los propietarios e inquilinos del incendio más grande de la historia de Valencia. Unos defienden la rehabilitación del edificio; otros, que se continúe con las investigaciones judiciales que detallen lo ocurrido. Según fuentes cercanas, los primeros enfrentamientos empezaron en el hotel en el que realojaron de emergencia a las víctimas del incendio.

Por un lado, existe la Asociación de Propietarios Afectados del Incendio de Campanar (APROICAM); por otro, la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (ARDIC). Este periódico ha podido comprobar que la relación entre ellos es compleja. Estos últimos son en su mayoría los vecinos que vivían de alquiler en el edificio calcinado. Los primeros, los dueños de los inmuebles.

El origen de la división fue el destino de los donativos anónimos para los damnificados. Y el conflicto terminó de estallar en el mes de mayo, cuando los 114.000 euros recaudados por crowdfunding decidieron destinarse a la rehabilitación del edificio, algo que no sentó nada bien a los afectados representados por ARDIC. "Las personas que aportaron su granito de arena y donaron lo han hecho para todos los damnificados, no para que una asociación que ni siquiera representa la totalidad de propietarios utilice el dinero en materiales de construcción", publicaron en Instagram.

Los propietarios, representados por Enrique Salvador y unificados en APROICAM, tienen tres demandas principales: la rehabilitación integral del edificio para "reanudar" su "vida en Campanar", "mantener las ayudas" y la "moratoria de las hipotecas" hasta el fin de las obras del bloque; y disponer de "ayuda psicológica" para las familias afectadas. Además, destaca especialmente su agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Generalitat por su gestión tras el desastre.

En principio, está previsto que el desescombro del inmueble se efectúe en el mes de septiembre. Después, y gracias a un informe técnico que avaló la posibilidad de darle una segunda vida, comenzarán las obras. Salvador explica que el pronóstico es que sean las aseguradoras las que se hagan cargo de todos los costes.

Ayudas públicas

El plazo para solicitar las ayudas económicas de la Generalitat terminaba este lunes. Sin embargo, el Gobierno de Carlos Mazón decidió ampliar la fecha hasta el 31 de diciembre. Mientras, y en colaboración con el Ayuntamiento, el equipo de la alcaldesa María José Catalá ofreció un edificio de viviendas municipales del barrio de Safranar. Según fuentes municipales, se eligió este lunes como fecha límite para ir de la mano con el Govern. No obstante, explican que sí han llegado casos de afectados que han firmado un nuevo contrato de alquiler para el 1 de septiembre y "podrán quedarse" en los edificios municipales hasta esa fecha "sin problema".

En dicho edificio residirán ahora las personas en riesgo de vulnerabilidad que se apuntaron al plan de vivienda social del consistorio. La salida de los damnificados del incendio "va a permitir una más rápida adjudicación a los nuevos inquilinos de la lista de demandantes de vivienda del Ayuntamiento", explicó Giner.

La duración de las ayudas de la Generalitat es de seis meses para los inquilinos y de un año para los propietarios. Respecto a las hipotecas, el presidente de APROCAM explica que "la mayoría" de entidades bancarias ofrecieron una moratoria en el pago. Por ello, una de sus principales demandas pasa por solicitar a las administraciones que "se vinculen las ayudas al alquiler a la rehabilitación del edificio, así como la moratoria en las hipotecas".

Desde la organización liderada por los inquilinos continúan exigiendo más investigación al respecto: "El foco debe dirigirse a saber qué ocurrió y cómo se pudo haber evitado [...] Seguimos unidos en la lucha de la verdad y la justicia". La demanda para ampliar las pesquisas, además, se produce dos meses después de que la Audiencia accediese a reabrir el caso después de que el juez instructor archivase la causa.