Ribera Salud aplaza con la Generalitat el pago de 52 millones de deuda que disputa en los tribunales

El grupo sanitario Ribera Salud arrancó en otoño de año pasado a la Agencia Tributaria Valenciana varios aplazamientos de deuda por liquidaciones de concesiones hospitalarias con saldo favorable a la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón. La mercantil firmó con el organismo recaudador autonómico prórrogas por importe de más de 52 millones de euros correspondientes a compensaciones económicas entre liquidaciones y expedientes de enriquecimiento injusto de contratos de hospitales y áreas de salud de Alzira, Dénia y Elche-Crevillente. Se trata de liquidaciones que fueron firmadas en 2022 por el anterior conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, sustituido por el popular Marciano Gómez tras el cambio político derivado de las elecciones de mayo de 2023.

Las cuantías vienen recogidas en la Cuenta General (auditoría) de la Generalitat del año pasado que se ha publicado este mes de julio y se corresponden con ajustes contables pendientes de aplicar de varios ejercicios que abarcan desde 2010 a 2017. Las resoluciones de Mínguez fueron recurridas judicialmente por Ribera Salud el año pasado, según recoge el mismo informe de la Cuenta General. En el mes de octubre, ya con el nuevo gabinete elegido por PP y Vox, la Agencia Tributaria Valenciana emitió otras tres resoluciones de aplazamiento de pagos a favor de la Conselleria de Sanidad que corresponde realizar a Ribera Salud.

La más voluminosa asciende a 30,4 millones de euros y se corresponde con liquidaciones de los años 2016 y 2017 de la concesión de Alzira, ya finalizada. La segunda prórroga, por importe de 9,4 millones de euros y relativa a los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, está relacionada con el área de salud de Dénia, cuya gestión pasó en febrero también a manos de la Administración pública tras no renovar el contrato de concesión. El tercer aplazamiento se eleva a 13 millones de euros y corresponde a ajustes contables de los años 2010, 2011 y 2012 de la concesión sanitaria del hospital de Elche-Crevillente. En los tres casos, la prórroga concedida fue de un año y finaliza el próximo 7 de octubre.

La compañía, ahora participada por el grupo francés Vivalto Santé, tendrá que desembolsar ese importe de casi 53 millones si no es que hay antes una resolución administrativa o judicial que modifique los saldos a su favor de la Conselleria de Sanidad. La otra opción es negociar un nuevo aplazamiento. Pero las fechas de las liquidaciones revelan el importante retraso que la Generalitat acumula a la hora de ponerse al día económicamente con la concesionaria. La matriz de Ribera Salud, Primero Salud, todavía no ha depositado sus cuentas de 2023, por lo que no es posible conocer el impacto que la asunción de estas obligaciones económicas podrían tener en su cuenta de resultados.

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El modelo de concertación se basa en el pago de una cápita (cantidad asignada por paciente potencial) por parte de Sanidad en función de la población atendida en el área de salud cuya gestión fue externalizada. Pero se producen además servicios añadidos, facturaciones intercentros o expedientes que requiere de liquidación posterior. Las liquidaciones realizadas el año pasado recogen saldos favorables para la Conselleria de Sanidad, a excepción del contrato de Torrevieja, también ya finalizado, por el que la Generalitat realizó una trasferencia a Ribera Salud de 31,3 millones. Para el resto de concesiones, Ribera Salud abonó 85,4 millones de euros, pero dejó pendiente de desembolso los 53 restantes que la Agencia dependiente de la Conselleria de Hacienda aceptó aplazar.

En los meses en que se negociaron esos aplazamientos ya estaba encima de la mesa del nuevo conseller Marciano Gómez el debate sobre si renovar o no las concesiones sanitarias de Dénia y Manises, esta última en manos de Sanitas, aunque Ribera siempre tuvo entre sus planes adquirir la concesión. Finalmente, atendiendo a razones asistenciales, según explicó en su momento el conseller, Sanidad optó por revertir a la gestión pública las dos áreas de salud. Ribera Salud, según comunicó Gómez, solamente podrá optar a la prórroga del área de Elche Crevillente cuando venza en 2025. La empresa sanitaria, que ha diversificado su actividad con hospitales privados y de titularidad pública en otras autonomías como Madrid, Galicia o Extremadura, aspiraba a renovar los contratos.