Madrid y Cataluña salvaron la factura de la financiación autonómica con casi 10.000 millones

La inyección de la Administración central y la mayor capacidad fiscal de las dos principales economías regionales de España, Madrid y Cataluña, permitieron salvar la factura global del sistema de reparto de recursos para cubrir las competencias autonómicas en el ejercicio de 2022, el último liquidado por el Ministerio de Hacienda. Las dos autonomías, junto con Baleares en menor medida, fueron las únicas que registraron un saldo neto negativo (aportaron más que recibieron) en los flujos redistributivos del sistema de financiación autonómica (SFA), según los cálculos efectuados por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que este lunes difundió su informe anual con los resultados de su investigación sobre la aplicación del modelo.

Según esta nota, la suma de los saldos positivos del resto de territorios señala que el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra por encima de sus ingresos tributarios por un importe de 24.141 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aportó 14.313 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que contribuyeron con otros casi 10.000 millones.

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid, con 7.395 millones, fue la que más aportación extra o solidaria inyectó en el sistema, tres veces y media más que Cataluña, con un saldo negativo de 2.088 millones de euros. Una vez aplicados los fondos de compensación, las dos autonomías se situaron en la media de la recepción de recursos para cubrir sus competencias, algo por encima en el caso catalán, con un rango de 100,9 sobre una base 100 en financiación efectiva por población ajustada (corregida por factores de envejecimiento o dispersión). Pese a su aportación solidaria, el balance desmiente el relato de que Cataluña es una autonomía infrafinanciada, como sostiene Esquerra Republicana. Sí es cierto que no está en el grupo de las privilegiadas, pese a su contribución neta. No se cumple el principio de ordinalidad que reclaman los soberanistas.

Tampoco ocurre con Madrid. El saldo negativo madrileño, la autonomía con mayor renta y en la que tienen su domicilio social las mayores empresas españolas y el grueso de los organismos del Estado, representa el 25% de su capacidad fiscal, mientras que para Cataluña, su saldo negativo fue del 7,46% sobre los ingresos tributarios empleados para el cálculo. Baleares registró un saldo negativo de 345 millones, el 7,09% de su capacidad fiscal, si bien ocupa una posición relativa mucho más privilegiada en el reparto final de recursos del sistema (115,2 sobre 100). En el lado opuesto, como perceptoras netas de los mecanismos de solidaridad interregional en términos absolutos (no relativos o por población ajustada), se sitúan el resto de territorios, con Andalucía (6.100 millones de euros), Canarias (4.130 millones), Galicia (2.987) y Castilla y León (2.370 millones) a la cabeza de los saldos positivos.

Madrid aportó a la "solidaridad" del sistema 3,5 veces más que Cataluña

Esas cifras, no obstante, no sirven para tomar una referencia del posible impacto sobre el conjunto del modelo de redistribución del concierto fiscal catalán pactado por el PSC y ERC. Para calcular la capacidad fiscal de cada autonomía y la liquidación de los mecanismos de redistribución, Fedea computa los ingresos de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado, corregidos a igual esfuerzo fiscal, es decir, sin tener en cuenta los ajustes al alza o a la baja (como por ejemplo Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana en sucesiones y donaciones) o la capacidad normativa en el tramo autonómico del IRPF. El sistema de financiación contempla el retorno a las autonomías del 50% de IRPF e IVA. El otro 50% queda en manos del Estado central. En el caso de Cataluña, la recaudación normativa de esos dos tributos (50%) y de los Impuestos Especiales que se ha tenido en cuenta para el cálculo de la liquidación del sistema de financiación en 2022 fue de 23.338 millones de euros.

Sin embargo, el acuerdo para la investidura del socialista Salvador Illa, cuya aprobación depende de una modificación de la Lofca en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, contempla la cesión en la gestión y liquidación del 100% de todos los tributos que se generan en Cataluña. Esto conllevaría el total de IRPF, IVA y Sociedades, que arroja una cifra muy superior a la que redistribuye con el actual sistema de financiación y que podría superar holgadamente los 50.000 millones. La parte que la Agencia Tributaria Catalana traspasaría al Estado para financiar sus competencias en Cataluña y la cuota de solidaridad que recogen el pacto no está especificada en el documento político y quedaría a expensas de la negociación.