Los consejeros de Vox salen del Consell de Mazón con suspenso en ejecución de inversiones

Los consejeros designados por Vox en el pacto de gobernabilidad con el popular Carlos Mazón han abandonado sus puestos en la Generalitat valenciana con un balance en gestión presupuestaria más que discreto. Los titulares de Cultura (Vicente Barrera, también vicepresidente), Agricultura (José Luis Aguirre) y Justicia e Interior (Elisa Núñez) fueron cesados el pasado 11 de julio después de que el comité ejecutivo de la formación que lidera Santiago Abascal decidiese romper los acuerdos territoriales con el Partido Popular por haber aceptado recepcionar grupos de inmigrantes menores de edad procedentes de Canarias. Los ultraconservadores salieron de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Baleares.

Los datos de la Intervención de la Generalitat valenciana correspondientes al cierre de junio (el primer semestre del año) reflejan un suspenso de los gestores elegidos por Vox en la capacidad de sacar adelante capítulos importantes del presupuesto de 2024, el primero que fue diseñado íntegramente por la coalición de gobierno. El nivel de cumplimiento está siendo especialmente modesto para el conjunto del Consell, que mejoró sus datos de ejecución en junio, pero sigue teniendo problemas con los retrasos en los pagos y en la puesta en marcha de proyectos y obras de inversión, sin haber mejorado los datos del Botànic en estas mismas fechas.

Ninguna conselleria, ni del PP ni de Vox, superaba la cuarta parte de obligaciones comprometidas en inversiones reales a cierre del primer semestre. El departamento con mayor capacidad inversora, el de Sanidad que dirige Marciano Gómez, solo había comprometido hasta julio 59,5 millones de los 567 millones presupuestados para obras, el 10,4%. Tampoco alcanzaba el 25% el de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, que lideraba Salomé Pradas, ahora en Justicia. A 30 de junio, las obligaciones comprometidas eran de 73,6 millones de los 360 millones planificados, el 20,41%.

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A la hora de hacer balance de la gestión particular que han dejado sobre la mesa los consejeros voxistas, hay secciones destacables. El exvicepresidente Vicente Barrera, hasta hace poco principal referencia política de Vox en la Comunidad Valenciana, apenas registra un cumplimiento del 3,46% en el capítulo de inversiones reales. De los 34,8 millones de los que disponía para realizar inversiones culturales, apenas comprometió 1,2 millones en los seis primeros meses del año. Algo más ágil fue el equipo de Cultura en la resolución de expedientes de trasferencias corrientes y de capital (37,3% y 24,4%), si bien con importantes retrasos en los pagos, que apenas alcanzaban a 30 de junio el 9,42% para el total de 241 millones reservados para este año.

El atasco más visible en materia de gestión presupuestaria ha sido el del ya extitular de Agricultura. José Luis Aguirre cerró para siempre la puerta de su despacho en la conselleria con una hoja de servicios más presentable que Barrera en ejecución de inversiones reales (22,7%). Sin embargo, la Intervención registra un monumental retraso en la tramitación de expedientes de trasferencias corrientes (0,49%) y de capital (0,03%). Estos dos capítulos recogen los programas de ayudas al sector del campo. El pasado mes de junio, las organizaciones agrarias más representativas (AVA-ASAJA, La Unió y COAG) promovieron una protesta ante la sede de la Conselleria de Agricultura para reclamar agilidad burocrática al departamento de Aguirre. En su concentración calificaron de "ineficaz, ineficiente e irrelevante en el conjunto de la Generalitat" la gestión del equipo liderado entonces por el consejero de Vox.

Aguirre fue sustituido en el puesto por Miguel Barrachina, hasta hace poco más de dos semanas portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas. El principal reto de Barrachina es recuperar la confianza de los sectores primarios y desatascar los programas de colaboración y ayudas a la agricultura.

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La tercera de los consellers salientes fue la titular de Justicia e Interior, Elisa Núñez, quien se dio de baja como militante de Vox con duras críticas a la formación en una carta dirigida a Santiago Abascal. Núñez presenta una hoja de servicios de apenas un 17,79% (19,7 millones de euros) en obligaciones reconocidas en inversiones reales y porcentajes mucho mejores, superiores a la media, en trasferencias corrientes (83,43%) y de capital (68,8%), si bien es cierto que, pese a completar expedientes y reconocer los créditos, los pagos de esta conselleria apenas superan el 28% cuando ya se ha cumplido el primer semestre del ejercicio presupuestario.

Esa demora en la liberación de recursos por compromisos reconocidos es tónica general en el Consell que preside Mazón y no muy distinta a la que presentaba el gobierno de coalición presidido por el socialista el año pasado al cierre de junio. La Conselleria de Hacienda ha justificado los retrasos por la tardanza en el desembolso de las entregas a cuenta por parte del Ministerio de María Jesús Montero y la retención hasta septiembre de más de 500 millones de euros que correspondían al incremento de estas trasferencias fijadas por el sistema de financiación autonómica para 2024.

El contraste entre obligaciones reconocidas y pagos es especialmente visible en la Conselleria de Innovación de Nuria Montes. De los 190 millones de euros comprometidos en el primer semestre en trasferencias de capital (el 38,86% del total) no se había pagado nada en el momento de rendir cuentas a la Intervención General de la Generalitat. Una situación parecida a la registrada en el capítulo de trasferencias corrientes, con un grado de cumplimiento burocrático muy óptimo, del 53,85%, pero del que apenas se había desembolsado realmente a los beneficiarios el 8,74%.