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Mazón modifica 29 leyes y 37 decretos para intentar dar la batalla contra la burocracia en la Generalitat
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PLAN SIMPLIFICA

Mazón modifica 29 leyes y 37 decretos para intentar dar la batalla contra la burocracia en la Generalitat

El Consell valenciano aprueba el Plan Simplifica que agiliza licencias, proyectos estratégicos y la relación del ciudadano con la Administración, aunque reduce controles previos

Foto: Mazón, en una comparecencia este martes en el Palau de la Generalitat. (Rober Solsona/Europa Press)
Mazón, en una comparecencia este martes en el Palau de la Generalitat. (Rober Solsona/Europa Press)

Era una de las promesas electorales del actual presidente de la Generalitat valenciana, el conservador Carlos Mazón, y ha tardado casi un año en ver la luz, pero el Consell que comparten Partido Popular y Vox aprobó este martes al fin el Plan Simplifica, un compendio de cambios legislativos y normativos que pretende agilizar los mecanismos de la Administración autonómica y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la burocracia regional. La letra pequeña del decreto ley se conocerá este miércoles cuando sea publicado en el Diario Oficial, pero tanto el barón popular como la portavoz gubernamental y consellera de Hacienda, Ruth Merino, anticiparon que la iniciativa elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes que "lastran la tramitación administrativa y que han sido identificados tras un proceso en el que han participado el sector empresarial, los colegios profesionales, las entidades locales y la ciudadanía en general", señalaron.

Los cambios normativos introducidos van destinados a promover la mejora de los procesos administrativos y a eliminar "barreras innecesarias para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana", según destacó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la portavoz Merino. Los cambios alcanzan a casi todos los sectores que requieren de trámites con la Generalitat, desde la agricultura hasta el de la construcción y el urbanismo o las renovables, que acumulan importantes retrasos en la implantación en el territorio.

Según la información difundida por el Consell, entre las principales medidas para impulsar la actividad económica se encuentra la declaración de proyectos de interés autonómico, la activación del Canal Empresa, la potenciación de las declaraciones responsables y la creación de las entidades colaboradoras de certificación y de la certificación documental acreditada. Los nuevos mecanismos de agilización, eso sí, reducirán algunos controles previos, dando preferencia a las declaraciones responsables o limitando las peticiones información para la tramitación de expedientes.

Foto: Carlos Mazón, en la presentación del Plan Simplifica 2024-2026. (GVA)

Por lo que respecta a las medidas dirigidas a la ciudadanía, se establecen mecanismos para "acercar la Administración a las personas, especialmente a las personas mayores, con diversidad funcional o afectadas por la brecha digital". En concreto, la Generalitat posibilitará que la ciudadanía pueda acceder a través de un único punto electrónico a toda la información generada, que deberá estar redactada en un lenguaje claro y sencillo, entre otras medidas, según las mismas fuentes.

La nueva norma regula medidas aplicables tanto a empresas como a la ciudadanía, tales como la reducción de plazos, el sentido positivo del silencio administrativo y la "interoperabilidad entre sistemas". Por ejemplo, se prohíbe a la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental solicitar a las personas interesadas la aportación de datos o documentos que puedan consultar en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad, la base de datos compartida. En el marco de estas actuaciones, la Generalitat aprobará mediante un acuerdo del Consell un modelo de gobierno del dato orientado a optimizar la gestión burocrática.

Cambio en la ley de territorio

En materia de medio ambiente, infraestructuras y territorio, se establece la actualización de la Ley 6/2014 para "mejorar la tramitación de autorizaciones ambientales", eliminando "referencias obsoletas y clarificando la vigencia de documentos y plazos"; se revisan leyes relacionadas con espacios naturales protegidos, caza, y vías pecuarias para armonizar normativas y mejorar la gestión de recursos naturales, y se modifica la ley de tarifas portuarias y la ley de seguridad ferroviaria para "mejorar la eficiencia y celeridad en la gestión de competencias, simplificando la actividad administrativa y mejorando la tramitación de procesos".

La oposición cuestiona el cambio en la LOTUP por rebajar protección del territorio y el medio ambiente

Del mismo modo, se reforma la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para "simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, y clarificar plazos y procedimientos, con el objeto de agilizar la tramitación de planes urbanísticos, declaraciones de interés comunitario y proyectos de interés autonómico, además de asegurar que la legislación sea coherente y eficiente para abordar problemas reales de planificación urbana y territorial". Los partidos de la oposición, tanto PSPV-PSOE como Compromís han advertido que, tras las promesas de agilización, el cambio en la LOTUP supone rebajar las medidas de protección medioambiental y el control sobre el urbanismo en el territorio. El giro normativo supone un regreso al "urbanismo salvaje", han advertido.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita a Fitur. (Europa Press/Álex Zea)

La nueva normativa contempla medidas en materia de energía, como modificaciones en el texto refundido de la legislación para acelerar la implementación de energías renovables, "mejorar la resiliencia energética y reducir la dependencia del gas natural y la energía importada; la ampliación de la ocupación máxima para plantas fotovoltaicas y la eliminación de las barreras burocráticas, garantizando un marco jurídico más ágil y seguro", señala el texto. Además, se realizan cambios en el Decreto 88/2005 para facilitar la autorización y puesta en servicio de infraestructuras eléctricas y estaciones de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de "dinamizar y agilizar la actividad económica asociada a la infraestructura energética, contribuyendo a la reactivación económica y la transición hacia energías renovables".

Servicios sociales

En cuanto a medidas en materia de servicios sociales e igualdad se recoge modificaciones en diversas leyes y decretos para agilizar la cooperación internacional, protección de la infancia, reconocimiento de perros de asistencia, memoria de gestión de cooperación, visados de servicios sociales, y acogimiento familiar, además de reducir tiempos de espera para la certificación de discapacidad y optimizar procesos administrativos, resume la comunicación de la Generalitat.

Además, se establecen cambios en la Ley de Igualdad y reglamentos relacionados para "eliminar requisitos de visado de planes de igualdad, simplificar procedimientos de ayuda a víctimas de violencia de género, y fomentar la igualdad en empresas sin penalizaciones, agilizando la tramitación de ayudas y reduciendo cargas administrativas".

Por lo que respecta a Hacienda y Administración Pública, se simplifica la gestión de subvenciones y control interno en Hacienda, se elimina la obligatoriedad de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública para flexibilizar su aplicación, se suprime la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) para "consolidar funciones" en Función Pública, y se agiliza la emisión de informes de impacto informático en Administración electrónica.

Sanidad y educación

En materia de sanidad, el decreto ley recoge medidas para agilizar los procesos de selección y provisión de personal, como publicación de listados en la web, la eliminación de requisitos de grado de carrera profesional en concursos de traslados, y la prórroga de comisiones de servicio para reducir la temporalidad y asegurar la estabilidad de los equipos asistenciales. Además, se incluyen modificaciones en la Ley de Ordenación Farmacéutica para flexibilizar los requisitos de apertura de botiquines farmacéuticos en municipios rurales con baja densidad de población, garantizando así la prestación farmacéutica en localidades con menos de 500 habitantes.

En el ámbito de la educación y empleo, se elimina el procedimiento provisional para autorizar unidades mixtas en centros de educación infantil, simplificando la gestión administrativa mediante la aplicación del procedimiento general de autorizaciones, "que es más ágil y flexible". Del mismo modo, se elimina la obligación de aportar documentos ya disponibles en la administración para reducir cargas administrativas en materia de subvenciones para sindicatos y ayudas para el fomento del trabajo autónomo.

En el ámbito del comercio y el turismo, se establece modificaciones en la Ley 3/2011 para "facilitar la declaración de zonas de gran afluencia turística y ajustar los requisitos para la venta no sedentaria, mejorando así la eficiencia administrativa y la competitividad del sector", y se actualiza la Ley 15/2018 y varios decretos relacionados con el turismo para simplificar trámites, "eliminar órganos innecesarios, agilizar la obtención de habilitaciones y la tramitación de ayudas y mejorar la gestión y calidad de los servicios turísticos".

Era una de las promesas electorales del actual presidente de la Generalitat valenciana, el conservador Carlos Mazón, y ha tardado casi un año en ver la luz, pero el Consell que comparten Partido Popular y Vox aprobó este martes al fin el Plan Simplifica, un compendio de cambios legislativos y normativos que pretende agilizar los mecanismos de la Administración autonómica y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la burocracia regional. La letra pequeña del decreto ley se conocerá este miércoles cuando sea publicado en el Diario Oficial, pero tanto el barón popular como la portavoz gubernamental y consellera de Hacienda, Ruth Merino, anticiparon que la iniciativa elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes que "lastran la tramitación administrativa y que han sido identificados tras un proceso en el que han participado el sector empresarial, los colegios profesionales, las entidades locales y la ciudadanía en general", señalaron.

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