Catalá tendrá que indemnizar a los ofertantes de los Docks de Valencia por paralizar el concurso

El Ayuntamiento de Valencia tendrá que indemnizar a los ofertantes del concurso para la construcción de un centro de datos en el edificio de los Docks, en la Marina Real, por la decisión de tumbar el procedimiento competitivo. Así lo admite el equipo de gobierno del Consistorio del que es alcaldesa la popular María José Catalá, en una propuesta de resolución que aprobará este viernes en junta municipal. En ella, rechaza el recurso de reposición contra el desistimiento del concurso y la reclamación de todos los gastos en los que incurrió uno de los aspirantes, Nethis, pero acepta que tendrá que calcular "la compensación a la que los licitadores tienen derecho" y asumir como Administración una "responsabilidad patrimonial", de acuerdo con el artículo 152 de la Ley de Contratos del Estado. Ese cálculo de la indemnización se producirá, según el acuerdo municipal, una vez los licitadores presenten la documentación acreditativa de los gastos que tuvieron para la presentación de sus ofertas, sin más especificación.

Catalá decidió paralizar el concurso iniciado por su antecesor, Joan Ribó (Compromís), para la construcción de un centro de datos de usos mixtos en los Docks de la Marina el pasado mes de julio, aunque la mesa de contratación ya había llegado a completar una evaluación de las ofertas y proponer un ganador virtual, la mercantil Sineasen (Datium), que también ha recurrido la paralización. Esta firma ofrecía una inversión de 43 millones de euros, la creación de más de 500 empleos y un canon superior al millón de euros.

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Los argumentos esgrimidos por el nuevo Ejecutivo local del PP son dos. El primero es que no cree que la iniciativa del centro de datos merezca la consideración de proyecto de utilidad pública o interés social y tenga que ubicarse en un edificio "singular, emblemático y dotado de protección patrimonial" como el de los Docks. El segundo argumento es que la Abogacía del Estado elaboró el pasado mes de abril un informe específico sobre este concurso, en el que coincide en que el uso previsto y el hecho de constituir un derecho de superficie sobre el mismo para su explotación por un tercero, a cambio de un canon anual, "es contrario a la finalidad de utilidad pública o interés social para el que el citado bien fue cedido" en 2013 por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia.

De trasfondo está la ley de Puertos, la interpretación legal del interés social y la incertidumbre jurídica que genera sobre los elementos de toda la Marina Real que fueron cedidos, bien al Ayuntamiento de Valencia, bien al Consorcio Valencia 2007, organizador de la America's Cup. La Abogacía del Estado en Valencia, en otro informe de octubre de 2022 elaborado a instancias del Puerto de Valencia, sostiene que todos los espacios en los que hay actividad económica o explotación comercial tiene que retornar al organismo estatal portuario.

Opinión

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En una respuesta al grupo municipal socialista, el equipo de Catalá afirma que Joan Ribó convocó el concurso de los Docks "sin ningún informe técnico o jurídico", en virtud de una resolución de Alcaldía de agosto de 2022 por la que se declaró el interés público y se admitió a trámite una solicitud formulada por Nethis para desarrollar un proyecto de actividad en el citado edificio. Ribó siempre ha mantenido que contaba con el aval de los abogados municipales e informes propios que contradecían la opinión de la Abogacía del Estado.

La decisión del Gobierno local del Partido Popular, que no tiene por ahora fecha para decidir sobre posibles usos alternativos para los Docks, generó este jueves las críticas de la oposición. La portavoz del PSPV-PSOE y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, afirmó que "el capricho" de Catalá de "lanzar por los aires una inversión de varios millones de euros que iba a generar más de 500 puestos de trabajo en los Docks no solo es una pérdida de oportunidad para esta ciudad, sino que, además, nos va a costar dinero a los valencianos y valencianas", señaló en referencia a las indemnizaciones que tendrán que desembolsarse a las tres empresas que habían concurrido a la licitación.