La batalla por la cuarta economía española que puede decidir el futuro de la Moncloa

Más de tres millones y medio de valencianos están llamados a las urnas desde este martes para elegir a los diputados del Parlamento regional, del que saldrá el próximo presidente de la Generalitat. El barón socialista, Ximo Puig, firmó este lunes el decreto de disolución de las Cortes valencianas y la convocatoria de las elecciones autonómicas. Se celebrarán el domingo 28 de mayo, coincidiendo con las municipales. Puig ha exprimido la legislatura para regresar al calendario de las locales. La contienda, aunque de ámbito territorial, trasciende al nacional. El resultado servirá para medir el grado de resistencia del PSOE y la coalición del Botànic con Unidas Podemos y Compromís. Pero también el nivel de movilización del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

En 2019, Ximo Puig adelantó los comicios un mes para solaparlos con las generales. El objetivo en aquella ocasión fue aprovechar al máximo la movilización en favor de un Pedro Sánchez en estado de gracia, pese al malestar que esto generó en sus socios de Compromís. Los valencianistas siempre vieron ese anticipo como un intento de absorber parte de su electorado. En una cita con la participación más alta desde 1995, el Botànic de izquierdas sumó una nueva mayoría, aunque con tres escaños menos (52). Solo los socialistas crecieron en representación. Tanto Compromís como Podemos perdieron diputados.

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El escenario es bastante distinto cuatro años después. Puig es el único superviviente como candidato. El resto de formaciones cambia de cabeza de cartel, con Carlos Mazón (PP), Joan Baldoví (Compromís), Héctor Illueca (Podemos), Carlos Flores (Vox) y Mamen Peris (Ciudadanos), la única mujer candidata.

El Gobierno de Pedro Sánchez aparece castigado en los sondeos frente a un PP en crecimiento, aunque todavía dependiente de Vox para conformar mayorías. Lejos de optar por una singularización de las autonómicas, Ximo Puig ha retrasado al límite legal las elecciones para intentar un tercer mandato con todo el arsenal municipal y marcando distancias con la refriega y el ruido dentro de la M-30 madrileña. Los alcaldes socialistas sumaron hace cuatro años casi 90.000 votos más que el president y la estrategia es ahora confluir con el poder local para revalidar la mayoría con los socios de izquierdas.

"Ha sido una legislatura excepcional", explicaba Ximo Puig en su discurso de cierre de legislatura en el Palau y en referencia a la pandemia, la guerra de Ucrania o catástrofes naturales como los fuertes temporales que ha tenido que afrontar como president. "Todos los indicadores sociales y económicos reflejan una evidencia: estamos mejor. La Comunidad Valenciana está avanzando. En la vía valenciana, lo mejor está por venir. Esta comunidad no quiere retroceder", añadió, destacando cifras de empleo o de inversión industrial y empresarial, con ejemplos como el de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto.

La demoscopia augura un resultado de infarto. En la batalla por el poder en la cuarta economía de España, que hasta 2015 fue feudo del PP durante 20 años, las encuestas arrojan un empate técnico entre bloques con algunas tendencias muy marcadas. La primera es la más que probable desaparición de Ciudadanos del Parlamento autonómico. Los naranjas se quedan lejos del 5%, porque el grueso de sus votantes ha regresado al redil del Partido Popular. La cuestión es si esa concentración será suficiente para el conservador Carlos Mazón, que tendrá que depender de Vox para conseguir la investidura si entre los dos partidos del bloque de la derecha suman una mayoría suficiente de 50 escaños.

Puig lleva meses tratando de pescar en el caladero de los votantes moderados de Ciudadanos, convencido de que si logra captar un pequeño porcentaje complicará el vuelco político. Pero los problemas podrían llegarle por el flanco izquierdo. Unidas Podemos está al límite del 5% necesario para obtener representación. Si se queda cerca, sus votos no contarán, lo que complica la reedición del Botànic. Socialistas y Compromís no ocultan su ambición de absorber ese electorado y simplificar la gestión en un posible nuevo Consell, pero, con un resultado tan reñido, toda papeleta cuenta.

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Es lo mismo que ocurre en el bloque de la derecha. ¿Crecerá Vox sobre el resultado de 2019, cuando la urna autonómica coincidió con la del Congreso? Es una pregunta en el aire. Otras incógnitas son saber qué porcentaje conservará Ciudadanos y si los votantes conservadores mantendrán la movilización que Mazón y Alberto Núñez Feijóo tratan de imprimir a su electorado con el mensaje de que, además del poder local y regional, el próximo 28 de mayo será una primera vuelta de las generales, un paso previo a la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa. Esos dos perfiles de campaña, una en clave nacional de la derecha y otra más territorial de la izquierda, no son casuales en la Comunidad Valenciana: el análisis histórico refleja un nivel más alto de participación en los comicios generales del que se beneficia la derecha. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una victoria de las izquierdas sobre las derechas en unas elecciones al Congreso de los Diputados en la Comunidad Valenciana. Y no es tanto una cuestión de trasvase de votos entre bloques como de nivel de participación.

Gestión vs. movilización

Estas tendencias históricas explican que Puig haya optado por no arriesgar y tampoco convocar elecciones en solitario. Ha elegido ir a las urnas con los alcaldes y ha imprimido un perfil muy institucional a su acción política para tratar de propiciar una desmovilización en el electorado más conservador. "No hay pulsión de cambio en la Comunidad Valenciana", es una frase que ha repetido mil y una veces.

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La estrategia es diametralmente opuesta en el flanco del Partido Popular. Mazón y Feijóo llevan meses tratando de activar a sus votantes y socavando el perfil presidencial del barón del PSOE. Los populares, que perdieron el poder en 2015 por la acumulación de escándalos de corrupción, están castigando ahora el hígado del dirigente socialista con el caso Azud o el de las subvenciones públicas recibidas por su hermano. Este mismo lunes, entregaban a la Agencia Valenciana Antifraude nuevas facturas de las empresas de comunicación de Francis Puig con el Ayuntamiento de Morella, gobernado por los socialistas, aunque Ximo Puig dejó la alcaldía de esta población del interior de Castellón en 2012.

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Para Feijóo, la Comunidad Valenciana es clave. Reconquistar la plaza supondría mucho en términos de poder real para su partido. Son más de 25.000 millones de euros de presupuesto y muchos puestos que repartir. Pero a la vez le permitiría transmitir la señal de que el cambio de ciclo político es real y que la Moncloa es la siguiente estación. Justo lo contrario del análisis que cabe hacer si el PP no consigue desbancar al PSOE de alguno de sus feudos importantes.