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Guerra abierta entre Ximo Puig y Page por el Tajo-Segura más allá de las siglas del PSOE
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A LAS PUERTAS DEL 28-M

Guerra abierta entre Ximo Puig y Page por el Tajo-Segura más allá de las siglas del PSOE

El barón valenciano logra el respaldo de los regantes para su estrategia judicial y lleva al Supremo el decreto del Gobierno. El manchego convoca a su Ejecutivo para preparar una respuesta

Foto: Ximo Puig y Emiliano García-Page, en 2018. (EFE/Manuel Bruque)
Ximo Puig y Emiliano García-Page, en 2018. (EFE/Manuel Bruque)

Dos de los principales barones del PSOE han entrado en confrontación abierta, al margen de las siglas de su partido, por el reparto de los recursos hídricos del país. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció este miércoles que su Administración ha presentado ya un recurso judicial ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de cuencas hidrográficas que recorta el trasvase Tajo-Segura y fija caudales ecológicos mínimos y no revisables a partir de los años 2026 y 2027. El movimiento judicial del Consell del Botànic, que cuenta con el aval de los socios de Puig, Compromís y Unidas Podemos, ya era conocido. Pero la escenificación de este, con una foto el día anterior con las comunidades de regantes, y el envío al Supremo del recurso justo el Día Mundial del Agua evidencian la carga política que Puig ha querido otorgar a su posición contraria a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, a escasos dos meses de las elecciones del 28 de mayo.

La comunicación del recurso judicial, difundida formalmente a través de la web y las cuentas sociales de la Generalitat, tuvo una respuesta casi inmediata del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha convocado un consejo extraordinario de su Gobierno para este mismo jueves, con el fin de estudiar su propia respuesta en los tribunales.

Foto: Ximo Puig y Teresa Ribera. (EFE)

Aunque administraciones en manos del PP como Murcia, Andalucía y la Diputación de Alicante, gobernada por el popular Carlos Mazón, tienen en marcha sus propios recursos contra el real decreto del ministerio, la guerra del agua se ha focalizado en dos barones del PSOE que se juegan la continuidad en el poder en las autonómicas y que no parecen dispuestos a dar su brazo a torcer. Se suma a esto que son dos dirigentes socialistas que nunca han mostrado una especial sintonía. La última vez que mantuvieron un encuentro bilateral, pese a presidir regiones fronterizas, fue en una visita de García-Page a Valencia en 2018.

No es la primera vez que los dos gobiernos autonómicos se enfrentan con presidentes socialistas. El trazado de la autovía A-3 a su paso por las Hoces del Cabriel motivó un pulso entre José Bono y Joan Lerma en la década de los noventa, con Josep Borrell al frente del Ministerio de Obras Públicas, que también tuvo que mediar en el reparto del agua. Ganó el castellano-manchego, quien también logró que la ruta del AVE Madrid-Valencia tuviese parada en Cuenca, aunque en este caso quien tuvo que aceptar el acuerdo fue el popular Eduardo Zaplana cuando presidía la Comunidad Valenciana.

Foto: Lambán, García-Page, Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La Generalitat ha basado su recurso principalmente en el incumplimiento del acuerdo que, asegura, se produjo inicialmente en el Consejo Nacional del Agua para introducir una disposición adicional en el texto legislativo que permitiera reevaluar los caudales ecológicos por encima de siete metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez en función de la ejecución de las inversiones previstas y su impacto sobre la calidad del agua del Tajo. Según sostiene, el texto que se remitió para su validación al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros no era el mismo que se había apalabrado durante la fase de debate en noviembre del año pasado. "Con ello, se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones, recogidos por nuestro ordenamiento jurídico", señala el escrito elaborado por la Abogacía autonómica, que alude a falta de justificación técnica y explicación en el escalonamiento de los caudales. El propio Consejo de Estado reprochó falta de trasparencia durante el proceso de participación.

El escrito, que además de la anulación del real decreto pide la suspensión cautelar de su entrada en vigor, repasa las consecuencias económicas del recorte en los aportes de agua hacia las comarcas del sur alicantino y la cuenca del Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales mínimos. Se estima una disminución de la actividad económica en 232 millones de euros al año, el 0,6% del PIB de la demarcación, y un impacto en el empleo de 8.060 trabajadores. El hachazo al trasvase implicará, además, un incremento de los costes de abastecimiento urbano de unos 16 millones de euros anuales y una pérdida del valor patrimonial de las superficies regables de 484 millones de euros, según el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial.

"Vamos a defender ahora y siempre los intereses de los regantes de la Comunidad Valenciana", señaló Puig tras defender los esfuerzos del sector en la modernización de riesgos, consumos responsables e, incluso, adaptación a la desalinización. "Vemos que en el real decreto hay aspectos francamente lesivos porque no entienden una actualización que sería deseable", insistió el valenciano.

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras aprobar el trasvase Tajo-Segura. (EFE/Javier Lizón)

En esta línea, la reacción de García-Page convocando su consejo de gobierno y tocando tambores de guerra judicial a raíz del recurso de la Generalitat refuerza la idea de una confrontación de dos barones de un mismo partido defendiendo los intereses opuestos de sus territorios. Se trata de un pulso que asumen sin complejos, pese a las llamadas al diálogo con las que Puig suele trufar sus intervenciones, consciente de que la reacción de uno a los movimientos del otro retroalimenta sendas posiciones.

"Ayer mismo, la Generalitat de la Comunidad Valenciana anunció, y lo hará también Murcia, no sé si lo hará Madrid, que va a recurrir el plan sobre el trasvase Tajo-Segura", señaló el presidente castellano-manchego. "Lo que no vamos a tolerar es que, después de haber sido generosos, encima intenten parar los pasos que acabamos de conseguir", añadió García-Page, que se juega también el Gobierno autonómico con los sondeos apuntando a un resultado muy ajustado.

Foto: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE)

En el entorno de Puig, no esconden que la escenificación sin tapujos ante el Gobierno del recurso judicial va dirigida a lanzar una idea contundente de distanciamiento con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que se produce en pleno periodo preelectoral. Busca además cerrar el paso el discurso de los populares de Carlos Mazón. Los conservadores quieren hacer responsable al barón socialista del recorte en el trasvase y le reprochan escasa capacidad de influencia en su partido y en la Moncloa. Mazón denunciaba este miércoles que la argumentación jurídica del recurso valenciano es insuficiente y supone "la rendición a plazos de Ximo Puig".

Están en juego los votos del sur de la provincia de Alicante, tradicional feudo de la derecha, que puede ser clave en la conformación de mayorías en la Comunidad Valenciana el próximo 28 de mayo.

Dos de los principales barones del PSOE han entrado en confrontación abierta, al margen de las siglas de su partido, por el reparto de los recursos hídricos del país. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció este miércoles que su Administración ha presentado ya un recurso judicial ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de cuencas hidrográficas que recorta el trasvase Tajo-Segura y fija caudales ecológicos mínimos y no revisables a partir de los años 2026 y 2027. El movimiento judicial del Consell del Botànic, que cuenta con el aval de los socios de Puig, Compromís y Unidas Podemos, ya era conocido. Pero la escenificación de este, con una foto el día anterior con las comunidades de regantes, y el envío al Supremo del recurso justo el Día Mundial del Agua evidencian la carga política que Puig ha querido otorgar a su posición contraria a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, a escasos dos meses de las elecciones del 28 de mayo.

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