Los grandes municipios de Alicante optan por congelar sus tasas en el año electoral

Con la cita electoral tocando a las puertas, los ayuntamientos de Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja afrontan sus cuentas municipales con estrategias similares, aunque parezca paradójico. Estas cuatro ciudades representan el 40% de la población de la provincia alicantina y están gobernados por partidos y coaliciones diferentes. No obstante, los cuatro harán gala este 2023 de una política de “moderación fiscal” o “congelación” abriendo una batalla soterrada por ofrecer más incentivos o ayudas.

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Tanto el consistorio alicantino como el ilicitano, esperan aprobar en breve sus cuentas. El socialista Carlos González junto a sus socios de Compromís prevé dar luz verde a las cuentas este viernes y el popular Luis Barcala en coalición con Cs trabaja para que Vox dé el visto bueno en Alicante en las próximas semanas. Torrevieja y Benidorm, ambos con mayorías del PP, aún no tienen fecha plenaria. No obstante, los cuatro han avanzado su política fiscal para dejar claro que los impuestos y tasas locales se quedarán como estaban. Así que la lucha contra la inflación se combatirá vía ingresos procedentes de la participación en los tributos del Estado o más captación de subvenciones. Es la magia de las elecciones que tiene por norma la de colgar el cartel de “No molestar” a los vecinos, si bien todos apuntan a una fase de recuperación pendiente.

Si hace unos meses explosionó la guerra de la fiscalidad autonómica, la política local deja diferencias más sutiles. La pandemia generalizó la congelación de impuestos e incluso la reducción de tasas como la de las terrazas. También sirvió para que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, aplicara la propuesta del PP nacional de llevar a cero impuestos como el del IAE. El líder popular anunció en octubre la supresión total del impuesto, que ha entrado en vigor en 2023 y que estima “beneficiará a más de 8.500 empresas.”

Mazón ha defendido esta propuesta “en coherencia y consonancia con la línea política de este equipo de Gobierno, que estos últimos años ha impulsado una progresiva eliminación del IAE” que se aplica a empresas que facturan más de un millón de euros, volviéndose a bajar otro 50% en 2022 hasta dejarlo solo en el 5%. Desde la Diputación se cifró en 9 millones de euros “el ahorro global para las empresas y autónomos de la provincia por el IAE durante este periodo (2021-2023)”.

Sin embargo, para los ayuntamientos el reto es mayor, porque como bien advirtió el concejal socialista ilicitano Héctor Díez el pasado septiembre, las cuentas serían difíciles de cuadrar con la subida de costes como la luz y los servicios por la inflación. Y así ha sido en líneas generales. La edil de Hacienda de Elche, Pilar Maciá, aseguró que “los costes energéticos que tiene que afrontar esta administración local de cara 2023 se han triplicado, han aumentado un 161%, pasando de 4,2 millones de euros a pagar 11,7 millones. Ello ha repercutido en tener que reducir los importes de otras partidas presupuestarias del capítulo II de Bienes Corrientes y Servicios”. La respuesta fiscal se ha hecho repitiendo fórmula respecto a 2022 y con el remanente, se han incluido partidas de ayudas al IBI (400.000 euros).

Lluvia de bonificaciones

El Impuesto de Bienes Inmuebles es la piedra angular de los ingresos para la mayoría de los ayuntamientos. En el caso de Elche, las previsiones para 2023 son de 56 millones respecto a un presupuesto de 231 aproximadamente. En Alicante, serán de 87 en referencia a los 130 millones de ingresos de naturaleza local. Ambas practicarán la “moderación fiscal”.

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Por su parte, Benidorm ya anunció en octubre una segunda congelación. El alcalde, Toni Pérez, avanzó que “por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento va a rebajar el tipo impositivo del IBI”. La reducción se hará efectiva en el recibo del este año y “se suma a la aplicada ya este año y que redujo el tipo de gravamen del IBI del 0,682 al 0,670, manteniendo la bonificación del recibo del 75% para las familias numerosas. Ahora, además de mantenerse esa bonificación, “vamos a bajar el tipo al 0,667”. Así el “el recibo medio del IBI en Benidorm rompe la barrera de los 400 euros”.

“Desde el Ayuntamiento de Benidorm seguimos manteniendo una estrategia de rebaja fiscal progresiva en los tributos municipales”, indican fuentes municipales que resumen la postura del Gobierno local hacia la “especial rebaja” que se hizo en 2022, año de recuperación para el sector servicios (turismo) y este ejercicio se congelan. Las rebajas son mínimas, pero existen tanto en IBI como IVTM. Se mantiene IAE, pues “no existen reducciones, teniendo en cuenta que solo tributan aquellas que facturen más de un millón de euros”.

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En el caso de Torrevieja, el primer edil, Eduardo Dolón, ha ido un paso más allá y “sigue manteniendo el IBI al mínimo legal, tal y como adoptó en el acuerdo de 2021 para mejorar la situación económica tras el covid, situándose el impuesto de fincas urbanas en 0,4 y el de fincas rústicas en 0,3 (el tipo máximo es de 1,1). A su vez, mantiene las bonificaciones para familias numerosas y a las viviendas que aprovechan la energía solar”, indican fuentes del gobierno torrevejense. La localidad costera también se diferencia del resto en que va a mantener la suspensión de tasas —se aplica desde el año 2021— para terrazas de bares, restaurantes y locales, la de los mercadillos, puestos ambulantes, quioscos y al recinto ferial.

Otra apuesta de diferenciación la encontramos en el IVTNU (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana). Torrevieja no lo ha modificado tras la nueva legislación. “Somos el segundo municipio de España al que más le ha afectado esta nueva normativa que ya supone una rebaja impositiva para el ciudadano. Torrevieja disminuye sus ingresos con esta nueva normativa en más de 17 millones de euros”, manifiestan desde el consistorio.

Alicante, bajo el informe del Interventor

La larga lista de bonificaciones presentada por el Gobierno local alicantino se ha visto contrarrestada por el informe del Interventor municipal. Los grupos de la oposición están exprimiendo renglón a renglón cada parte del documento. Desde las filas socialistas, dentro del apartado de ingresos, se ha denunciado que “por ejemplo, Barcala habla de un aumento en la recaudación de un 26% de impuestos indirectos sin especificar cómo se va a realizar, de dónde va a salir ese aumento. También prevé incrementos en la recaudación en ingresos por tasas sin fundamentar con rigor, apreciándose una improvisación impropia de un Ayuntamiento del nivel de una ciudad como Alicante”, según expresó el portavoz socialista Miguel Millana. No obstante, hay que destacar que la relación de incentivos ocupa más de cinco páginas. Prácticamente todos los impuestos locales cuentan con epígrafes de descuento. Algunos repiten respecto al año anterior.

El borrador de presupuestos presentado por Luis Barcala y Mari Carmen Sánchez se ha topado con calificativos como “cierto optimismo” en las previsiones del ICIO, tal y como adelantó el diario Alicante Plaza. El motivo está en apuntar un incremento del 27,77% respecto a 2022 en ingresos derivados del cobro del Impuesto de Construcciones, hasta los 8,08 millones cuando en los últimos tres ejercicios la recaudación ha rondado los 6,3 %. Otro apunte que ha levantado ampollas es el ingreso previsto por multas y sanciones. El borrador fija 1,1 millones, casi el doble que el año pasado. Intervención considera, de nuevo, que no se justifica tal aumento si se toman como referencias los años anteriores, aunque se trata de la época de pandemia con una movilidad restringida por momentos.

Por último, cabe exponer el ejercicio que ha hecho el Gobierno ilicitano que ya tiene las cuentas a punto de caramelo. PSOE y Compromís ha hecho un ejercicio apoyándose en una subida del 5% de la participación en los tributos del Estado y del 18,9 %, del IRPF. Carlos González firmó el lema de “moderación fiscal” cuando presentó las cuentas de 2023. El alcalde Carlos González, que repetirá como candidato del PSOE, subrayó que se trata del “séptimo presupuesto con impuestos, tasas y precios públicos congelados, y esto se traduce en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana como que pagamos los mismo por el IBI que en 2014, el mismo billete de bus o el mismo importe de la tasa de basuras o del precio del agua. Y a ello se suma que en estos momentos hay tasas que están suspendidas como la de mesas y sillas y la de mercadillos en atención a una situación económica especial”.