Puig y Armengol piden rebajar la tensión y que la nueva malversación no beneficie a corruptos

Esquivaron a los medios en la primera jornada de la II Cumbre VAL-BAL, el encuentro que reúne a los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Baleares, pero finalmente el barón socialista Ximo Puig y su homóloga en las islas, Francina Armengol, aceptaron pronunciarse sobre la crisis institucional que vive el país y sobre las opiniones críticas de compañeros suyos como el castellanomanchego Emiliano García-Page con las reformas legislativas que promueve el Gobierno. Puig y Armengol cerraron su convención bilateral con un llamamiento a rebajar la tensión política y a recuperar el diálogo entre partidos y poderes del Estado y fijaron la posición conjunta de que el cambio en el Código Penal del delito de malversación no beneficie "en ningún caso" a los corruptos, según coincidieron en manifestar a preguntas de la prensa durante la clausura.

La cumbre acabó con la firma de un documento bautizado como Declaración de Valencia en el que los dos gobiernos consensuaron un primer punto dirigido a lanzar un mensaje de desinflamación de la política española. "Reivindicamos, en el actual contexto político, el valor del entendimiento, de la cooperación y del acuerdo, y rechazamos el clima irresponsable de confrontación y crispación política permanentes, que aleja a las instituciones de la ciudadanía, perjudica la estabilidad y deteriora la calidad de la democracia", señala el texto.

La reunión interautonómica es la segunda que los dos gobiernos celebran. La primera se produjo en febrero del año pasado en Palma de Mallorca y de ahí salió un documento de acuerdos de colaboración y reclamaciones conjuntas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas la de una quita o reestructuración de la deuda derivada de la infrafinanciación autonómica. En esta nueva cita, Puig y Armengol insistieron en exigir una actualización del sistema de financiación autonómica para terminar con las "insoportables desigualdades" del modelo actual y reivindicaron una "vía federal" para propiciar una mayor cohesión territorial del país.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez intenta calmar al PSOE por la malversación: "Ni rebaja de penas ni revisiones"

Iván Gil

"Es necesario potenciar el federalismo de los hechos en más espacios de gobernanza común y en nuevos ámbitos de decisión compartida. El objetivo es superar desigualdades, ganar cohesión, potenciar la eficiente descentralización y mejorar la convivencia desde la diversidad enriquecedora de todas las culturas que conformamos España", reza la declaración conjunta.

El texto también incorpora una propuesta dirigida al Gobierno para que habilite un fondo especial, que gestionarían las autonomías, que permita a los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico, mantener el alta en sus empresas y cobrar por cursos de formación en temporada baja, cuando se reduce la actividad.

La Ciudad de las Ciencias de Valencia y el Palau de la Generalitat han sido el escenario del segundo encuentro, que se producía, además, en un momento convulso en las filas del PSOE por los cambios legislativos propuestos por el Ejecutivo en consenso con Esquerra Republicana de Catalunya para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación de fondos públicos en los casos en que no se produzca lucro personal o de terceros.

TE PUEDE INTERESAR

Puig y Armengol exigen a Sánchez una quita de deuda, inversión y que abra la financiación

Víctor Romero

Barones socialistas como el castellanomanchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán han expresado abiertamente su oposición a los cambios en el Código Penal. Por contra, Puig y Armengol han defendido, aunque con un perfil bajo, la legitimidad del Gobierno para legislar. Su posición, desde el inicio del conflicto independentista en Cataluña, ha sido la de tender puentes y favorecer soluciones políticas antes que judiciales. Este jueves volvían a reiterar ese mensaje, pero con matices. El barón socialista mostró a principios de semana un respaldo tímido, pidiendo que la reforma no pudiera servir para rebajar penas a condenados por corrupción. Tres días después, junto con la presidenta balear era algo más contundente, al coincidir con Armengol en que la línea roja es que las reformas no sirvan para beneficiar conductas corruptas.

"En ningún caso modificar la ley puede suponer beneplácito para ningún corrupto", señalaba la baronesa balear. "En lo que tiene que ver en el delito de malversación en ningún caso se puede producir ningún beneficio a los corruptos", añadió Puig. Con todo, los dos coincidieron en que la situación actual con Cataluña es mejor que durante la etapa de gobiernos del Partido Popular. "Ahora estamos en un momento en el que hay que serenarse y pensar en la convivencia y superar fracturas", manifestaba Puig. "Hay una realidad objetiva: el conflicto ha bajado y hay más capacidad de entendimiento", concluía Armengol.