La rebelión de los barones del PSOE: obvian a Montero y se lanzan a las rebajas fiscales

La voluntad de los barones territoriales del PSOE ha terminado por imponerse frente a las resistencias del Gobierno a una apertura del grifo fiscal por parte de las autonomías. A la reforma tributaria dirigida a las clases medias y bajas (menos de 60.000 euros en ingresos) anunciada la semana pasada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se sumó este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con una batería de deducciones de hasta 200 euros en rentas inferiores a 30.000 euros, a la que añade incrementos de hasta 75 euros más en caso de tener hijos. No han sido los únicos. Navarra, presidida por la socialista María Chivite, trabaja en la aplicación de nuevas deducciones con el límite de 32.000 euros, y en Canarias, la Consejería de Hacienda está estudiando alivios tributarios por debajo de los 50.000 euros.

Con sus diferentes topes económicos, la mayor parte de ejecutivos autonómicos presididos por el PSOE han terminado por aplicar medidas de alivio de los efectos de la inflación, a ocho meses de las próximas elecciones autonómicas y marcando una línea roja para distinguirse del Partido Popular: la de no favorecer a las rentas más altas, manteniendo el impuesto de patrimonio o eludiendo una deflactación completa del IRPF para evitar que los más pudientes puedan beneficiarse en los tramos bajos. Esto es lo que han hecho gobiernos populares como el de Juanma Moreno en Andalucía o Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

García-Page se desmarca de Sánchez y dice que no entrará en un debate "de ricos y pobres"

El discurso intermedio entre el inmovilismo autonómico o la reforma de amplio espectro de los conservadores, con consideraciones técnicas y complejas que seguramente escapan a un análisis político de brocha gorda, es el que puso encima de la mesa en primer lugar el barón valenciano, Ximo Puig. La iniciativa fue recibida de forma refractaria por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que tenía previsto presentar un plan fiscal de la Administración central centrado en elevar la presión sobre las grandes fortunas y en el que acabó incluyendo bonificaciones en el IRPF por debajo de los 21.000 euros, entre otras medidas.

Montero dio a entender que no quería una carrera fiscal "a la baja" entre territorios que mermase los ingresos públicos y abocase a recortes de gasto. Es un mensaje que replicaron otros dirigentes ligados a la Moncloa, como el portavoz en el Congreso, Patxi López. De fondo estaba también la presión del PP de Alberto Núñez Feijóo, que llevaba semanas exigiendo al Ejecutivo recortes de impuestos generalizados para compensar los efectos de la inflación en el bolsillo de las familias.

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El dique de contención dictado por Hacienda tiene mucho que ver con el juego de relatos y la presión en clave de política nacional, o más bien capitalina, una olla a presión que desde los territorios se observa de forma distinta, con sus propios microclimas. "No creo en discursos de frentismos baratos. No entro en debates de ricos y pobres", asestaba García-Page este martes, marcando su propio espacio ante subidas de impuestos a rentas altas y, a la vez, acusando al PP de "romper" España por la vía fiscal.

También ha defendido su espacio Puig, jugando a respaldar al Gobierno en su plan fiscal, pero recordando que finalmente no tiene tantas diferencias con el suyo y que ambos son compatibles: presión sobre las rentas altas y alivio al resto.

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Todos los barones socialistas se juegan en ocho meses su continuidad al frente de los gobiernos autonómicos. Y no son pocos: Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, La Rioja y Aragón. Los que han optado por jugar la baza fiscal lo han hecho apelando a sus competencias y su coyuntura política, aunque es lógico también que el Ministerio de Hacienda haya tratado de poner límites para evitar un desajuste de ingresos por el flanco territorial en el conjunto global de la contabilidad nacional.

La ministra Montero, pese a haberse visto ya desbordada por los movimientos de los barones y tener congelada la reforma del sistema de financiación autonómica, ha reivindicado el compromiso del Gobierno con la dotación de recursos a los territorios para cubrir el coste de sus políticas, básicamente ligadas a la prestación de servicios sociales, educación y sanidad. Este martes, tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el Consejo de Ministros, destacó la aportación de recursos que las comunidades autónomas recibirán el año que viene por el sistema actual: 135.274 millones de euros, un 24% más que el año pasado. "En cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, las CCAA recibirán 178.743,4 millones más que en los últimos cinco años de Mariano Rajoy. Se trata de un aumento del 40%", señalan fuentes del Ministerio de Hacienda.