El juez cita como investigados a otros dos altos cargos tras la declaración de Oltra

El magistrado que instruye la causa sobre la gestión administrativa del caso de abusos por el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra ha citado como investigados al exjefe de Gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat, Miquel Real, y a Francesc Gamero, que en la etapa investigada era subsecretario de la Conselleria de Igualdad y ahora ocupa el puesto de secretario autonómico de Hacienda.

La resolución del instructor Vicente Ríos era esperada en cierto modo y se produce después de que la propia Oltra explicase en su declaración del pasado 19 de septiembre que delegó en ellos algunas de las decisiones políticas cuando tuvo conocimiento, el 4 de agosto de 2017, de las diligencias penales contra su expareja, Luis Ramírez, por abusos sexuales a una menor tutelada. Fue el propio Ramírez quien se lo comunicó por vía telefónica.

El juez está indagando en lo que ocurrió en los días posteriores a esta llamada telefónica. El 8 de agosto fue cuando la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza, dirigió un oficio a la directora territorial, Isabel Serra, interesando la apertura de un expediente informativo sobre el caso de abusos, que es el que está bajo la lupa de la investigación, al haber concluido que el relato de la menor no era creíble.

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Por estos hechos, el juez considera: "Tomando en consideración las declaraciones de la Sra. Oltra en sede judicial y parlamentaria, resulta necesario oír como investigados a su Jefe de Gabinete, Sr. D. Miquel Real y al Subsecretario de Vicepresidencia D. Francesc Gamero, al objeto de tratar de esclarecer su participación en los hechos objeto de la investigación relacionados con la formación del expediente informativo o información reservada, que constituye una parte relevante de la investigación".

El papel de Gamero, según el relato de Oltra, fue el de redactar un escrito ordenando a los responsables de la Conselleria de Igualdad la máxima colaboración con la Fiscalía de Menores en el caso en cuestión. La orden fue fechada el 11 de agosto, con el siguiente texto literal: "Se insta a que se proceda de forma inmediata a atender las peticiones formuladas por la Fiscalía, informando a este centro directivo cuando se haya producido".

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Más difuso, por ahora, es el rol que jugó Miquel Real en esos días. En su declaración ante el juez, Oltra explicó que puso en conocimiento de su jefe de Gabinete la información que había recibido de su exmarido para que averiguase si en la 'conselleria' sabían lo que estaba pasando.

Oltra insistió en que, una vez delegada esa labor, no tuvo ningún conocimiento de los pasos que estaba dando su departamento porque uno de sus hijos fue hospitalizado con una apendicitis que derivó en una peritonitis y estuvo ingresado en el Hospital La Fe con un cuadro de salud muy complicado que la llevó a suspender un viaje que tenía previsto realizar a los Pirineos. "Sé que, en un momento dado, mi jefe de Gabinete me dijo: 'Céntrate únicamente en el niño', que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y que las actuaciones estaban en manos de quien tenían que estar", explicó sobre Miquel Real, al que el juez quiere oír ahora para que detalle qué pasos dio en el seno de la Conselleria de Igualdad.

La nueva diligencia es una señal de que al procedimiento todavía le queda tiempo de instrucción antes de que el magistrado decida si procesa a todos o varios de los investigados o archiva el caso.

Más diligencias

Las acusaciones, además, siguen solicitando nuevas diligencias. El abogado de la víctima de los abusos, Teresa Tanco, la denunciante que dio origen a esta causa judicial, ha pedido la comparecencia de los policías nacionales que la acompañaron al juicio que se celebró contra Luis Ramírez en 2019 para que expliquen por qué la llevaron esposada. También quiere que declare el inspector de Policía que ejercía de superior y los responsables del Centro de Menores Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, de donde procedía Tanco. La sentencia de condena a Ramírez hace referencia a este hecho: "Al apercibirse de dicha circunstancia la Presidenta del Tribunal, pidió a los agentes que le retiraran las manillas a la menor, que se encontraba llorando, negándose aquellos a atender a dicha petición produciéndose una nueva victimización de la niña".

También se ha solicitado a la Abogacía de la Generalitat que informe de las actuaciones o informes que se realizaron sobre aquel caso. Mónica Oltra manifestó en su declaración que la Abogacía no se había personado como acusación particular en defensa y representación de los intereses de la niña tutelada porque no existía título habilitante, alegando que la Ley 26/2018 entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial.