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El órgano de Peticiones del Europarlamento da pábulo al mayor 'fake' contra políticos de España
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EL LLAMADO CASO BAR ESPAÑA

El órgano de Peticiones del Europarlamento da pábulo al mayor 'fake' contra políticos de España

La secretaría de la comisión europarlamentaria pide admitir a trámite una petición en la que un ciudadano procesado por calumnias solicita investigar el polémico bulo Bar España

Foto: Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (EFE/Ronald Wittek)
Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (EFE/Ronald Wittek)

La secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado declarar "admisible" una solicitud para abordar el llamado caso Bar España, uno de los mayores y más graves bulos contra políticos, jueces y autoridades que circulan por internet en el país. La secretaría, compuesta por funcionarios europeos, ha recomendado a los eurodiputados aceptar una petición de investigación del abogado Magí Ribas Alegret en representación de Ramón Valero Martín Consuegra, un bloguero procesado por difundir informaciones inventadas sobre supuestos casos de abuso sexual y participación en prostitución infantil, ritos satánicos e incluso asesinato de menores a cargo de políticos y autoridades valencianas. Serán finalmente los eurodiputados los que decidan si la declaran admisible o no en las próximas sesiones, aunque todas las fuentes europarlamentarias consultadas muestran estupor por la petición.

Martín Consuegra es uno de los encausados en el proceso abierto por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Castellón, que en marzo del año pasado dictó un auto de apertura de juicio oral contra 11 personas por haber dado publicidad y alimentar el invento de una supuesta red de pederastas y asesinos que tenía como lugar de encuentro un local de hostelería de Benicarló, donde se habrían producido asesinatos y violaciones de menores. A los encausados se les imputan delitos contra la integridad moral, contra la Administración de Justicia, contra el honor y con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Entre las personas a las que trataron de implicar en esas graves acusaciones, que ya se han demostrado falsas, están el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; el capitán de la Guardia Civil, Carlos Yacoub, y o la magistrada Sofía Díaz. Además, los mismos promotores del bulo achacaban a cargos de la Administración autonómica actual, como la exvicepresidenta Mónica Oltra o la 'consellera' de Justicia, Gabriela Bravo, que no persiguiesen los delitos fabulados y tratasen de encubrirlos. Todos ellos figuran como perjudicados en el proceso abierto en Castellón.

Foto: Francisco Camps (i) conversa en una imagen de 2011 con el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. (EFE)

En su escrito a la Comisión de Peticiones, que ha aceptado tramitar la secretaría, Martín Consuegra se presenta como víctima de "represalias" del sistema judicial español, reclama que se investigue su relato e intenta ligar el llamado caso Bar España a otros casos de abusos a menores, como el que se tradujo en la condena al exmarido de Mónica Oltra, la dimitida vicepresidenta y 'consellera' de Igualdad de la Generalitat valenciana.

En un mensaje dirigido a los eurodiputados, el secretariado no solamente recomienda la "admisión" y propone interpelar a la Comisión Europea sobre los hechos, sino que además da cuerda y alimenta la queja sobre el inexistente caso Bar España al pedir que el peticionario sea informado sobre "una serie de dudas" que detectó el Ejecutivo comunitario en la transposición por parte de España de la directiva relativa a la lucha contra los abusos y la explotación sexuales de niños. Fuentes de la Eurocámara subrayan que los funcionarios que revisan las peticiones no deben entrar en el fondo de la cuestión, y deben limitarse a considerar si cumple con los criterios de admisión, que son bastante vagos y laxos, limitándose a "referirse a asuntos propios de los ámbitos de actuación de la Unión que afecten directamente a las personas que las presentan". Otras fuentes parlamentarias subrayan que la propuesta de admisión a trámite es "algo incomprensible".

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un órgano de la Eurocámara que teóricamente debería servir como un nexo entre los ciudadanos y las instituciones europeas para denunciar malas aplicaciones del derecho comunitario, tiene fama de ser una auténtica máquina del fango. Es una fuente de titulares en que se asegura que la Unión Europea investigará un determinado asunto, algo que, en realidad, no ocurre, y utilizando, además a "la Unión Europea" como sinónimo de la comisión de Peticiones. En el mejor de los casos, se emite un informe sin valor jurídico.

Foto: Sede del Parlamento Europeo en Bruselas. (Reuters)

Muchas veces, los partidos apoyan tramitar una determinada petición porque sirve para atacar a su rival político, o bien porque ayuda a que sus votantes se sientan escuchados y tengan esperanzas de que la Unión Europea vaya a hacer algo respecto a sus preocupaciones. El último caso que subraya la disfuncionalidad de la comisión europarlamentaria ha sido este caso de petición registrada por un ciudadano español en la que se solicita que se investigue el bulo Bar España.

Según fuentes parlamentarias, los eurodiputados tendrán que presentar opiniones sobre esta petición hasta el próximo 13 de septiembre antes de decidir cuáles de las peticiones son admisibles y cuáles no. Las fuentes consultadas calculan que en octubre tendría que decidirse si será admitida o no.

Una comisión criticada

La Comisión de Peticiones, conocida en Bruselas simplemente como PETI, no tiene buena fama. Ni siquiera dentro del propio órgano. Distintos eurodiputados creen que tiene sentido y que es necesario que los ciudadanos tengan una ventana para dirigirse a las instituciones, pero que para ello tiene que ajustarse a su objetivo original y pocos dudan de que eso no está ocurriendo. Critican su instrumentalización, y en el caso de fuentes parlamentarias socialistas, señalan que la situación ha empeorado desde que Dolors Montserrat, del Partido Popular, dirige la comisión como presidenta. Los socialistas señalan que formaciones políticas en la oposición en España, como el propio PP, Ciudadanos y Vox, han tratado de elevar a este organismo otros casos relacionados con la situación de menores bajo tutela pública con la finalidad de erosionar a gobiernos regionales, pese a que escapan a las competencias europeas, pervirtiendo así el espíritu de la Comisión de Peticiones.

Foto: Ximo Puig y Mónica Oltra. (EFE)

Es lo que ha ocurrido con el llamado caso Mónica Oltra y la gestión de menores de la Generalitat. La Comisión Europea informó en marzo de este año de que era ajeno a sus competencias investigar los hechos, que circunscribía a una cuestión de "índole nacional". La denuncia llegó al Parlamento Europeo, no por un ciudadano particular, sino de mano de la diputada popular de asuntos sociales en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas. Un grupo de eurodiputados prepara incluso una misión para 'investigar' la gestión de la Administración autonómica. Esta misma semana, está previsto que vuelva a debatirse el asunto, con presencia de Bastidas, y la aprobación de un informe final sin valor jurídico y sin mayor recorrido dentro de la Unión Europea.

La PETI suele acabar siendo utilizada por los partidos políticos para generar titulares contra sus rivales en el país de origen. Y ese país de origen suele ser España, que, junto con Alemania, presenta muchas más peticiones que ningún otro país europeo. En realidad, no suele haber investigación ninguna. Se envía una carta a la Comisión Europea, y en algunos casos se hace una misión al lugar de donde proviene la petición, pero el informe de la comisión no tiene ningún efecto legal y se trata de meras recomendaciones a la Comisión.

España tiene tendencia a monopolizar la PETI. Solamente en la agenda de la próxima reunión, que se celebra este 8 de septiembre, hay hasta 15 asuntos españoles o presentados por ciudadanos españoles. Son tan variopintos como una petición de protección para la zona arqueológica de la Vega Baja por parte de la asociación Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura; otra de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil sobre la financiación de estos centros dentro del fondo de recuperación; una sobre los cortes de electricidad en el distrito norte de Granada, y otra sobre los ruidos en la zona de Chamberí (Madrid). Se trata de escuchar a los ciudadanos para saber si hay alguna directiva europea que no está siendo correctamente aplicada, pero la realidad es que normalmente las peticiones se alejan de cualquier competencia con la que cuente la Comisión Europea.

La secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado declarar "admisible" una solicitud para abordar el llamado caso Bar España, uno de los mayores y más graves bulos contra políticos, jueces y autoridades que circulan por internet en el país. La secretaría, compuesta por funcionarios europeos, ha recomendado a los eurodiputados aceptar una petición de investigación del abogado Magí Ribas Alegret en representación de Ramón Valero Martín Consuegra, un bloguero procesado por difundir informaciones inventadas sobre supuestos casos de abuso sexual y participación en prostitución infantil, ritos satánicos e incluso asesinato de menores a cargo de políticos y autoridades valencianas. Serán finalmente los eurodiputados los que decidan si la declaran admisible o no en las próximas sesiones, aunque todas las fuentes europarlamentarias consultadas muestran estupor por la petición.

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