La Fiscalía tutelará el expediente de vigilancia de los bebés de la víctima del ex de Oltra

La Fiscalía de Menores vigila desde principios de este mes las medidas adoptadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el expediente de protección abierto al hijo de Teresa Tanco, la víctima de los abusos del exmarido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, cuando era una menor tutelada por la Generalitat. La fiscal de menores de Valencia, Virginia Abad, firmó el pasado 2 de julio una resolución en la que da por iniciado el expediente y ordena a la Administración valenciana informarle periódicamente sobre la situación del bebé de Tanco. En el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, el Ministerio Público recuerda que es competencia de la citada 'conselleria' la valoración y adopción de posibles medidas de protección, en virtud de la ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia.

Este expediente tiene su origen en una derivación de la propia Generalitat a la Fiscalía de Menores a raíz de un informe elaborado por los servicios sociales de la comarca de la Ribera Alta en que se advertía de una posible situación de desprotección del bebé. La vigilancia arrancó tras la visita en enero a un centro de salud con el pequeño de una conocida de Tanco, que acaba de tener un segundo hijo esta misma semana. El menor, entonces de ocho meses de edad, no tenía ningún tipo de documentación ni domicilio conocido. La alerta desde la instalación sanitaria dio lugar a una visita de los servicios sociales al domicilio referenciado por la primera chica, que inicialmente se identificó como prima de Tanco, aunque en realidad se conocieron en uno de los centros de menores donde estuvieron juntas. La vivienda era un chalé en Catadau (Valencia) de un matrimonio que reside con un descendiente dependiente y en el que Tanco y su pareja estuvieron instalados durante una temporada.

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La decisión de los servicios sociales, a la vista de que se trataba de una pareja muy joven (20 años) con un menor a su cargo, con ella embarazada del segundo, sin empleo y ninguna red de apoyo, fue realizar un seguimiento para valorar posibles intervenciones. En este sentido, recomendaron a los jóvenes solicitar la renta valenciana de inserción con un informe de especial vulnerabilidad que facilitase una vivienda y poder establecer un plan de inserción laboral y educativo. Sin embargo, la respuesta de la pareja fue que los movimientos bancarios de los últimos seis meses superaban los requisitos mínimos para obtener la ayuda pública. Tanco ha estado habilitando campañas de recogida de fondos y donaciones aprovechando sus apariciones en medios de comunicación a raíz de la polémica sobre la causa judicial que ha llevado a la imputación de Mónica Oltra y otras 13 personas por la gestión de la Conselleria de Igualdad en el caso de abusos por el que fue condenado Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la dirigente de Compromís.

Las medidas de vigilancia incluyen análisis de drogas. Tanco dio negativo de cualquier sustancia en el último

La joven acudió en mayo de 2021 al Ayuntamiento de Torrent para pedir información sobre la renta valenciana, pero nunca ha completado una petición formal con toda la documentación necesaria pese a las sugerencias de los servicios sociales, según insisten fuentes de la Generalitat. Otro de los escollos burocráticos es que es necesario empadronarse para tramitar las ayudas desde algún municipio, sin que esto hubiera ocurrido.

En mayo, los propietarios de la vivienda de Catadau explicaron que en ocasiones tenían que hacerse cargo del bebé y relataron una situación familiar y de convivencia conflictiva y de inestabilidad. Es algo que también trasladaron a la Guardia Civil. A ello se unieron ausencias injustificadas en los controles programados del embarazo por parte de Tanco y de las citas de vacunación del bebé. A la vista de estos hechos, la sección de menores optó por elevar consultas que han terminado con una patada hacia a la Fiscalía. Ese nuevo expediente quemaba en una estructura funcionarial y de altos cargos bajo la lupa de la Justicia por el caso Oltra. La directora territorial de Valencia, Carmen Fenollosa, y la directora general de Infancia, Rosa Molero, figuran como investigadas. Fenollosa realizó una consulta a la Abogacía de la Generalitat para saber si debía abstenerse en cualquier decisión relativa a Tanco.

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EC/Agencias

La solución fue pasar la patata caliente al Ministerio Público, que el 17 de junio, cuatro días antes de la dimisión de la vicepresidenta valenciana, abrió el expediente de protección del hijo de Teresa Tanco. Sin embargo, el 2 de julio lo devolvió a la 'conselleria', ahora gestionada por Aitana Mas, bajo la condición de estar informada de todas las medidas adoptadas. Entre estas acciones de vigilancia a Teresa Tanco, según han difundido desde su entorno, se han incluido controles de consumo de estupefacientes. Uno de estos análisis se realizó este martes, coincidiendo con el ingreso de la joven en el hospital La Fe de Valencia para dar a luz a su segundo hijo. Las pruebas resultaron negativas. Tanco no tenía ninguna droga en su organismo. Fuentes de Igualdad aseguraron que esos análisis obedecen a un "protocolo sociosanitario ordinario de trabajo técnico" que aplica la Conselleria de Sanidad cuando hay un expediente de vigilancia, y que no ha existido ninguna orden específica ni arbitraria de la cúpula de la 'consellleria' para realizar las pruebas.

El procedimiento iniciado no implica la declaración de desamparo ni la retirada de la custodia a la madre, sino una vigilancia activa. La decisión de retirar la custodia corresponde a un juez previa solicitud de la Fiscalía de Menores, algo que, por ahora, no ha ocurrido. La Generalitat cuenta con programas específicos para jóvenes mayores de edad procedentes del sistema de tutela, como los Programas de Emancipación o los Programas Mentora, pero tampoco se habían tramitado solicitudes por parte de los dos extutelados.

El último empleo conocido de Teresa Tanco fue en el Hospital de Torrevieja, cuando estaba gestionado por Ribera Salud. Pero las normas de reversión establecen que la Generalitat no puede subrogar personal con contratos temporales, por lo que cuando pasó a gestión pública a finales de año pasado al finalizar la concesión, la joven perdió el trabajo. Es algo que la empresa del grupo Centene, enfrentada con el Botànic por la decisión de no renovar la concesión administrativa, debía de saber. Si hubiera querido garantizarle un empleo estable, la habría contratado en el hospital de Elche o en el de Denia. No obstante, la joven, asesorada por José Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista España 2000, ha iniciado una demanda por despido improcedente.