El área logística del puerto de Valencia enreda en una nueva disputa a Puig y Ribó

Que el PSOE quiere salvar a toda costa la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, en el limbo tras una sentencia que anuló el plan especial redactado ‘ad hoc’ para su regularización, no es nuevo. Que sus socios, Compromìs y Podem, consideran que debería descartarse el proyecto, una especie de ‘borrón y cuenta nueva’, tampoco. Pero la escalada de reproches y los caminos divergentes que están tomando unos y otros dibujan una brecha cada vez más grande. El último capítulo lo ha precipitado la decisión de la Conselleria de Política Territorial, en manos de los socialistas, de recurrir el fallo judicial, movimiento que el alcalde Joan Ribó no ha dudado en calificar de “error”.

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Las grietas en la relación entre el ‘president’, Ximo Puig, y Ribó se acentúan. La apuesta del PSOE es salvar un proyecto en el que ya se han invertido 133 millones de euros, que podría crear 1.500 puestos de trabajo y cuya paralización definitiva podría acarrear un desembolso de 200 millones por responsabilidades patrimoniales. Hasta el pasado abril, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia anuló el plan especial, la llegada de cuatro importantes empresas era inminente, pero todo se paró. El TSJPV estimó el recurso presentado por una asociación vecinal y la opción por la que había apostado la Generalitat para salvar un proyecto que acumulaba otras dos sentencias contrarias quedó en nada. Entonces, los partidos que sustentan el Consell del Botànic ya airearon sus diferencias, y ahora la imagen se repite.

La Conselleria de Política Territorial, dirigida por Rebeca Torró, fue la que decidió recurrir el fallo judicial

"Hay que ser responsables y destinar el dinero de los valencianos a las cosas que son posibles", defendió este miércoles la portavoz adjunta del grupo socialista en Las Cortes Valencianas, Carmen Martínez. La Conselleria de Política Territorial, dirigida por Rebeca Torró, fue la que decidió recurrir el fallo judicial. El Departamento siempre ha estado en manos del PSOE y, según argumentó, el movimiento estaba respaldado por la Abogacía de la Generalitat. Y a ella se agarró Martínez. La portavoz se escudó en que los abogados no hacen sino velar por los intereses de la institución y que su actuación representa al conjunto del Govern, no a una parte.

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Pero Ribó replicó para sentenciar que el recurso es “un error” que lo que va a hacer es “prolongar” aún más un problema que empezó a gestarse en los 90. “La ZAL fue un mal planteamiento”, y por eso, insistió el alcalde valenciano, no hay otra opción que asumir la “realidad” y apostar por reconvertir el espacio en el que se levanta el área logística, casi completamente urbanizado, en una zona verde.

La alternativa que propone Compromís es diametralmente opuesta a la que plantea el PSOE, que es salvar el ZAL, concebido como un parque empresarial que dé apoyo a la actividad del recinto portuario. Y si para el PSOE hay margen, para Ribó, según remarcó, ninguno. "Aceptemos esto y comencemos a trabajar en otra dirección", reclamó.

El origen del enredo

La ZAL fue inicialmente planteada en los años 90, cuando todavía el PSOE gobernaba la Comunidad Valenciana y desarrollada por los posteriores gobiernos del PP bajo el paraguas de la Autoridad Portuaria y la Entidad Estatal del Suelo (Sepes). El proyecto siempre fue polémico, ya que la construcción del área logística supuso la expropiación de terrenos y desplazar a más de medio centenar de vecinos de La Punta, una pedanía histórica de Valencia. Fue precisamente la lucha vecinal la que originó las tres sentencias judiciales que han terminado poniendo contra las cuerdas la iniciativa.

Primero el TSJCV declaró nula la actuación en 2013 porque los terrenos en origen no eran urbanizables, sentencia que refrendó en 2015 el Tribunal Supremo. Ese mismo año, la Generalitat, tras sucesivos gobiernos hegemónicos del PP, cambió de color político, y el Consell del Botànic asumió el mando y el futuro del proyecto. La opción por la que se apostó fue la redacción de un plan especial para regularizar la ZAL, el que en abril volvió a anular el Superior. La sentencia consideró que se modificó de forma irregular la clasificación del suelo sin atender a los requerimientos necesarios de impacto ambiental.