Duro informe del defensor del pueblo valenciano sobre la política social del Botánic

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo valenciano) ha presentado un duro y crítico informe anual en el que cuestiona la efectividad y agilidadad de algunas de las políticas sociales de la Generalitat valenciana, con especial incidencia en el área de Igualdad y Política Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), la Conselleria de Sanidad de la socialista Ana Barceló, y el área de Vivienda, en manos del vicepresidente segundo Héctor Illueca (Unidas Podemos). La memoria reclama en concreto cambiar el procedimiento de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión y las ayudas a la dependencia, así como que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria. También detecta problemas burocráticos que limitan el acceso a soluciones sociales de habitabilidad a colectivos con problemas de vivienda.

Así lo indicó este martes el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la presentación de su informe a las Cortes Valencianas, en el que consta que el pasado año se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas, centradas en la "incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos".

Por departamentos, la Conselleria de Igualdas es la que más quejas ha recibido (1.066), relacionadas mayoritariamente con problemas y retrasos en la gestión de prestaciones a la dependencia o la renta valenciana de inclusión. Luna cuestionó el sistema de descentralización de la tramitación a través de los ayuntamientos y con doble verificación de la Generalitat, algo que en su opinión retrasa la concesión de ayudas a colectivos necesitados.

La vicepresidencia de Oltra alegó que las quejas correspondientes al ejercicio de 2021 se han reducido un 18,1% respecto a las quejas planteadas a lo largo del 2020 y que está trabajando en la mejora de los proceso de tramitación. "La Comunitat Valenciana cuenta con 75.885 personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión actualmente, lo que contrasta con los 23.645 que en 2015 había con la prestación conocida como renta Garantizada de Ciudadanía", dijeron.

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Las barreras burocrátricas también afectan, según el Síndico, a los demandante de soluciones de vivienda pública o con respaldo público, con mecanismos telemáticos de tramitación que dificultan el acceso, explicó.

Este informe se ha presentado cumpliendo con la normativa legal de presentarlo en el primer trimestre del año, ha remarcado Luna, que también ha destacado la entrada en vigor en 2021 de la nueva Ley de Síndic de Greuges, que era una "reclamación" de la propia Sindicatura: "Necesitábamos esa reforma y esa reforma ya está. Posibilita un funcionamiento más eficaz" de la institución, según Luna.

La vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y los "graves atentados" al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic, que además, también destaca que hay "problemas recurrentes" que vienen desde años anteriores.

Las cuestiones que se arrastran desde años anteriores, a juicio del Síndic, "ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes". De hecho, muchas administraciones apuntan a la falta de medios como justificación a su falta de respuesta.

Esta situación viene, en parte, de la deficiencia de financiación autonómica, que "se vienen arrastrando durante demasiados años y que perjudican de forma significativa la capacidad de actuación de las administraciones autonómicas y locales"