Una tercera sentencia fija una indemnización única a los médicos valencianos por el covid

Una nueva sentencia ha vuelto a condenar a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a más de un centenar de médicos por falta de protección contra el covid en los dos primeros meses de la pandemia en 2020. El Juzgado de lo Social 10 de Valencia ha dictado un fallo en el que coincide con los tribunales de Alicante y Benidorm en que el personal sanitario estuvo expuesto al covid-19 durante al menos tres meses sin estar protegido por las medidas de prevención necesarias y suficientes.

Según considera acreditado el magistrado Manuel Fayos, los medios de protección de que disponía la 'conselleria' "eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a que se encontraban expuestos los médicos que continuaron desempeñando su función en todo momento". De hecho, continúa, se les llegó a proporcionar una mascarilla quirúrgica para varios días o a lo sumo una mascarilla por día en los servicios en los que existía un riesgo mayor, concretamente en Urgencias. "Las mascarillas FFP2 se encontraban bajo llave y solo eran suministradas en casos contados. Los facultativos tampoco disponían de guantes ni de batas. Tampoco se impartió formación adecuada sino hasta mediados del mes de abril de 2020. A finales de mayo y en junio de 2020, se facilitaron a los médicos los equipos necesarios antes indicados", relata.

En su descargo, Sanidad alegó la imposibilidad de proporcionar el material por el colapso de la cadena de suministro. La normalidad en la entrega de mascarillas, batas, etc., no llegó hasta mayo y junio de 2020, cuando la Generalitat logró abrir vías de suministro.

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La resolución, susceptible de recurso, se produce tras una demanda de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en la Comunidad Valenciana (CESMCV) y obliga al departamento de salud que dirige la socialista Ana Barceló a indemnizar a los afiliados de ese sindicato en la provincia de Valencia, 107 en total, con una cantidad de 4.500 euros. Esta cuantía económica es la novedad con respecto a las otras dos sentencias conocidas hasta ahora. Se trata de una cantidad fija que el juzgado establece por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero que no hace diferencias en función del nivel de exposición al virus o en virtud de que se hayan producido contagios con o sin hospitalización.

El fallo fija que, atendiendo a que al hecho de que "el riesgo resultaba inesperado, se juzga oportuno establecer una misma indemnización en favor de todos los facultativos demandantes", la establecida en el grado mínimo de las previstas en el art. 40.2 b de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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La interpretación sobre el grado de compensación económica es distinta a la de las sentencias por el mismo motivo de Alicante y Benidorm. En estas dos últimas, el tribunal acepta establecer cuatro categorías de riesgo, pero con distinto cálculo monetario. La jueza de Benidorm fijó 2.000 euros para facultativos sin contagio ni aislamiento, 3.000 euros para médicos en cuarentena por contacto sin contagio, 4.000 para las bajas por contagio y 6.000 euros contagio con hospitalización. Los importes fueron mucho más elevados en el fallo de Alicante: 5.000 euros de compensación para el primer grupo; para el segundo, de 15.000; para el tercero, 35.000 euros, y, para el cuarto, de 49.180 euros. Los médicos reclamaban 60.000 euros para la cuarta situación, contagio con hospitalización.

Esta disparidad de criterio a la hora de proponer indemnizaciones tendrá que resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La Generalitat ha anunciado recursos contra las sentencias porque considera que van contra el interés general por el impacto económico sobre las cuentas públicas de una circunstancia sobrevenida a la que reaccionó como pudo y en cuando el mercado permitió comprar los materiales.

Sin embargo, el CESMCV ha recurrido también para reclamar ante el TSJ que se tengan en cuenta las indemnizaciones más altas, las del juzgado de Alicante.

A la vista de la ausencia de acuerdo entre las partes, es muy probable que termine siendo el Tribunal Supremo el que dicte la doctrina para todos estos casos.