La subdirectora de la cárcel de Villena se mandó mensajes de amenaza a sí misma

En la denuncia que presentó en el cuartel de la Guardia Civil, la mujer relató los orígenes de su agresión. Explicó que estaba teniendo problemas con algunos funcionarios de su cárcel. Incluso detalló un episodio ocurrido el 16 de agosto: tres funcionarios de la prisión de Villena habían reducido con excesiva violencia a un preso, enfermo mental, y el episodio estaba grabado en vídeo. Así, Instituciones Penitenciarias ha confirmado este jueves el cese de la subdirectora.

La subdirectora de seguridad, que es quien guardaba la prueba, relató que en la cárcel algún preso empezó a anunciar que recibiría represalias por parte de los funcionarios. Poco después, cristalizaron en forma de mensajes con amenazas de muerte en el móvil. Se trataba de mensajes anónimos en las que le decían que le iban a quitar la vida si no se callaba.

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Uno de ellos dice así: “Te aviso de parte de Marcial. Habla con él. Tu director te está utilizando. Él está muerto y a ti aún te queda mucha carrera profesional y nosotros te podemos ayudar. Haz como el resto de subdirectores y limítate a seguir instrucciones. Sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias”. De las palabras, según ella, pasaron a los hechos.

El 1 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de que tuviese que declarar en la investigación contra los funcionarios, seis individuos, todos ellos encapuchados, la abordaron en la puerta de su casa en Benidorm y, según relató, le dieron una paliza. Curiosamente, nadie la oyó defenderse o gritar. Ningún vecino. Además, la mala suerte hizo que el día de la agresión el bar que hay en los bajos de su casa estuviera cerrado. Qué fatalidad. Sin embargo, desde el primer momento las cosas no cuadraban.

La presunta tunda se la dieron en Benidorm, donde ella reside. ¿Cuál hubiera sido la reacción lógica de una víctima? Llamar a emergencias o a la Policía. ¿Qué hizo la subdirectora? Se montó en su coche, se fue hasta la cárcel de Villena, donde estuvo un buen rato, y después acudió al centro de salud de la localidad de Villena. Allí contó que cuatro encapuchados le habían dado una paliza, pero solo presentaba dos pequeñas heridas, una en el labio y otra al lado del ojo. Después acudió a denunciar. El baile en el número de agresores —cuatro que constan en el informe médico, y seis, en la denuncia ante la Guardia Civil— y la levedad de sus heridas habría escamado a cualquiera.

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Según fuentes judiciales, lo primero que se hizo fue peinar el lugar en busca de cámaras de seguridad. Descubrieron con alegría que había muchas y, para llegar a la casa de la denunciante, sí o sí, los agresores debieron pasar por delante de alguna al ir y al volver. Sin embargo, por mucho que los buscaron, fotograma a fotograma, no aparecieron. Quedaba claro que los hechos no habían sucedido como ella relataba y empezaba a entrar en juego la posibilidad de que se hubiera autolesionado. El siguiente paso fue del juez, quien ordenó a las compañías de teléfono que identificasen el número desde el que se habían mandado los anónimos. Cuando se logró el dato y se comprobó el nombre al que estaba esa línea, todos confirmaron sus sospechas. ¿A qué nombre estaba la línea desde la que se enviaron las amenazas? Al de la subdirectora. Le preguntaron a ella y explicó que tenía una segunda línea, pero que había perdido el aparato y se había olvidado darla de baja.

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Tocaba afinar más. El juez solicitó esta vez la geolocalización del móvil desde el que se habían mandado los anónimos. Llegó a los pocos días. ¿Cuál fue el resultado? La antena que daba cobertura al móvil de las amenazas era la misma que daba cobertura a su casa. Es decir que, estando probablemente tranquila en el salón, se amenazaba a sí misma escribiendo con la mano derecha y con la izquierda recibía los mensajes en el otro móvil.

La Guardia Civil la detuvo ayer y se negó a declarar. En contra de lo que se ha dicho, no hay denuncia falsa porque, al decir que eran seis encapuchados no identificó a nadie con nombres y apellidos y es un requisito necesario. Se le acusa de simulación de delito cuya pena es una simple multa que va de los seis a los 12 meses, por eso, los agentes la dejaron en libertad tras negarse a declarar.