La batalla de Carmen contra Goliat por la pesca del atún rojo en el Mediterráneo

Carmen Argudo desenreda del aparejo salmonetes uno a uno junto a su yerno sobre la cubierta del Iceberg Uno. La embarcación, de poco más de 10 metros de eslora, está atracada en el muelle de pesca del puerto de Gandía. La jornada no ha sido mala. Pero fue mejor el día anterior. Salir a navegar de madrugada, lanzar las redes y recoger justo al amanecer para regresar a tierra, desenmarañar la pesca y limpiar para el día siguiente. Esa es la rutina, de lunes a viernes. El kilo de salmonetes se lo pagarán en la lonja a entre cuatro y cinco euros. Para un barco con tres tripulantes, da para vivir, pero es mucho menos de lo que el mercado paga por el atún rojo, cuyo kilo de carne alcanza los 10 o 15 euros en la misma lonja.

Sin embargo, Carmen no podrá pescar atún hasta el año que viene. Su barco, uno de los tres con derecho a la captura del túnido en Gandía, agotó en apenas unos días los 560 kilos que la Secretaría General de Pesca asignó individualmente a las embarcaciones de artes menores que lograron acreditar registros históricos desde que hace unos cinco años se les permitió volver a faenar.

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La cifra fija, que no da para más de una decena de atunes a una media de 60 kilos por ejemplar (aunque los hay mucho más grandes), es irrisoria al lado de la que tienen asignada, por ejemplo, el barco Tío Gel Segon (257.000 kilos) o el Nuevo Elorz (262.117 kilos). El primero forma parte de la flota del Grup Balfegó; el segundo pertenece a Ricardo Fuentes e Hijos, los dos conglomerados que dominan el mercado nacional del atún rojo, un duopolio que maneja más de un 80% de la cuota que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICAAT) asignó a España para la campaña de 2021.

El organismo intergubernamental se encarga de vigilar el 'stock' de atún rojo en el Atlántico y el Mediterráneo. Para este año, a España le correspondieron 6.107 toneladas en total. Más de 2.400 toneladas fueron capturadas por barcos vinculados a Balfegó. En 2020, Ricardo Fuentes llegó a controlar la pesca de 3.000 toneladas de las 5.532 que le tocaban a España. Las cifras de las artes de cerco son apabullantes en comparación con el 2,87% de cuota que el ministerio reservó para los barcos de artes menores, según el reparto publicado en el Boletín Oficial del Estado. A 560 kilos cada barco. Una decena de atunes, si llega.

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Balfegó y Fuentes se han convertido en dos pequeños imperios del atún rojo. Fuentes ligadas a las compañías trasladan la responsabilidad del sistema de reparto al Ejecutivo. "Es una decisión administrativa", dicen. El primer grupo empresarial, con sede en L'Ametla de Mar (Tarragona), ha hecho del túnido todo un icono sobre el que giran diversos negocios. Además de la captura y engorde en granjas marinas, Balfegó cuenta con un espacio gastronómico en Barcelona con el atún rojo como producto estrella (Tunateca Balfegó), organiza excursiones en barco con degustaciones y sesiones de buceo con atunes en sus granjas a dos millas y medio de la costa (Tunatur Balfegó) y tiene hasta una filial de avionetas (Grup Air Med), pese a que su uso está prohibido durante la etapa de pesca.

La cartagenera Fuentes, por su parte, tiene alianzas estables con firmas japonesas, grandes demandantes de atún, como Mitsui, Maruha Corporation o Mitsubishi, y se ha expandido en otros países de la ribera del Mediterráneo como Italia, Croacia o Túnez.

La razón de esta distribución desigual y de la concentración de mercado hay que buscarla en los despachos del Ministerio de Agricultura

"Están penalizando precisamente las artes menores, que son las que menos perjudican, los que vamos con un anzuelo y una línea de mano. A los que van a lo bestia les dan más cuota. No sé si hay intereses creados, pero pensamos ya de todo", señala Carmen, una pequeña armadora y marinera que ha recibido varios galardones por reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la pesca, tradicionalmente masculino. "Yo no digo que no trabajen. Pero todos tenemos derecho a hacerlo y el reparto actual de las cuotas es injusto", explica a El Confidencial mientras trabaja en el muelle gandiense.

La razón de esta distribución desigual y de la concentración de mercado hay que buscarla en los despachos del Ministerio de Agricultura. Tras años de sobreexplotación, especialmente a raíz de la entrada de los grandes atuneros, con sofisticados métodos de detección de bancos que incluían desde sonares hasta avionetas (ahora prohibidas), los gobiernos tuvieron que acordar una parada biológica en 2007. Cuando la actividad se recuperó, la Secretaría General de Pesca fijó un mecanismo para asignar otra vez las capturas. Para ello, pidió a los pescadores que presentasen registros históricos de años anteriores.

"Si antes de 2007 no salías a pescar, pues no puedes demostrar un histórico. Y, además, muchos pequeños pescadores no guardaban registros. Los grandes fueron los que se llevaron las cuotas más importantes y también han comprado de otros cerqueros", explica Antonio Quintana, director general de Pesca de la Generalitat valenciana. Quintana, que fue diputado socialista, no comparte el criterio fijado por el Gobierno, de su propio partido. Asegura que así lo ha trasladado en las reuniones sectoriales, pero que el ministerio no se plantea un cambio. "Transmitimos el malestar cada vez que hay ocasión porque compartimos que es injusto", dice. También los gobiernos de Baleares o de Murcia se han posicionado en la misma línea.

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El Confidencial ha contactado con el departamento de Luis Planas para conocer la justificación del sistema, aunque no ha habido respuesta. Pero la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, sí ha comparecido en comisión en el Congreso de los Diputados para explicar los planes del ministerio. Allí ha recibido críticas de formaciones como Unidas Podemos, que se ha puesto del lado de las asociaciones de pequeños pescadores e incluso ha promovido proposiciones no de ley abogando por un cambio de reparto. En su última intervención parlamentaria, Villauriz anticipó un importante incremento de la cuota para España en la próxima asignación del ICAAT de la que se beneficiarán todos los pescadores, pero no avanzó la intención de modificar el 'statu quo' proporcional. El año que viene es muy probable que los barcos de artes menores pesquen más, pero también lo harán los dos grandes grupos que controlan actualmente el mercado.

Apoyos autonómicos

Un problema añadido es que algunos pequeños pesqueros con su cuota fija de 560 kilos asignada no hacen uso de ella, por abandono o porque sus armadores y patrones se jubilan y no faenan. Al tratarse de una asignación individual, el resto de embarcaciones de artes menores no puede cubrirla. Este año, la secretaría general ha autorizado una ventana para agotar la pequeña cuota de artes menores que se había quedado sin pescar en aguas valencianas. El sector reclama hacer lo mismo en Baleares. Pero aun así, insisten en que es insuficiente.

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"Los que ayudaron a que la especie colapsara y provocaron el cierre de la pesquería son los que ahora se llevan la mejor tajada", señalan desde Coincopesca, la confederación valenciana de cofradías de pescadores. Esta organización no duda en describir el mercado español de la pesca del atún rojo como un monopolio con respaldo gubernamental compuesto por las dos compañías citadas y las almadrabas, que controlan precios y distribución, y en el que las artes menores o los palangres tradicionales apenas encuentran espacio. "Es un muro infranqueable. Muchos políticos nos dan la razón, pero cuando llega el momento no cambia nada. Hasta en Europa se ha pedido un reparto más justo, pero la Comisión Europea tampoco le pone el cascabel al gato", dicen.

Carmen Argudo es partidaria de mantener la cuota general, pero abrirla para todas las artes. Es decir, que pueda pescarse con libertad hasta agotarla. Mientras tanto, hasta que pueda lanzar de nuevo los anzuelos y armar los carretes, el Iceberg Uno seguirá aparejando redes para salmonetes y sepias. De lunes a viernes; desde la madrugada hasta el amanecer, en las aguas azules del Mediterráneo.