El aire del Gobierno a la 'tasa Puig' resucita la guerra fiscal y el debate Madrid-periferia

Fue una frase más bien corta y aparentemente algo condicionada por el contexto: el de una comparecencia ante los medios de comunicación en Valencia junto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pero la afirmación del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dando oxígeno a la propuesta del barón socialista de que la Comunidad de Madrid compense al resto de España gravando a las rentas más altas por los efectos económicos de su capitalidad y la progresiva acumulación de riqueza y poder político, no tardó en provocar una reacción en cadena del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, lo que revela que va a ser una polémica recurrente en los próximos meses.

"Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido", dijo el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez tras recordar que algunos expertos han puesto encima de la mesa la necesidad de articular medidas de "compensación" para las partes del territorio excluidas de las llamadas 'economías de aglomeración' que se dan en los grandes entornos metropolitanos. El fenómeno ha sido estudiado por la ciencia económica y no es exclusivo de España: la concentración progresiva de empresas genera mejoras en la productividad y economías de escala, lo que a su vez atrae a más actores y capital humano, generando un efecto de 'metropolización' y absorción en perjuicio de otras partes de un territorio.

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En España, se han dado además algunas particularidades, como la concentración de casi toda la administración central en Madrid y un modelo radial en las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias más modernas. Los informes económicos han detectado ese efecto, que se traduce en una pérdida de convergencia entre autonomías con Madrid como gran beneficiada. El proceso independentista y la autoexclusión del soberanismo han contribuido, además, a reducir la percepción del papel de Barcelona como principal contrapeso en el conjunto del Estado, si bien Cataluña sigue conservando un importante pulso económico.

El gran reto pendiente es el de la 'tercera España', el rol y futuro de las ciudades medias, algunas, como Valencia, Bilbao o Sevilla, con influencia metropolitana, pero que ven cómo los sectores de mayor valor añadido (terciario avanzado, básicamente) eligen Madrid preferentemente para instalarse arrastrando inversión y talento, aunque eso esté provocando tensiones en temas como el precio del acceso a la vivienda o la contaminación. Un informe reciente del Banco de España destaca cómo se ha abierto una brecha superior al 20% en el coste de la vida de Madrid y Barcelona con respecto a otras ciudades, con la vivienda como principal factor desequilibrante.

En ese contexto de grandes corrientes de fondo se produce el choque político, que coincide además con los debates abiertos por el propio Gobierno sobre la reforma fiscal, la negociación bilateral con Cataluña y la presión de las regiones más perjudicadas para reformar el modelo de financiación autonómica. Da la sensación de que todos están tomando posiciones de cara al otoño. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba este mismo jueves en una entrevista con la Agencia EFE que prevé abrir en noviembre el melón de la financiación poniendo encima de la mesa una redefinición del concepto de 'población ajustada', el volumen de habitantes, pero ponderado por factores como dispersión o envejecimiento, y su impacto en el coste de los servicios. Esa será otra gran batalla, especialmente intensa entre la España del norte, más vaciada y dispersa, y la del sur y la costa mediterránea.

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La política impositiva de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, muy favorable a las rentas altas, prácticamente exentas en patrimonio, sucesiones y con mejores condiciones en el tramo autonómico del IRPF, se ha convertido en diana de algunos barones socialistas como Puig, Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Francina Armengol (Baleares). Acusan al Ejecutivo de Sol de deslealtad por practicar políticas tributarias y 'dumping' fiscal dirigido a grandes patrimonios que en muchos casos ellos no pueden permitirse, bien por insuficiencia financiera, bien porque consideran que atenta contra el carácter progresivo del sistema y elevaría la brecha de la desigualdad en sus territorios.

También en esto se posicionó ayer Escrivá, una persona que conoce muy bien la arquitectura financiera de las autonomías como presidente que fue de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desde 2014 hasta 2020. El ministro abogó por una "armonización", dirigida sobre todo a rentas altas, en paralelo a las políticas de homologación que se están tratando de implementar en Europa y en el ámbito internacional para crear "bases tributarias fuertes" y evitar "procesos de deslocalización". "No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España estemos recorriendo el camino contrario", dijo.

Polémica rentable

La batalla dialéctica, más allá de las razones de cada uno, se ha convertido en un instrumento político muy rentable para sus protagonistas. A los barones socialistas, porque les permite alimentar un cierto victimismo enmascarando carencias de su propia gestión y concentrando en el PP de Madrid las críticas sin responsabilizar al Gobierno el PSOE de unos fallos en el sistema que son en muchos casos competencias gubernamentales.

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Para Ayuso y los suyos, las posiciones de Escrivá y planteamientos como el de la 'tasa Puig' suponen un ataque a "todos" los madrileños, un ejercicio de "madrileñofobia". La denuncia encaja a la perfección con el discurso de estilo de vida 'a la madrileña' y la barricada política contra el Gobierno, también trufada de victimismo, que tan buenos réditos dio a los populares en las pasadas elecciones autonómicas, en las que Ayuso se comió a Ciudadanos y logró una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de meter a Vox en el gabinete.

"Gracias al señor Escrivá, que siempre se va de la lengua, por fin sabemos que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que nos quiere poner un impuesto por ser madrileños. Eso es madrileñofobia fiscal. A Sánchez le gustaría que los madrileños nos friéramos a impuestos y no lo vamos a consentir", señaló el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty.

La batalla fiscal entre autonomías está servida, así como el debate paralelo centro-periferia, habitualmente oculto por el monocultivo catalán. Por ahora, hay mucho fuego de artificio. Habrá que ver si alguien baja el balón al suelo para encararlo sin demagogias. Parece complicado.

Escrivá ensaya con Valencia la cogestión del IMV

La Generalitat y el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones han acordado negociar la puesta en marcha de una ventanilla única para cogestionar el ingreso mínimo vital (IMV) y mejorar su coordinación con la renta valenciana de inclusión. Esta ventanilla estará gestionada por la administración autonómica, aunque corresponderá al Instituto de la Seguridad Social cotejar las solicitudes con renta y patrimonio y la Tesorería de la Seguridad Social realizar los pagos.

El acuerdo fue anunciado por el 'president', Ximo Puig, y el ministro José Luis Escrivá tras una reunión de casi tres horas en el Palau junto a la vicepresidenta y 'consellera' de Igualdad, Mónica Oltra, y los responsables de Hacienda y Economía, Vicent Soler y Rafa Climent.

En los próximos meses, las dos partes firmarán el convenio para crear la ventanilla y ponerla en marcha "lo antes posible". El principal escollo es si la cogestión, concebida para coordinar las políticas de escudo social de las dos administraciones y mejorar su tramitación conjunta, llegará acompañada de recursos adicionales, tanto económicos como de posibilidad de contratar personal administrativo. Es algo que Escrivá se comprometió a estudiar con Oltra, responsable de la gestión de la ayudas. 

Cerca de 100.000 personas se van a beneficiar del IMV en la Comunidad Valenciana cuando se desatasquen todos los expedientes. Cataluña también ha solicitado participar en la gestión. Escrivá negocia, además con las autonomías con régimen fiscal foral y agencia tributaria propia, pero todavía no ha cerrado acuerdos.